on varios los expertos que advierten de que este año 2021 va a ser casi tan malo como el pasado desde el punto de vista económico ante la magnitud del daño producido por la pandemia del covid-19. que aún dista mucho de haber sido controlada. Además el rebote del PIB, estimado en un 6% por Moody's, la prestigiosa agencia de calificación de riesgo, va a ser mucho peor de lo previsto.
El problema de la deuda pública en España y en toda Europa se arrastra desde hace años y las perspectivas son muy negativas, porque va creciendo. La deuda de las administraciones públicas cerró 2020 en los 1,311 billones de euros, una cantidad equivalente al 117,1% del PIB. La pandemia ha infligido un golpe brutal sobre la economía que se ha compensado con un fuerte aumento del gasto público y, por tanto, del endeudamiento. La deuda pública se en un solo año ha aumentado en 122.000 millones de euros, prácticamente lo que se gasta la Seguridad Social en pensiones al año.
La deuda se suele medir en relación con el PIB porque es la forma de calibrar la capacidad de pago del país. El endeudamiento de las Administraciones no alcanzaba cotas del 117% del PIB desde el año 1902, cuando tocó el 128% del PIB por las consecuencias de la Guerra de Cuba y la crisis global de los precios agrarios. Y al año siguiente, en 1903, descendió al 114% después de cancelar una parte de la deuda que tenía el Estado con el Banco de España.
Muchos economistas advierten de que este endeudamiento es muy elevado y que deja a la economía española muy expuesta a cualquier shock o turbulencias en los mercados. Bastaría con que el BCE tuviese que dejar de comprar tanto para notarlo en el interés de las refinanciaciones. De ahí que tanto el Banco de España como la Autoridad Fiscal hayan reclamado en reiteradas ocasiones que se prepare un plan a medio plazo para reconducir las cuentas públicas una vez haya pasado la pandemia.
Los intereses de la deuda pública se sitúan en unos 26.000 millones de euros y representan la tercera mayor partida del Estado tras las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Hace ocho años la factura estaba en los 35.000 millones y amenazaba con dispararse todavía más. De ahí la necesidad de los ajustes. Hasta que Mario Draghi intervino con su frase "haré lo que sea necesario", reduciendo los diferenciales de tipos de interés entre países, las llamadas primas de riesgo.
Dentro de las comunidades autónomas, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos en el tercer trimestre de 2020. Cierran la tabla Navarra, Cantabria y La Rioja.
El escenario que se avecina pinta mal. No podemos ocultar un escenario en el que los presupuestos de las comunidades autónomas seguirán bajo una enorme presión, tanto que la agencia de rating Moody's tiene serias dudas de que los gobiernos autonómicos cumplan con el objetivo de déficit fijado para este año (el 1,1% del PIB frente al 0,2 € de 2020).
La primera consecuencia va a ser un fuerte incremento de las necesidades de financiación de los gobiernos autonómicos que obligaran al Estado a emplearse a fondo para par eliminar los desequilibrios autonómicos. Las comunidades de Cataluña y Valencia aglutinarán casi la mitad de esas necesidades, el 47% del total. Una vez más será Cataluña, con diferencia, la comunidad con mayores necesidades de financiación, el 28% del total. Una asistencia financiera, que como ha sido habitual en los últimos años, procederá del Estado del que reniegan los dirigentes de la Generalitat, pese a que esos mecanismos de liquidez han permitido a Cataluña esquivar la asfixia financiera desde la anterior crisis. Al cierre del tercer trimestre de 2020, la deuda de Cataluña superaba los 78.000 millones de euros, según datos del Banco de España, de los que cerca del 80% tenían como acreedor al Estado (62.376 millones de euros).
Para paliar este problema de deuda que tiene España y otros países de la Unión Europea, ha surgido una propuesta promovida por un grupo de economistas europeos que piden condonar la deuda pública de los países de la Unión. Esta disparatada propuesta no solo va en contra de los tratados de la Unión, sino que además podría en peligro la independencia del Banco Central Europeo y su capacidad de controlar la inflación.
Entre los firmantes de ese manifiesto está la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el secretario de estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y el embajador permanente en la OCDE y exdiputado socialista, Manuel Escudero. Piden que el BCE condone loa deuda pública española que tiene en sus arcas y que ha sido adquirido a tipos de interés negativos. Haciendo ejercicio de ciencia ficción, en el caso de España, la deuda pública caería de un plumazo en 384.845 millones de euros, lo que rebajaría la deuda a mínimos casi de la última década. Si el BCE cancelase la deuda pública que tiene en su balance, este ratio caería hasta el 82,87% del PIB, una cifra no vista desde 2012.
Pero una propuesta como esa acabaría con la credibilidad del BCE como institución que ha tenido que luchar denodadamente para poner en práctica unas medidas que han conseguido salvar a la UE de su desaparición. La condonación de la deuda dañaría gravemente el funcionamiento de la política monetaria europea. El manifiesto firmado por los 100 economistas europeos llega a decir que "Europa no puede permitirse el lujo de verse sistemáticamente bloqueada por sus propias normas". Esa es la filosofía de los gobernantes populistas que quieren saltarse las reglas del juego. Y si nos saltamos las normas europeas, adiós euro y adiós Unión Europea.
El autor es economista
Dentro de las comunidades autónomas, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos en el tercer trimestre
Para paliar este problema de deuda que tiene España y otros países de la Unión Europea, ha surgido una propuesta promovida por un grupo de economistas europeos que piden condonar la deuda pública de los países
