En los últimos días, el trabajo comunitario que se desarrolla en distintos barrios de Pamplona ha sido nuevamente objeto de críticas por parte de UPN y PP en la Comisión de Asuntos Ciudadanos (25 de noviembre) y en el Pleno del Ayuntamiento (27 de noviembre). Dichas críticas se han centrado por las subvenciones destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro que realizan labores preventivas y de protección de la infancia y adolescencia, cumpliendo la ley foral de infancia.

Las acusaciones vertidas –entre ellas, supuestos tratos de favor, sectarismo ideológico o financiación a entidades afines al actual equipo de gobierno– no solo carecen de fundamento, sino que constituyen un ataque injustificado al trabajo profesional y voluntario que se desarrolla desde hace décadas en los barrios de la ciudad.

Escribo estas líneas como padre de menores (ya no lo son) que participaron en estas iniciativas y como voluntario vecinal durante más de 40 años. Conozco de primera mano el papel fundamental que desempeñan las asociaciones comunitarias: crean redes de apoyo, fortalecen el tejido social y garantizan espacios seguros y educativos para la infancia y adolescencia. Su labor ha sido siempre plural, abierta e inclusiva, integrando a personas de diferentes orígenes, ideologías, religiones y modelos educativos.

Resulta llamativo que quienes hoy acusan de sectarismo fueran los mismos que, durante su mandato, desmantelaron de un día para otro los equipos preventivos existentes, sin planificación alguna y sin ofrecer inmediatamente alternativas. La puesta en marcha de Coworkids llegó tarde, mal planificada, sin conocimiento de la realidad de los barrios y con nombramientos a dedo y procedimientos que incluso fueron anulados por el TAN. Nombraron a la coordinadora a dedo, sin crear antes el puesto en la plantilla orgánica, y el TAN anuló el nombramiento, teniendo que hacer “encajes de bolillos” para que esa persona permaneciera en el puesto. Una persona sin formación ni conocimientos sobre infancia y prevención, sin conocimiento ni conexión con los barrios y su singularidad, perteneciente precisamente a una fundación ideologizada. La hemeroteca recoge bien aquel periodo, caracterizado más por la improvisación que por el rigor.

Si por algo destacó NA+ fue por ser chapuceros y sectarios a la hora de montar el nuevo servicio que decían municipalizar. Algo que tampoco fue verdad, ya que licitaron en distintos lotes las actividades a realizar, las meriendas, los campamentos…

Es curioso que dijeran que no se cubrían los 14 barrios, cuando había al menos dos barrios más con equipos solicitando su inclusión en aquellos convenios, cosa que nunca hicieron. Fue simplemente otra excusa más.

Un reciente trabajo universitario revela cómo las decisiones político-administrativas adoptadas sin diálogo ni transición pueden desactivar servicios públicos construidos desde abajo, limitando el desarrollo comunitario, el tejido social y el protagonismo infantil.

Hoy, las subvenciones objeto de polémica no son más que el cumplimiento de la Ley 10/2022 de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad, que obliga a las administraciones a garantizar recursos comunitarios, preventivos y coordinados. Estos proyectos combinan la labor profesional con la de un voluntariado formado y arraigado en sus barrios, una fórmula que ha demostrado ser eficaz y que ha permitido impulsar dinámicas de convivencia, participación y acompañamiento a menores y sus familias.

En lugar de ataques infundados, Pamplona necesita altura política, propuestas constructivas y respeto hacia quienes sostienen el trabajo comunitario día a día. Las críticas desde el odio y la ideologización no aportan nada y perjudican a quienes más necesitan estos recursos: la infancia y la adolescencia.

Siempre hay margen de mejora, y las entidades comunitarias están abiertas a ello. Lo que no es ético ni responsable es desprestigiar o intentar desmantelar el trabajo de tantas personas voluntarias y profesionales comprometidas con sus barrios.