Es fascinante cómo en este país pueden convivir una fe ardiente en los poderes taumatúrgicos de las leyes y una cultura de general desprecio hacia su cumplimiento. Que quienes tienen encomendado hacer que se cumplan las leyes sean los primeros que públicamente las incumplen sin que pase nada (sí, me estoy refiriendo al Consejo General del Poder Judicial) es buena muestra de ello. Quizás no nos molestemos en cumplir las leyes porque esperamos que sean ellas mismas, una vez publicadas en el boletín oficial, las que operen el milagro de autocumplirse y de transformar la realidad. Tenemos tal confianza en el poder mágico de las leyes que buena parte de la agenda de nuestros políticos consiste en aprobar leyes, los programas electorales están llenos de proyectos legislativos, los gobiernos presumen, no de gobernar, sino de las leyes que están elaborando, los balances sobre la tarea política realizada a menudo utilizan como indicador el número de leyes aprobadas. Por eso tenemos tantas leyes y cada vez más largas. Leyes que, con frecuencia, no se preocupan de detallar quién las va a hacer cumplir, ni con qué recursos materiales y humanos, ni si alguien va a dedicarse a evaluar el grado de cumplimiento o los efectos que van a producir.
Me resulta particularmente enternecedora la reciente Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, una de las normas más impregnadas de espíritu mágico que conozco, una norma que hace posible lo imposible. Se reconoce a la laguna del Mar Menor como sujeto de derecho; a partir de ahora, tiene derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente y tiene derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños.
Uno creía, por haber dedicado algún tiempo al estudio y la práctica del derecho, que las cosas, incluidos los ecosistemas, no pueden ser sujetos de derecho, no pueden tener derechos ni obligaciones, solo objetos del Derecho. Que solo los seres humanos tenemos la capacidad de comprender qué es una norma jurídica, un mandato cuyo cumplimiento es obligatorio y nos puede ser impuesto coactivamente por la autoridad competente, y solo nosotros tenemos la capacidad de tomar la decisión de ajustar o no nuestra conducta a la norma y de asumir la correspondiente responsabilidad, es decir, de aceptar las consecuencias que tienen nuestros actos y nuestras decisiones. Solo los humanos tenemos conciencia de nuestros derechos y de nuestra capacidad para reclamar su respeto y de que los demás seres humanos también tienen derechos que nosotros estamos obligados a respetar. Uno creía que el derecho era un fenómeno intrínsecamente humano, que solo nosotros producimos normas y nos exigimos unos a otros su cumplimiento a través de parlamentos, boletines oficiales, jueces, policías e inspectores de Hacienda.
Resulta que ahora, porque lo dice una ley, las cosas, al menos una cosa, van a ser capaces de participar de todo eso. Aunque solo a partir de la entrada en vigor de la Ley 19/2022, no antes, creo que la laguna ni siquiera fue consultada para la elaboración de la norma, ni invitada a asistir a los debates en el Congreso y el Senado. Algo que, sin duda, cambiará a partir de ahora y el Mar Menor podrá dar su opinión sobre lo suyo. Uno de los padres de la patria que la aprobó afirmó en el hemiciclo que esa ley era una herramienta “para que pueda autoprotegerse” el Mar Menor. Hasta ahora no se había autoprotegido, quizás esa sea la causa de todos los males que padece, la culpa es del propio Mar Menor. De todos modos, los diputados y senadores no debían fiarse del todo de que vaya a autoprotegerse eficazmente y no debían de estar totalmente convencidos de que el Mar Menor vaya a ser capaz de reivindicar y ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, reverso inescindible de los derechos. La ley le ha asignado una tutoría compuesta por un Comité de Representantes, una Comisión de Seguimiento y un Comité Científico, parece ser que integrados por personas físicas, que se van a ocupar de vigilar que se porte bien.
En otros tiempos uno hubiera creído que, en realidad, la personalidad jurídica no podía predicarse del Mar Menor, sino en todo caso de ese organismo creado para protegerlo (y, ciertamente, necesita mucha protección). Como sucede, por ejemplo, con la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es persona jurídica, pero no lo es el propio río Ebro. Hasta ahora pensábamos que la personalidad jurídica es una ficción, un mecanismo que exige que haya un colectivo de personas físicas que sean quienes, en realidad, ejerciten los derechos y cumplan las obligaciones que se le atribuyan al ente personificado. En última instancia, si la persona jurídica no cumple con la ley se puede enviar a la cárcel a alguna de esas personas físicas que son quienes están realmente actuando, como sucedió no hace mucho con un expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Ahora resulta que cabe una personalidad jurídica otorgada a una cosa, a una laguna, desvinculada de un colectivo de personas físicas.
De todos modos, los legisladores tampoco se han fiado de que el Mar Menor, con o sin ayuda de su tutoría, sea capaz de presentar denuncias, recursos o demandas judiciales, ni le han querido reconocer la facultad de todo titular de derechos de renunciar a ellos. Han dispuesto que cualquier persona física o jurídica (quizás en el futuro el río Ebro, si se le otorga también personalidad jurídica) está legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor ante los tribunales y administraciones públicas. Hasta ahora contábamos con la acción popular en defensa del medio ambiente regulada en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que se habría podido ampliar si hacía falta, pero la nueva ley añade que, en su caso, la acción judicial se presenta en nombre del ecosistema del Mar Menor “como la verdadera parte interesada”. Se abre la posibilidad de que algún día el Mar Menor sea condenado a pagar las costas procesales, si pierde la acción, y si no las paga que pueda acabar en la cárcel.
En fin, esta novedosa ley abre la senda para que, de forma igualmente mágica, convirtamos en personas jurídicas con derechos a cualesquiera cosas que queramos proteger o a las que queramos concederles la posibilidad de que se autoprotejan. Hay más cosas valiosas; tenemos mares, ríos, bosques, la atmósfera, las catedrales góticas o el acueducto de Segovia. No tienen por qué ser menos que el Mar Menor. O que los animales, porque también se está tramitando una ley de derechos de los animales. Pronto los animales también serán sujetos de derecho y adquirirán la facultad de decidir si cumplen las normas jurídicas, si respetan los plazos legales o si se los saltan como hacen el Congreso, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial.
