España se consolida en 2026 como una de las economías con mayor dinamismo de la Unión Europea y el FMI prevé para España el mayor crecimiento en la Zona Euro este año. Pese a un contexto político fragmentado y a la ausencia de presupuestos aprobados durante los últimos tres años consecutivos, el país ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido, impulsado por reformas estructurales del Gobierno en el mercado laboral, la gestión de la inmigración y la transición energética. A estos factores se suma una ejecución eficaz de los fondos europeos y una notable resiliencia frente a los choques externos. También ha influido el hecho de hacer un país seguro, agradable y atractivo para el turismo y las inversiones. Estos factores han favorecido un aumento en los salarios inferiores y en las pensiones y, consecuentemente, un mayor consumo interno que a su vez ha potenciado el Producto Interior Bruto (PIB).

Resulta llamativo que este crecimiento se haya producido a pesar de la inestabilidad política. El Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar, con el apoyo externo de formaciones nacionalistas de centro e izquierda, no ha logrado aprobar una ley de presupuestos en los últimos tres años. Sin embargo, esta falta de mayoría parlamentaria no se ha traducido en parálisis económica. Se ha producido sorprendentemente un crecimiento del PIB que ha permitido incrementar la recaudación fiscal y reducir el déficit, algo que valoran positivamente las agencias de calificación, los mercados financieros y la Comisión Europea.

Es interesante analizar por qué, entre las grandes economías europeas, solo España logra rivalizar en crecimiento con Estados Unidos, con previsiones del 2,9% para 2025 (tras el 3,5% en 2024 y el 2,5% en 2023), registró en 2025 otro medio millón de empleos nuevos por cuarto año consecutivo, además de haber aumentado el salario mínimo un 61% desde 2018. Estos datos macroeconómicos sorprenden a Europa.

La reforma laboral de 2021 ha dificultado el abuso de la contratación temporal, favoreciendo los contratos indefinidos y, al mismo tiempo, ofreciendo más flexibilidad a las empresas en dificultades. El incremento del salario mínimo apenas ha tenido efectos negativos sobre el empleo, ya que afecta al 7% de los trabajadores. La subida salarial ha incentivado la participación en el mercado laboral y ha impulsado el consumo interno.

Este dinamismo del mercado de trabajo se ha visto reforzado por una política migratoria abierta con Hispanoamérica y equilibrada con África. Desde el punto de vista financiero, esta inmigración resulta menos costosa que en otros países europeos, gracias a procesos más ágiles para la obtención de permisos de trabajo. Representa, además, una fuente de mano de obra esencial en sectores como la construcción, el cuidado de personas dependientes y el trabajo agrícola, sin competir directamente con los trabajadores nacionales. La integración de personas sin documentación, mediante programas de regularización y formación podría ampliar aún más estos beneficios. El reciente acuerdo entre el Gobierno y Podemos va en esta dirección.

Otro factor decisivo para la competitividad española es el precio de la electricidad, un 17% más barato que en Francia y mucho menor que en Alemania o el Reino Unido. España está cosechando los frutos de una política energética a largo plazo basada en la diversificación de fuentes renovables –solar, eólica e hidráulica– y en el desarrollo del almacenamiento energético. Esto ha permitido sentar las bases de una industria sólida y sostenible.

La economía española también se ha beneficiado de circunstancias favorables. Tras la pandemia de la covid-19, el país se ha consolidado como destino turístico preferente. Además, su menor exposición a los choques externos –por su limitada dependencia de China, Estados Unidos o Rusia– ha reforzado su estabilidad. A esto se suma una gestión eficiente de los fondos europeos del plan NextGeneration EU, destinándolos a promover energías renovables y modernizar los sectores tecnológicos y digitales. Esta estrategia ha impulsado el crecimiento y ha permitido a España posicionarse en la carrera tecnológica global, con empresas como Indra o Amadeus a la vanguardia.

El reto ahora es que el aumento del PIB global se traslada al PIB por individuo, especialmente para los jóvenes, afrontando problemas como el acceso a la vivienda y el coste de vida. También será esencial mantener políticas eficaces para mitigar los efectos del cambio climático, en particular en materia de agua (escasez e inundaciones), agricultura e incendios forestales. Finalmente, España deberá reforzar los mecanismos de transparencia y prevención de la corrupción, evitando escándalos –desde comisiones ilegales hasta conductas de acoso– que puedan socavar la confianza en las instituciones y poner en riesgo la credibilidad de su modelo de buena gobernanza y crecimiento sostenible.

El autor es director de Sustainable Development Over-Seas Programme