El 17 de octubre fue reconocido por Naciones Unidas como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Aprovechemos para reflexionar en torno a la situación de este fenómeno, que va más allá del nivel de ingresos económicos y que se vincula estrechamente con otros factores como la vivienda, el empleo, el acceso a la salud o la educación, la participación social, etcétera.

La Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de la ONU en el año 2015, señala que el mayor desafío del mundo actual es precisamente la erradicación de la pobreza, por lo que no es posible el desarrollo sostenible sin lograrla. En el caso de Navarra, y como aportación al cumplimiento de la Agenda, nuestro Parlamento y la Plataforma de Entidades Sociales (PES) firmaron en el año 2019 el Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad.

De entre todas las metas de la Agenda 2030, rescataré dos por su interés para la reflexión sobre la evolución de la pobreza en Navarra. En primer lugar, plantea el reto de reducir a la mitad, desde el año 2015 hasta el año 2030, el porcentaje de personas en situación de pobreza. En segundo lugar, enuncia el compromiso de erradicación de la pobreza extrema. Trataré de analizar cómo se encuentra Navarra en relación con el cumplimiento de esas metas. Para ello, utilizaré principalmente la denominada tasa AROPE (EAPN), así como algunos análisis realizados por el Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra.

A modo de titular, podríamos decir que la situación de la pobreza en Navarra se caracteriza por la estabilidad, tanto en lo positivo como en lo negativo. En lo positivo, porque Navarra sigue situándose como una de las regiones europeas con menor porcentaje de población en situación de pobreza. En lo negativo, porque tanto las tasas de riesgo de pobreza (personas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 60% de la media de la población) como de pobreza severa (el umbral se reduce hasta el 40 %), apenas se han modificado en los últimos años y se encuentran absolutamente alejadas de las metas planteadas por la Agenda 2030. Por lo tanto, de poco sirve al Gobierno de Navarra seguir aduciendo que los demás están peor, si por otro lado se es incapaz de romper el enquistamiento en la pobreza de un porcentaje no desdeñable de nuestra población: 14,5% según la tasa AROPE de 2022.

De estabilidad (en negativo) también se podría hablar si nos referimos a cómo se distribuye la incidencia de la pobreza en nuestra población y en nuestro territorio. Los datos de la pobreza son muy tercos al describir cómo su impacto es mayor en determinados colectivos: población menor de 16 años, personas jubiladas con pensiones precarias, personas con nacionalidad extranjera, personas gitanas u hogares monoparentales. También lo son al mostrar que la pobreza no se distribuye de manera igualitaria a lo largo de nuestro territorio, sino que afecta con mayor intensidad a la zona de Tudela y de Lizarraldea que al Noroeste y el Noreste, o a los barrios de Buztintxuri, Alde Zaharra, Txantrea, Etxabakoitz, Arrosadia, Rotxapea y Sanduzelai que al resto de barrios de Iruñea.

En cuanto a las estrategias de respuesta, la renta garantizada es uno de los dispositivos clave para la lucha contra la pobreza, ya que aporta unos ingresos económicos mínimos a las personas y unidades familiares que lo precisan. El esfuerzo realizado por el Gobierno de Navarra en los últimos 8 años para extender su cobertura ha sido considerable. Sin embargo, de nuevo los datos son tozudos al reflejar que la renta garantizada tiene impacto en la reducción de la intensidad de la pobreza (las personas que la reciben son menos pobres), pero no tanto en la incidencia (no consiguen salir del umbral de la pobreza). La cuantía de la prestación, unida a los gastos que muchas de estas familias deben afrontar, especialmente en vivienda (el 36% de las personas pobres dedican más de un 40% de su presupuesto a vivienda), explican esta escasa incidencia de la renta garantizada.

Esta situación de estancamiento de la pobreza exigiría una decidida acción gubernamental. Sin embargo, desde EH Bildu nos preocupan enormemente algunos indicios que podrían reflejar la pérdida de sensibilidad social en el Gobierno de Nafarroa. Por un lado, el acuerdo programático de gobierno no incluyó ningún objetivo relacionado con los derechos sociales entre las seis prioridades políticas acordadas. Por el otro, ese documento no recogía la elaboración de un nuevo plan de inclusión social (el anterior concluyó en el año 2021). Un plan que, desde EH Bildu, exigiremos sea elaborado lo antes posible y recoja alguna de las medidas que incluimos en nuestro programa. Algunas de ellas están vinculadas con el reforzamiento de la renta garantizada, a través del incremento de su cuantía (especialmente en determinados colectivos como las unidades familiares con menores de 16 años o los hogares monoparentales) o la ampliación de su cobertura, reduciendo el tiempo de empadronamiento necesario para ser sujeto perceptor. Otras están relacionadas con el fortalecimiento del acompañamiento social desde los servicios sociales (especialmente en las zonas más afectadas por la pobreza). Asimismo, el reto de la vivienda social será fundamental para lograr incrementar la incidencia de la renta garantizada en la reducción de la pobreza y también en la prevención de la misma.

Finalmente, otra de las sombras que han surgido en este inicio de legislatura tiene que ver con la eliminación del Observatorio de la Realidad social, que cumplía las funciones de investigación y planificación que la Ley de Servicios Sociales atribuye al Departamento de Derechos Sociales. Su equipo va a ser trasladado al Departamento de Presidencia para crear la nueva Oficina de Análisis y Prospección.

El autor es parlamentario en el Parlamento de Navarra por EH Bildu