En 1965 se produjo el primer intento resignificador del Monumento a los Caídos, intento que cabe calificar de auténtico dislate, y que sería el primero de muchos de la misma categoría y que, como es sabido, llegan hasta hoy. Y todo por el empeño de algunos en que dicha construcción persista incólume, más que por mera iconofilia o por un pretendido buen gusto de hipervaloración de algo que estéticamente a muchos no nos dice nada, por la veneración a la memoria y a los actos de sus padres y abuelos requetés, a cuya mayor gloria se edificó. Y ello, a pesar de que las instituciones y los defensores a ultranza de su mantenimiento sean absolutamente conscientes de que, por su naturaleza intrínseca, su resignificación es inviable.
Para 1965 la Diputación ya había cedido el Monumento al obispado porque ya consideraba fuera de lugar el seguir manteniendo su propiedad sobre el mismo. Seguramente algo tuvo que ver el hecho de que Franco y su gobierno modificaran, para conmemorar los 25 años de paz, su narrativa en relación con el Valle de Cuelgamuros, reinterpretándolo arteramente como de “todos los caídos” para lo cual, como es sabido, trasladó allí los restos exhumados de muchísimos republicanos, y abandonando el concepto de Cruzada, lo que no fue aceptado por los sectores más puristas.
En septiembre de 1965 el gobernador López Cancio convocó a las diversas autoridades navarras para una posible repristinación del Monumento, visto su estado de abandono. Huarte trasladó a sus compañeros de la Diputación (Urmeneta, Asiáin, Heras, Marco, Bañón y Velasco) su impresión de que tras dicha maniobra estaba la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, la entidad memorialista requeté que fue y ha sido la principal usuaria del edificio. Esa sospecha quedaría corroborada porque entonces dicha Hermandad solicitó una corrección a la solución dada por la Diputación al Monumento, pidiendo la celebración de misas diarias de acuerdo con la finalidad de exaltación del mismo, así como nombrar una persona a sueldo de la Diputación que explicara a los visitantes su significado y el de la gesta de Navarra a partir del 19 de julio de 1936, asignar 250.000 pesetas anuales para mantenimiento y crear un patronato que fiscalizara el cumplimiento de todo ello.
La Diputación, inspirada por Urmeneta, remitió en octubre una carta de respuesta al gobernador que habría sido consensuada por todos los diputados forales del momento. La Corporación partía, en último término, de su convencimiento de que “un recinto consagrado” no podía albergar exclusivamente “el recuerdo de los que vencieron cuando los vencidos también eran hermanos de nación y hermanos en Cristo”, añadiendo que la cuestión “tendría muy distinta valoración si el monumento fuese de naturaleza exclusivamente civil”. No obstante, la Diputación asumía que sus planteamientos tropezarían con “profundos obstáculos psicológicos que en unos y otros campos de ideología pudieran producirse”, por lo que habría que “convenir primero en la necesidad de la transformación para afrontar luego el problema de su ejecución”.
La Diputación reconocía, en un aviso a los actuales navegantes resignificadores, “que la simple incorporación de los nombres o restos de muertos en el campo adverso no es solución suficiente ya que la iglesia-monumento está concebida desde su raíz en honor y recuerdo exclusivo de nuestras bases ideológicas y políticas”. Es decir, cualquier resignificación ligada a lo que sucedió en 1936-1939 no podía albergar espacio alguno para la memoria de los represaliados en la limpieza política registrada en la retaguardia navarra por chocar con la esencia enaltecedora de la construcción.
Por ello, la Diputación proponía dedicar el edificio a la memoria de “todos los navarros que a lo largo de la Historia dieron su vida por causas ideológicas, sean guerras internas de Navarra, guerras nacionales y empresas o cruzadas exteriores”. Se enlazarían las batallas contra Carlomagmo y contra el poder musulmán, las cruzadas a Tierra Santa, las guerras intestinas del XIV, las empresas colonizadoras de América, la guerra de Independencia, las Guerras Carlistas, el Alzamiento del 36 y también “la eterna empresa misionera de los navarros”. Todo ello bien presente en la narrativa requeté de los frescos de Stolz, por lo que la Diputación actuaba en ese sentido de forma poco disruptiva.
Además, la Diputación proponía llevar las listas de muertos al cementerio de Pamplona incorporando los nombres de los muertos republicanos. Algo imposible de llevar a cabo por el empeño que los golpistas y sus descendientes han tenido en silenciar y ocultar los nombres de los asesinados. Aunque tal vez, la Diputación pudiera tener constancia de la posible existencia de listas secretas en posesión de los sectores golpistas, hurtadas desde siempre a la opinión pública, y más completas que las publicadas en 1940 y 1946 por el Servicio de Información del Gobierno Vasco.
La Diputación también defendía el mantenimiento de los frescos de Stolz y, en cuanto a los restos de la cripta, se dictaminaba: “Repugna toda remoción. En cambio debieran incorporarse restos de muertos en el otro campo”.
En este juego de prestidigitación simbólica no faltaba un truco máximo. Este era como “la más profunda novedad simbólica”, el de “situar en el centro de la Iglesia, cubriendo la cripta actual, los restos del Rey Sancho el Mayor, en cierto modo el primer Rey de España. La presencia de estas reliquias dominaría de tal forma la estructura espiritual de la Iglesia (por lo) que quizá todo recuerdo de rencor o desconfianza quedaría oscurecido”.
Por supuesto, que la marcianada quedó absolutamente en nada y fue al cesto de los papeles porque chocaba de raíz con la narrativa talibán de los vencedores. ¡Cómo iba Víctor Eusa, chófer de Mola, constructor del edificio, e ideólogo del mismo y de su iconología, fallecido en 1990, tolerar semejante mancillación de su criatura! ¡Cómo iba a aceptar esas transgresiones esenciales José Ángel Zubiaur, jefe provincial de propaganda de Fet y de las Jons en 1938-1939 e ideólogo de la narrativa requeté y alto responsable de la Hermandad de Caballeros Voluntarios en los años cuarenta e incluso en 2002, que en el Montejurra de 1964 rememoró la aportación carlista al 18 de julio y reivindicó la monarquía tradicional que recogía el espíritu de esa fecha!
De cualquier forma, la mención de los asesinados en la retaguardia navarra no comportaba ningún respeto hacia ellos por la semántica y por la elipsis narrativa utilizadas. No murieron en ningún campo de batalla sino que fueron asesinados con un tiro en la nuca o en la sien por sus victimarios requetés o falangistas, también navarros, y sus restos abandonados en las cunetas, sin que las autoridades hubieran abordado nunca seriamente su exhumación porque ello habría supuesto desvelar una realidad que había que mantener oculta. Los propios diputados forales de 1965, cinco de ellos voluntarios requetés o camisas viejas o voluntarios falangistas en 1936, eran perfectos conocedores de la mecánica punitiva de los paramilitares navarros, habiendo sido alguno testigo directo de lo que sucedía en el colegio de Escolapios en agosto de 1936.
Por todo ello, un despropósito, una simple digresión insustancial, rechazada por la jactancia de los vencedores y que sirve de lección para el viaje a la nada de los iconófilos resignificadores actuales.
