Son conocidos los rasgos sobre los que se asienta el Modelo Español de Impunidad. Soportada por el Pacto de Silencio de la Transición, la Ley de Amnistía de 1977 ha sido interpretada in extenso, mediante criterios amplios de analogía jurídica, por el Tribunal Supremo, de forma que no cabe investigar los crímenes del franquismo, incluso los cometidos por personas que no eran ni funcionarios ni agentes del orden público. A ello se suma la nula voluntad por parte de la mayoría de los historiadores para suministrar un relato estrictamente historiográfico sobre los perpetradores en sus diversos niveles con arreglo a satisfacer el derecho a la verdad. Las dificultades se pueden subsanar: ante el expurgo deliberado de muchos documentos, hay vías documentales alternativas; ante las posibles querellas por una interpretación exagerada del derecho al honor, el Tribunal Constitucional tiene doctrina protectora del derecho a la investigación.
Aquí el paso del tiempo ha consolidado un Modelo Navarro de Impunidad adaptado a las circunstancias y que tiene que ver sobre todo con las responsabilidades de los organizaciones civiles (en especial, requetés y falangistas, que absorbieron en la práctica a otras organizaciones derechistas como Renovación Española y las JAP de la CEDA) y con sus elementos de base. Este modelo navarro confraterniza, movido por el tabú de cuestionar a los ancestros, con la perspectiva negacionista difundida desde siempre por el tradicionalismo sobre la no participación de los requetés en los actos represivos, atribuyéndolos en exclusiva a los falangistas, y que en los últimos lustros se ha potenciado desde el ámbito seudoacadémico por autores como Martorell a cuenta de la marginación y exclusión de fuentes documentales que algunos otros hemos manejado y que demuestran fehacientemente que dicho enfoque es radicalmente falso e interesado. De tal forma que las instituciones navarras, cuando organizan actos de reparación de las víctimas, se centran exclusivamente en ellas, olvidando absolutamente mencionar a quienes las convirtieron en tales, tal y como hemos recalcado anteriormente. Desde la misma UPNA, desde donde se han elaborado informes periciales que silencian el tema de los perpetradores, se ha razonado dicho punto de vista con el confuso argumento de que no cabe introducir categorías jurídicas, sino que solo hay que hablar de categorías historiográficas. Obviando que lo historiográfico parte de lo epistemológico, del simple y trivial binomio causa/consecuencia, de que las víctimas precisan de victimarios.
En los últimos tiempos hemos asistido a un claro intento de tratar de llevar esa confraternización a la esfera más elevada. El 28 de febrero la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento navarro debatió una moción presentada por EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra por la que se instaba al Gobierno de Navarra a realizar al Partido Carlista el reconocimiento público y la reparación que corresponda, en su consideración de víctima política principal de los sucesos de 1976 de Montejurra.
Según expresaron algunos miembros de la Comisión, el contenido de la moción fue elaborado en su práctica totalidad desde el carlismo autogestionario y federalista, el sector allí agredido y que sigue cultivando, al igual que el otro sector ultramontano, su identidad de heredero legítimo en las últimas décadas de la Comunión Tradicionalista de la época republicana, a pesar de las diferencias ideológicas. En el video de la comisión (el Diario de Sesiones de esa sesión, incomprensiblemente, no se ha publicado todavía) los parlamentarios Iriarte y Araiz comentaron que la moción la había redactado aquel sector en un 99 por ciento o en su totalidad.
Esa moción contenía un primer punto que centró la mayor parte del debate y en el que, aprovechando la condena de la práctica totalidad de la opinión pública de los sucesos de Montejurra y de la exigencia de investigación de la misma (algo en lo que todo el mundo está de acuerdo y que debería apuntar a todos los agentes involucrados, también a los navarros), se pretendía buscar el respaldo institucional para el pasado carlista más ominoso. En él se decía que “el Parlamento de Navarra, de acuerdo con los principios establecidos en la legislación sobre Memoria histórica y democrática, reconoce la aportación del Carlismo a la lucha y concienciación antifranquista en Navarra”.
“Reconoce la aportación del Carlismo a la lucha y concienciación antifranquista en Navarra”. Ni más ni menos. Sin ninguna acotación de fechas ni de posibles sectores del movimiento al que se alude, englobándolo en su totalidad.
Esa frase, expresada de tal forma, es escandalosa, supone un borrado total, una recreación amnésica y desfiguradora flagrante, en relación con la participación requeté en la brutal limpieza política registrada en Navarra: tanto por el lado de sus autoridades máximas en aquel momento (la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra) como por el lado de quienes a sus órdenes gestionaban el cuartel de Escolapios y la cárcel en ella instalada (desde la que muchas personas salieron para ser ejecutadas, tal y como relató Justo Mocoroa en un extenso informe) y que mandaban sobre los voluntarios del Requeté Auxiliar y del Tercio Móvil que actuaban en labores punitivas. Respecto a todo ello hay pruebas objetivas, innegables, que no pueden banalizarse ni relativizarse.
Esa frase concuerda con las posturas repetidamente explicitadas por Martorell, el Pío Moa navarro, y repetidamente asumidas por ese sector del carlismo, autor en última instancia de la moción referida y que nunca ha condenado el papel de los requetés navarros en la masiva persecución a la izquierda y al nacionalismo vasco, aquí y en otros lugares. En los últimos años ese sector siempre ha respondido de la misma manera, acusando además de falaces a quienes hemos aportado numerosísimas pruebas de diferente procedencia en contra de la autoabsolución que les transmitieron sus ancestros y manejando argumentos vinculados con el franquista Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936.
La moción finalmente no prosperó, ni siquiera en su versión dulcificada por una enmienda in voce de la representante de I-E que reemplazaba la palabra “carlismo” en ese punto uno por la expresión “partido carlista”.
Lo chocante es el empeño de EH Bildu y de I-E, en este último caso a través de Marisa de Simón, en sacar la moción en su integridad. EH Bildu de hecho se convirtió en el principal defensor de la misma.
Otros como Iriarte por UPN o Arakama por Geroa Bai realizaron algunas puntualizaciones, para acabar absteniéndose en ese punto 1. Iriarte solicitó votación por puntos, recalcando que es una simplificación afirmar que el carlismo fue una banda de matones al servicio del franquismo; que si bien es innegable que hubo victimarios y verdugos carlistas, también tuvo víctimas; que existió un carlismo antifranquista también de derechas, así como otro carlismo franquista y otro que fue franquista y dejó de serlo (al igual que el falangismo, como indicó), además del carlohuguista. Por su parte, el representante de Geroa Bai razonó su abstención por la vaguedad de dicho punto 1; por la inexistencia de fechas de referencia; por la falta de rigor en meter el conjunto el carlismo en la moción; y porque nadie ha pedido al Parlamento reconocimiento de los demás partidos en su labor antifranquista.
Con todo, nadie mencionó nada sobre la participación directa del tradicionalismo en la eliminación y al castigo al desafecto en la retaguardia navarra. Como si hubiera miedo a confrontar con el relato beatífico de los hijos y nietos de los golpistas. Con los efectos siniestros que tiene esa contención argumentativa de cara al mantenimiento del negacionismo de todo tipo, incluido el de los postrequetés que impulsaron la moción como del otro sector postrequeté de ultraderecha. Y en contra de la finalidad esencial que persigue cualquier política pública de memoria: reparar integralmente a las víctimas y tratar de garantizar la no repetición en el futuro partiendo de la verdad de lo sucedido.
El autor es historiador
