Leo con tristeza el artículo de opinión firmado por Alfonso Carlosena (exrector de la Universidad Pública de Navarra) en relación con la comparecencia parlamentaria solicitada al actual rector, Ramón Gonzalo García, para dar explicaciones sobre la desaparición de obras de arte en la Universidad Pública de Navarra.

En su argumentación me llaman la atención dos cuestiones: la consideración acerca de las obligaciones ante la sociedad que tienen las personas que ostentan cargos públicos y el desapego que muestra con las obras artísticas y la necesidad de su cuidado y conservación.

En primer lugar, el exrector considera que el equipo rectoral tiene tareas “mucho más importantes” que recabar información sobre esta desaparición para responder ante el Parlamento. Efectivamente tienen otras tareas pero discrepo en la calificación de su importancia. La UPNA y todas sus instalaciones, equipamiento (incluidas las obras de arte), profesorado, personal de administración y servicios se financian con dinero de los contribuyentes navarros. Y aunque las comparecencias sean situaciones que el señor Carlosena califica como “incómodas” y “objeto de discrepancia política”, es el lugar habilitado por la legalidad democrática para exigir explicaciones a las personas que ostentan el poder en una universidad pública.

Existen, por supuesto, temas académicos que constituyen la razón de ser de la actividad universitaria (docencia, investigación y transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad), pero parece lógico pensar que no deben ser objeto de discusiones en el Parlamento ya que existen instituciones creadas ad hoc con este fin. En concreto, el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, creado por el gobierno actual en el que se tratan los temas relacionados con el profesorado, el mapa de titulaciones o la financiación.

Por otra parte, las razones que aduce el exrector acerca del “mínimo impacto económico” de esta desaparición y el hecho de que la UPNA sea “un entorno abierto muchas horas al día y con multitud de personas en circulación” parecen bastante desafortunadas. Las obras de arte son un bien adquirido con dinero público cuya conservación debe ser garantizada por las figuras que ostentan el poder en la UPNA.

Por otra parte, percibo en el escrito un cierto desapego con las obras artísticas. El distanciamiento que destila con respecto a las obras de arte es realmente preocupante. Las diferentes manifestaciones artísticas se han convertido en elementos fundamentales para comprender un mundo cada vez más gobernado por los algoritmos. Los ordenadores, la tecnología y la inteligencia artificial van a proporcionar cada vez más respuestas automáticas a nuestras preguntas y la capacidad crítica que proporciona el arte va a ser una cualidad indispensable para las y los estudiantes que se forman en una institución universitaria y trabajarán en la sociedad del futuro. Esos estudiantes necesitan valorar el bien común, los bienes comunes para alejarse, en palabras de Nuccio Ordine de “esa lógica del beneficio por el beneficio que ha desatado en el mundo un egoísmo galopante”.

Siempre he sido una gran defensora de las humanidades en la enseñanza universitaria y he abogado, siguiendo las ideas de Martha C Nussbaum en su obra subtitulada Por qué la democracia necesita de las humanidades, la conveniencia de incluir asignaturas comunes a todos los grados universitarios que formen a los estudiantes en una mentalidad abierta, libre y flexible y estas capacidades pueden transmitirse a través de la literatura y las artes. El gran científico navarro y universal Pedro Miguel Echenique afirma: “… el pensar que la ciencia es la única fuente de conocimiento verdadero es un error. La poesía, la filosofía, la literatura… otras ramas de las humanidades pueden aportar mucho”.

Quizá si la comunidad universitaria valorara la importancia del arte y su conservación y la capacidad que proporciona el arte para disfrutar la vida y superar las adversidades del ser humano, se podría llegar a formar parte de una comunidad universitaria que cuidara el arte en el campus o en los despachos o en las zonas comunes y no optara por apoderarse de las obras de arte que forman parte de nuestro patrimonio público.

La autora es doctora en Filología Románica y exdirectora general de Universidades y Recursos Educativos (2016-2019)