El Sáhara Occidental sigue siendo uno de los conflictos más largos y sin resolver del continente africano, y el único territorio no autónomo pendiente de descolonización. Desde 1975, esta región vive una lucha constante por la autodeterminación y la independencia del pueblo saharaui. A pesar de las resoluciones de la ONU, la UA y otros actores internacionales para alcanzar una solución pacífica, Marruecos se mantiene como el principal obstáculo para la resolución definitiva del conflicto.

En noviembre de 2020, Marruecos rompió el alto el fuego vigente desde 1991 con un ataque militar en Guerguerat contra civiles saharauis. Desde entonces, la guerra ha vuelto al Sáhara Occidental. Aunque es una guerra de baja intensidad, los enfrentamientos son diarios entre el Ejército de Liberación Saharaui y las fuerzas marroquíes parapetadas tras el Muro de la Vergüenza.

Pero Marruecos no solo mantiene la ocupación con soldados: ha intensificado el uso de drones armados para atacar a civiles y viajeros, especialmente mauritanos, en los territorios liberados controlados por el Frente Polisario. Estos ataques son una violación flagrante del derecho internacional y muestran que Rabat no busca una salida pacífica, sino imponer su dominio por la fuerza.

Al mismo tiempo, Marruecos despliega una fuerte ofensiva diplomática. A cambio del acceso a los ricos recursos del Sáhara Occidental –como fosfatos, pesca y minerales– ofrece acuerdos comerciales y políticos a potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y países árabes. Gracias a esta política de sobornos y chantajes, Rabat ha conseguido que algunos gobiernos apoyen su propuesta de autonomía para el Sáhara, una fórmula que niega el derecho a la independencia y perpetúa la ocupación.

Otro pilar de la estrategia marroquí es la desinformación. Desde hace años, intenta vincular falsamente al pueblo saharaui con el terrorismo yihadista del Sahel. Sin embargo, no hay una sola prueba seria que respalde esa acusación. El movimiento saharaui nunca ha tenido relación con grupos terroristas: su lucha ha sido siempre por medios políticos, jurídicos y pacíficos. Este intento de criminalizar al pueblo saharaui solo busca deslegitimar su causa ante la comunidad internacional.

Marruecos usa todos los medios a su alcance –militares, económicos, diplomáticos y mediáticos– para mantener la ocupación y borrar la causa saharaui del mapa. Pero la realidad es tozuda: el pueblo saharaui existe, resiste y tiene derecho a decidir libremente su futuro.

El conflicto del Sáhara Occidental no es solo una cuestión de derechos humanos. Es también un problema de estabilidad regional. La negativa de Marruecos a respetar el derecho saharaui a la autodeterminación alimenta la tensión y el riesgo de desestabilización en todo el norte de África. La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Es hora de exigir una solución justa, basada en el derecho internacional, que permita al pueblo saharaui vivir en paz y libertad en su tierra.