En torno al proceso de renovación de los conciertos educativos, se está desarrollando una polémica que, en nuestra opinión, mezcla de forma interesada conceptos y situaciones muy distintas.

Cuando, además, alguna voz se permite en medios de comunicación una descalificación de la enseñanza pública, nos animamos a dar nuestra opinión.

A partir de la LODE de 1985, se dibujó en España una doble red sostenida con fondos públicos y que consagraba lo que se denominada libre elección, perdiendo una oportunidad para basar nuestro sistema educativo en una red pública que se completase, con carácter subsidiario, con una red privada sostenida con fondos públicos y sujeta a la ley. Hay que recordar que el acceso a un concierto lo es con carácter voluntario.

La importante bajada de la natalidad ha puesto sobre la mesa la posibilidad de dotar al sistema educativo de una mayor calidad, pero la bajada de ratios es sólo uno de los parámetros con la que se debe medir. Por cierto, que el Gobierno está preparando una ley para reducir el alumnado por aula, lo que beneficiará a las dos redes.

De acuerdo con la norma foral, los conciertos se renuevan cada cuatro años, sin embargo, la adecuación a la realidad en la red pública se realiza año a año, un proceso más ágil y capaz de responder a distintas situaciones.

Sin embargo, estamos viendo cómo desde muy variadas organizaciones políticas y sindicales, se mezcla la reducción de aulas en la red concertada y en concreto en la red de enseñanza en euskera, con la reducción de aulas en la red pública.

Se mezclan los cierres de aulas e las dos redes, cuando como ya ha señalado Herrikoa, desde 2014 el 87% de los cierres lo ha sufrido la red pública. Pocas voces se han venido levantando ante este hecho, que supone también el paro para el profesorado, no únicamente en la concertada. Mientras se cerraban aulas en la red pública, ha habido quienes se preocupaban de que unas decenas de personas que imparten clases de religión católica nombradas por el obispado sin control alguno, siguiesen cobrando un salario público sin tener función asignada, debido a la reducción de personas que elegían esa asignatura.

Comprendemos perfectamente la frustración de aquellas personas que no han obtenido la plaza solicitada. Compartimos también las apelaciones al papel histórico de algunos centros en la recuperación del euskera en nuestro sistema educativo, papel que compartimos en los setenta cuando batallamos, en medio de fuertes controversias y con la oposición de quienes ya entonces optaban por la privada, por una ikastola municipal, embrión de la actual red pública de modelo D.

No compartimos el denominado derecho a la libre elección, pero como todos los derechos, tiene sus límites, que en este caso son las normas que se aceptan al solicitar un concierto y la eficiencia en la asignación de gasto público. Señalemos, por ejemplo, que concertar un aula para un reducido número de niños y niñas de tres años, podría suponer financiarla para nueve años.

Se habla mucho de igualdad, pero nunca aparece un concepto como el de la equidad, tratar por igual a desiguales no es igualdad, es discriminación para una parte. La equidad exige asignar recursos distintos a las distintas situaciones. Todos los informes PISA resaltan el factor pobreza, el sesgo de clase, como un elemento fundamental para comprender los resultados y por ello las muy distintas necesidades de la red pública frente a la concertada.

Por otra parte, con muchos esfuerzos e incomprensiones hemos venido logrando con la herramienta de la enseñanza pública, que el euskera dé muy importantes pasos para ser una lengua de uso y de conocimiento transversal para los diversos grupos sociales de nuestra sociedad.

La red pública, lo sostienen todos los estudios, es el elemento clave para avanzar en la integración de todos los grupos sociales, entro otros de aquellas personas que vienen a nuestra tierra a lo largo del curso escolar y por ello con importantes necesidades en lo relativo a la inclusión, proceso en el que el idioma no es el único elemento, aunque sí el más urgente.

Reconocer esas necesidades específicas de la red pública exige tratarla con equidad, atendiendo a sus necesidades, en muchos casos, creemos que estaremos de acuerdo, muy diferentes del conjunto de la red concertada.

Si hay una red que hay que blindar es la red pública, que por supuesto con carencias, cumple un papel esencial e insustituible. Porque la red pública es imprescindible, porque garantiza derechos y como hemos señalado es un elemento clave de integración lingüística y social.

Discutamos lo mucho que hay que discutir, pero no utilicemos ni el idioma ni la red pública para defender, legítimamente por otra parte, a la red concertada.

Firman esta carta: María José López Baruque (fue directora del colegio público Ezkaba de Antsoain) y Javier de Miguel Sáenz (fue inspector de Educación y director del Instituto de Secundaria de Peralta)