¿A dónde nos llevan vuestras migajas?

A partir de la citada fecha, pueden abrirse distintos escenarios. Podría ser que algo antes del 31 de octubre un nuevo decreto prorrogara las medidas del decreto anterior. Podría ser, por otra parte, que antes de esa fecha se aprobara una nueva ley de vivienda, y todo apunta a que esa ley incluirá alguna de las medidas aplicadas hasta ahora, como la "suspensión de desahucios" (debido a su escasa efectividad sería excesivo escribirlo sin comillas). En cualquier caso, es más dudoso lo que puede pasar con el resto de las medidas, como por ejemplo la suspensión de cortes de suministro, la prórroga automática de contratos de alquiler y la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler. Y lo que es imposible saber a ciencia cierta es lo siguiente: ¿qué pasará con la deuda acumulada por miles de familias durante los últimos 17 meses? ¿Y con la deuda pública acumulada por el Estado, a raíz de asumir el coste de los microcréditos que los inquilinos no puedan devolver (cuya cantidad ha sido ridícula, dicho sea de paso) y las pérdidas de los grandes y pequeños propietarios "afectados por la suspensión de desahucios"? Sabemos que el problema no puede alargarse in aeternum, y que en algún momento habrá que hacerle frente. Y pese a no poder predecir lo que pasará a ciencia cierta, está claro cuál será el sentido general de los cambios que vendrán: ahondar en la miseria. O, dicho de otro modo: empobrecimiento de la clase trabajadora.

Volviendo a la eventual nueva ley de vivienda, tantas veces publicitada por parte del Gobierno, la posibilidad de que esa ley incluya la "suspensión de desahucios" podría parecer positivo, ya que estamos hablando de que una medida que sirve de protección para muchos inquilinos se fije estructuralmente en la legislación de vivienda. De todas formas, es vital poder mirar más allá de las reformas legales y ubicar las medidas en el contexto en el que han sido tomadas. Esto es, entender la reforma real de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Si observamos las tendencias de los últimos años, podemos apreciar que la tendencia general de los ingresos de la clase trabajadora ha sido la congelación e incluso la disminución, y que al mismo tiempo los precios de las necesidades básicas están subiendo. Ejemplo de ello son la incesante subida de los precios de los alquileres y el encarecimiento de la electricidad y los combustibles fósiles que se ha acentuado durante los últimos meses. Queda patente, pues, que nos encontramos de camino a un modo de vida todavía más pobre, tanto en el sentido económico como en el cultural. En este contexto se puede entender el objetivo inmediato de las medidas: la contención social. Paliar en cierto modo la miseria que viene. Pero, además, si hubiera que añadir un adjetivo a estas medidas sería el siguiente: insuficientes. De hecho, la realidad ha dejado de manifiesto su falta de efectividad.

Llegados a este punto, no conviene perder de vista que el Gobierno de España ya había aplicado en otras ocasiones medidas similares a la "suspensión de desahucios", anteriormente a la crisis de la covid-19. Por ejemplo, la Ley 1/2013 contemplaba la suspensión de lanzamientos hipotecarios en el caso de "colectivos especialmente vulnerables", y esta medida se encuentra vigente a día de hoy (hasta 2024), aunque parezca mentira a la vista de los miles de desahucios que se han ejecutado desde que se aplicó. Del mismo modo, el RDL 7/2019 prevé, en el caso de procedimientos por impago del alquiler, suspender el procedimiento durante un mes si se acredita vulnerabilidad para que los servicios sociales tomen medidas al respecto. Tampoco en este caso la medida ha impedido la oleada de desahucios. Pero el rasgo distintivo de los decretos aplicados a partir de marzo de 2020 ha sido la propaganda optimista e impostora que los ha rodeado, ya que el Gobierno y los medios de comunicación han dado a entender una y otra vez que en el Estado español se iban a prohibir los desahucios, hasta el punto de que esa versión ha sido asumida por una gran parte de la opinión pública. Ejemplo de ello es el lamentable espectáculo acontecido en el Congreso de España el pasado octubre, cuando el entonces ministro Ábalos, tras ser informado sobre un desahucio, dijo estar sorprendido porque "en teoría no está permitido". Por tanto, no; los desahucios no están prohibidos y no va a ser así por ahora. Puede que la medida explicada se fije estructuralmente en la legislación de vivienda del Estado y que eso suponga una mejora parcial para quien cumpla con los criterios, pero por todo lo explicado tenemos pocos motivos para ser optimistas con estas migajas. Si se juntan unas medidas que dejan a muchísima gente desprotegida y una miseria creciente, tenemos un cóctel peligroso entre manos, y ahora que la situación económica está empeorando es cada vez más notoria la necesidad de una fuerza organizada. Una fuerza organizada que sea capaz de encaminar todas las conquistas parciales a disputar en el ámbito de la vivienda a alimentar la misma dirección estratégica, en base a un programa político claro: vivienda gratuita, universal y de calidad. La campaña que iniciamos en junio desde el Consejo Socialista de Iruñerria bajo el lema "Migajas para hoy, miseria para mañana" vino a poner sobre la mesa está necesidad, y esta vez nos volvemos a reafirmar en ello. Pronto tendréis más noticias de nuestra actividad.

El autor es miembro del Consejo Socialista de Iruñerria / Kontseilu Sozialista Iruñerria