La política no está de moda hoy en día; de hecho, no sé si alguna vez lo ha estado. En los últimos meses, los presuntos casos de corrupción, la agitación del odio, los intentos de sembrar el miedo en la ciudadanía y el desprestigio de las instituciones son el caldo de cultivo perfecto para que impere el caos y, con ello, el populismo, las soluciones fáciles pero utópicas y los extremos.

Vemos en Navarra, tierra de pluralidad política histórica, que UPN incrementa el uso de un lenguaje más agresivo, al igual que el PP en el Congreso de los Diputados. El objetivo es claro: “Que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, como dijo Cristóbal Montoro, entonces portavoz económico del PP, a la diputada canaria Ana Oramas, para que no apoyara al Gobierno socialista en la aprobación del paquete de recortes en mayo de 2010.

Lo preocupante es que no hablamos solo de retórica. Porque es el mismo Montoro, según investiga la justicia, quien habría favorecido a ciertas empresas mediante la creación de normas y reformas fiscales a cambio de pagos directos a su despacho. Mientras se recortaban pensiones, más de 2.200 millones de euros acababan en los bolsillos de empresas gasistas españolas. Es decir, el PP vendió el BOE al mejor postor. En lugar de levantar el país, lo puso a la venta.

Ningún partido está libre de verse salpicado por la corrupción. Hemos conocido posibles casos que también afectan al PSOE, y son hechos que nos preocupan profundamente y que nos avergüenzan a quienes somos socialistas y creemos en una política honesta. Pero hay una diferencia fundamental: nuestra reacción. Frente a la ocultación, la negación o el bloqueo, nosotros respondemos con reformas, con transparencia y con políticas concretas.

En mi condición de diputada, el pasado 9 de julio –en plenos Sanfermines– debatimos en el Congreso el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Lo presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia que se prolongó durante más de cinco horas. Este plan, elaborado junto a los grupos parlamentarios, la OCDE, expertos de la sociedad civil y el Consejo de Europa, creo que ha podido pasar desapercibido.

Pero es un ejemplo claro de que la izquierda y la derecha no somos iguales en nuestra forma de responder a la corrupción. Este plan gira en torno a cinco grandes líneas de actuación y aborda el problema de manera integral. En primer lugar, se refuerza la prevención y la transparencia, con la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que tendrá capacidad para coordinar y supervisar las políticas de transparencia y control. Además, se establecen nuevos mecanismos para fiscalizar con rigor la contratación pública y las relaciones con los grupos de interés.

En segundo lugar, el plan protege a quienes deciden denunciar prácticas corruptas. Es un principio esencial: ninguna persona que actúe en defensa del interés general puede quedar desamparada. Por eso se han reforzado los canales de denuncia y se han establecido garantías jurídicas frente a posibles represalias.

El tercer pilar del plan se centra en la mejora del sistema judicial. Se refuerza la Fiscalía Anticorrupción, se crean unidades especializadas en los tribunales y se avanza hacia un modelo de instrucción penal más ágil, con mayor independencia y con más medios.

El cuarto eje se refiere a la recuperación de los fondos obtenidos de forma ilícita. Porque no basta con castigar penalmente: quien roba al Estado debe devolver lo que no le pertenece, hasta el último euro.

En definitiva, la lucha contra la corrupción no es solo una tarea institucional, sino también una labor educativa que debe involucrar a toda la sociedad. La corrupción no desaparece de un día para otro, pero una ciudadanía informada, activa y exigente es la mejor aliada para cerrar definitivamente la puerta a quienes pretendan aprovecharse del poder público para su beneficio privado.

Frente a quienes se llenan la boca con discursos sobre regeneración pero bloquean reformas clave o cuestionan los avances logrados –como hacen UPN y el PP–, la respuesta debe ser clara: tolerancia cero frente a la corrupción y excelencia en la gestión pública. Y en Navarra lo estamos demostrando. El Gobierno foral ha puesto en marcha políticas basadas en la transparencia y la rendición de cuentas. Se puede gobernar bien, sin gritar ni degradar las instituciones.

La integridad pública debe estar en el centro de la acción política e institucional. Solo con una política basada en la honestidad, el servicio público y el respeto a los valores democráticos se puede garantizar que las instituciones respondan al interés general y que la política sea, como debe ser, una herramienta para transformar la sociedad con justicia e igualdad.

La autora es diputada en el Congreso por el PSN-PSOE