a Ley de Educación (Lomloe), más conocida como ley Celaá, ha generado cierto malestar por su orientación contraria a la libertad educativa y la educación concertada. Entre las medidas de la nueva ley figura una disposición adicional que deniega el concierto a los colegios de educación diferenciada: aquellos que separan por sexo en determinados cursos académicos. Este modelo educativo está presente en todas las comunidades y también en la nuestra. Precisamente esta semana, en el Parlamento de Navarra, el PSN y Geroa Bai votaron a favor del cese de los conciertos para este tipo de colegios el mismo día que esas formaciones políticas votaban en contra en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz. Observamos una clara discrepancia de criterio.
Como presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Irabia-Izaga quiero aprovechar el debate abierto para defender un estilo educativo que en Navarra hemos elegido cerca de 8.000 familias a lo largo de los años. Pienso que este modelo educativo es uno más del sistema educativo, y que además está implantado en los sistemas público y privado de los países de la OCDE y amparado por el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias.
Llama la atención que a estas alturas la sociedad civil tenga que defender opciones pedagógicas frente a leyes y gobiernos. Precisamente cuando ha sido la sociedad la que ha construido, y se ha beneficiado, de un sistema educativo plural y respetuoso con los derechos y libertades. El colegio Irabia-Izaga nació en la Chantrea en 1964. Durante 57 años, miles de familias, de origen navarro e inmigrante, han participado en un proyecto educativo que les ha ayudado a desarrollarse profesionalmente, rompiendo barreras y diferencias sociales. La mayor parte de ellas no hubieran estado en condiciones de afrontar los gastos de un centro privado.
Las familias no reclamamos un privilegio, sino un principio de justicia y progreso social. Porque no se puede hablar de justicia e igualdad cuando los ciudadanos no podemos acceder a modelos educativos acordes con el marco constitucional y en igualdad de condiciones económicas. El eslogan el que quiera que se la pague es la formulación reaccionaria de un Estado insolidario.
Dicen algunos que la educación diferenciada segrega y refuerza los estereotipos de género. Si fuera cierto, las madres y padres seríamos los primeros en no querer esa educación para nuestras hijas e hijos. Y el Estado debería cerrar estos colegios, no solo impedir su acceso a los fondos públicos. Las familias ejercemos cada día, en el hogar y en el aula, la igualdad efectiva y el respeto por los derechos de todos. Repudiamos el machismo y la violencia de género, la intolerancia y también la sustracción del pensamiento libre. Cualquier familia entiende que la educación es lo más grande que tiene en sus manos para hacer un mundo mejor.
La igualdad de oportunidades entre sexos es un principio irrenunciable en una sociedad democrática. El camino para llegar a esa igualdad debe reflejar la pluralidad social. La equiparación no es el único camino. Todos somos iguales, pero también todos somos diferentes. Cualquier familia entiende que niños y niñas pueden tener procesos de maduración distinta y modelos de aprendizaje particulares. En algunos casos, la educación diferenciada puede ser una alternativa adecuada para atender los diferentes ritmos de maduración. La diferenciación permite la personalización y alcanzar una igualdad de oportunidades real para todos. Tal vez por eso, países como Estados Unidos (desde la Administración Obama) y el Reino Unido cuentan con cientos de colegios públicos y privados de educación diferenciada. Y en el Parlamento Vasco se ha rechazado una moción en contra de la educación diferenciada y se ha aprobado otra -promovida, por cierto, por el PNV y el Partido Socialista- "en aras a garantizar la libertad de enseñanza y los diferentes proyectos ofertados en los centros educativos de Euskadi".
No pretendo decir que la educación diferenciada sea mejor o peor que ninguna otra. Todas son legítimas y merecen el respeto a la comunidad educativa que las impulsa. Creo que la clave de este debate es el respeto a la diversidad. La calidad democrática de un país se mide por el respeto a la discusión pública, con argumentos, con opción a la discrepancia, pero con rigor y sin cancelaciones ideológicas.
La ley Celaá es una norma injusta porque va contra el derecho de las familias. La pretensión de algunos de renunciar a lo que somos para mantener supuestamente el concierto es una trampa. El problema de fondo no se disipa. Es una ley contra la educación concertada y el derecho a elegir de las familias. Una decisión que afecta a cientos de familias navarras en uno de los peores momentos de nuestra historia reciente. Alguien tendrá que explicar a quién beneficia todo esto. ¿Hacemos así una Navarra mejor?
La autora es presidenta de la Apyma colegio Irabia-Izaga
