De un total que ronda las ciento cincuenta personas presas por delitos de motivación política, son una veintena las que tienen arraigo en Navarra. Son números que permiten ya visualizar en un horizonte más o menos cercano la solución a uno de los problemas que más ha enconado la convivencia en nuestra tierra durante los últimos cuarenta y cinco años.

Si centramos nuestra mirada en las presas y presos navarros, los datos son más reveladores si cabe. Constatamos que la persona que menos tiempo lleva encarcelada suma ya trece años de prisión, mientras que la que más tiempo lleva ha sobrepasado ya los veinticinco años presa. De media, las personas presas navarras llevan diecinueve años en la cárcel. Todas ellas excepto seis cumplirán las condiciones objetivas fijadas en la ley penitenciaria para acceder a la libertad condicional en los próximos 2 años. A ninguna de ellas se le ha concedido todavía la posibilidad de acceder a ese régimen de cumplimiento al que tendrían derecho. Solamente tres han podido acceder al tercer grado (salida diurna para estudiar o trabajar y pernoctación en prisión).

De las seis personas navarras presas que todavía no cumplen las condiciones objetivas para acceder a la libertad condicional, tres de ellas verían reducidas considerablemente sus condenas si se les computara el tiempo que han pasado encarceladas en prisiones francesas (como debiera hacerse atendiendo a la normativa europea); y las otras tres están afectadas por la ley 7/2003, mal llamada de “cumplimiento íntegro de las condenas”. Una ley que fue aprobada por el Gobierno de mayoría absoluta del PP presidido por Aznar en junio de 2003, sólo dos meses después de la fatídica foto de las Azores. Una ley enmarcada por tanto en una agenda autoritaria que extendió la guerra y la conculcación sistemática de derechos fundamentales a todo el mundo. Una ley cuyo contenido urge adecuar a la situación actual, para convertirla en una herramienta útil para el avance de una agenda de derechos y convivencia.

Estos datos nos muestran una realidad que debe llevarnos a una seria reflexión. Dos posibles caminos se abren ante nosotras y nosotros: el camino de la desarticulación de la política penitenciaria de excepción, que nos lleva a un horizonte de soluciones definitivas en el corto-medio plazo; o bien el camino de la persistencia de las medidas de excepcionalidad, que nos amenaza con un escenario de cronificación del problema que trasladaría a otra generación los padecimientos vividos por las tres o cuatro últimas generaciones de navarras y navarros.

Y la pregunta es: ¿a quién interesa tomar uno u otro camino? Desde luego, entendemos que la cronificación del problema solamente puede interesar a los sectores empeñados en imponer una agenda autoritaria. Son estos sectores, con fuertes anclajes en diversas instancias de poder, quienes siguen empeñados en llevar a la confrontación política cuestiones que debieran ser objeto de amplios consensos porque afectan a la convivencia y a los derechos de todas y todos. Por contra, es la mayoría de la sociedad la que está interesada en una implementación diligente de una agenda de soluciones. Una agenda de respeto a los derechos de todas y todos. Una agenda de reconocimiento al sufrimiento de todas y todos. Esta mayoría social cuenta además en Navarra con una rica red de movimientos sociales que están haciendo que seamos pioneros en temas tan determinantes como la Memoria Histórica, la solidaridad internacional o el feminismo.

Es a esa mayoría social navarra a la que apelamos para que tome en su mano la llave de las soluciones también en materia de política penitenciaria. Para que más pronto que tarde podamos celebrar todo un hito como el que sería la eliminación de la ecuación política navarra la existencia de personas presas. Entre todas y todos tenemos fuerza suficiente para conseguirlo. El próximo día trece de enero, tenemos una cita en las calles de Bilbo. l

Firman este artículo: Irati Jimenez Uriarte (escritora), Fernando Rey Escalera (traductor), Fernando Armendariz Arbizu (activista social y de Derechos Humanos), Ainhoa Aznarez Igarza (educadora y expresidenta del Parlamento de Nafarroa), Juanje Soria Gulina (abogado jubilado), Bakartxo Ruiz Jaso (profesora y exparlamentaria), Aitor Merino Unzueta (actor y productor de cine), Julio Soto Ezkurdia (bertsolari), Julen Goldarazena “Flako Fonki” (músico), Joseba Beramendi Nazabal “Exprai” (ilustrador), Iñaki Soto Nolasko (periodista y director de Naiz), Garazi Arrula Ruiz (traductora, editora y escritora), Ramón Contreras López (miembro de la Plataforma SF 78), Juan Kruz Lakasta Zubero (periodista), Txemi Perez (activista por los Derechos Humanos), Gabriel Saralegi Arribillaga (expresidente de la Federación Vasca de Deporte Rural), Andoni Romero (antimilitarista miembro de Gerrarik EZ), Oinatz Bengoetxea Berasategi (expelotari profesional), Fernando Mendiola Gonzalo (historiador), Rakel Arjol Echeverria (miembro de la Federación de Peñas de Iruñea) y Joseba Ezkurdia Galarraga (pelotari profesional)