Torturas impunes de ayer y hoy

27.07.2021 | 00:13
Torturas impunes de ayer y hoy

La tortura ha tenido y tiene patente de corso en el Estado español: leyes que incomunican a las personas detenidas, dependencias policiales blindadas a cualquier investigación, policías sabedores de su impunidad, jueces y ministros que miran para otro lado, penas ridículas e indultos fáciles para los pocos que son condenados, son los soportes sobre los que ésta se asienta.

Hace tan solo unos días, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, sumario 13/13, contra lo que se denomina el frente jurídico de ETA, es decir, contra buena parte de los abogados y abogadas que han venido ejerciendo la defensa de procesados de esta organización, oímos una vez más testimonios escalofriantes.

Saioa Agirre, una de las acusadas, afirmó: "Yo estaba desnuda mientras hacía sentadillas y ellos me pellizcaban los pezones. Me tocaron la vagina dos veces. Yo hacía flexiones y me metían el humo de sus cigarrillos dentro de mi bolsa y no podía respirar", y añadió: "La declaración policial la escribió la Guardia Civil. La escribieron ellos. No me acuerdo qué ponía". Naia Zuriarrain, otra abogada, relató: "Me empezaron a tocar, me tocaron todo el cuerpo. Un guardia civil se pegó totalmente a mí, sus genitales a mi parte trasera y todo el rato haciendo comentarios de índole sexual, humillándome e insultándome". También a ella le pusieron la asfixiante bolsa y obligaron a memorizar lo que después debería declarar. Sus testimonios no diferían mucho de los prestados por otras personas hace 10, 30 ó 50 años tras su paso por cuartelillos o comisarías. El cordón umbilical de la tortura aún no se ha roto.

Sus declaraciones habían sido validadas por informes forenses, conforme al Protocolo de Estambul aprobado por la ONU en 1999. En éste se fijan las directrices para determinar si una persona ha sido torturada, a fin de que esto pueda servir como prueba válida ante un tribunal. Claro está, siempre que no sea la Audiencia Nacional, porque sus señorías pasan olímpicamente de Estambul, la ONU y todo lo que no encaje en sus organigramas de trazo grueso y fosforito de colores, herencia ésta de Garzón y su "todo es ETA".

Hablar de torturas hoy, en el Estado español, es tocar magro. Pocos temas como éste permiten engarzar el actual régimen con aquella dictadura que arrasó libertades y violó derechos humanos, a mayor gloria de una España de bigotillo, estraperlo, caciquismo y unidad de destino en lo universal. Hablar de torturas hoy remite hasta quienes durante el franquismo las propiciaron, ampararon, practicaron y silenciaron y, luego, tras ser recauchutados democráticamente, ascendieron en el escalafón policial, militar y judicial como si nada hubiera pasado: de oca a oca y tiro porque me toca.

En el informe realizado por encargo del Gobierno Vasco por el Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco (criminólogos, psicólogas, profesionales del Derecho, forenses...), se detallan 4.113 casos de torturas habidos en la CAV entre los años 1960 y 2014. Tras aplicárseles el Protocolo de Estambul antes citado, se concluía que un 47% de las declaraciones hechas por las personas torturadas gozaba de un nivel de máxima o muy alta consistencia y un 48,5% era considerado como consistente. Significativo también, y mucho, que el 73,4% de los casos de torturas hubieran sido realizadas entre 1979 y 2014, es decir, en plena democracia española. Suena duro, pero así ha sido. La práctica de golpes, bañera, bolsa, descargas eléctricas, vejaciones y violaciones sexuales y torturas psicológicas no han sido una excepción, sino una práctica habitual en lo que se ha llamado la lucha antiterrorista, sus entornos y los entornos de sus entornos.

A pesar de ello, ningún fiscal ni juez ha tomado cartas en el asunto. ¿Hubiera sucedido lo mismo si esos 4.113 casos se hubiesen referido a delitos tales como evasiones en paraísos fiscales, abusos de menores o tráfico de drogas, por poner unos ejemplos? ¿Esos fiscales y jueces que tanta diligencia muestran para analizar con lupa el recibimiento a presos y presas que salen de la cárcel tras haber cumplido 20 años de condena, a qué esperan para iniciar actuaciones, abrir sumarios y acordar ya los oportunos procesamientos? Lo dicho, la tortura en el Estado español goza de patente de corso. El cordón umbilical que une a los actuales uniformados y togadas señorías con la Brigada Político Social y el Tribunal de Orden Público franquista aún no se ha roto.

El recién aprobado Proyecto de Ley de Memoria Democrática, si bien ha tenido que ceder finalmente ante las exigencias del movimiento memorialista y reconocer también a las personas torturadas como víctimas del franquismo (el Anteproyecto no lo hacía), continúa cerrando sus puertas a la exigencia de justicia y reparación para todas estas personas.

La única vía de acceso a la Justicia abierta por este proyecto a las víctimas del franquismo para obtener una resolución es la de la jurisdicción voluntaria, prevista tan solo en nuestro ordenamiento para procedimientos civiles y mercantiles (tutelas, adopciones, filiaciones, patria potestad...), que no penales. Esta vía exige como requisito para su ejercicio la inexistencia de oposición sobre los hechos, es decir, en nuestro caso, que los torturadores acepten su autoría, supuesto éste de altísima ficción. En resumen, las hipotéticas resoluciones judiciales que puedan dictarse al amparo de la nueva ley serán meramente declarativas e ineficaces para poder enjuiciar a responsable alguno de torturas. Estamos en lo de siempre, a lo más podrá hablarse de personas torturadas, pero nunca actuarse contra sus torturadores.

Claro está, escarbar a fondo sobre este tema podría conducirnos hasta las mismas puertas del despacho del actual titular de Interior, Grande Marlasca, Guinness en materia de rechazar todo tipo de investigación sobre este delito, algo que no sería muy aceptable para ese gobierno que se autodefine como el más a la izquierda habido en España en las últimas décadas.

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