Relato de un combatiente contra la democracia

Rodolfo Martín Villa, en un reciente artículo publicado en El País, “Relato de un excombatiente de la Transición”, vuelve a presentarse como uno de los artífices de la democracia española. Nada nuevo. Lleva décadas intentando convertir su biografía política en el relato oficial de la Transición. Lo llamativo no es que lo haga él, sino que todavía haya quien acepte ese relato sin confrontarlo con los hechos.

Martín Villa se define como un “excombatiente” de la democracia. La expresión resulta reveladora. Porque, efectivamente, fue un combatiente. Lo que conviene preguntarse es en qué bando combatió y qué defendía mientras miles de personas arriesgaban su libertad, su integridad física y, en demasiados casos, su propia vida para conquistar derechos democráticos.

No fue un opositor a la dictadura ni un perseguido político. Fue un destacado dirigente del régimen franquista, formado en las estructuras del Movimiento Nacional y de la Falange. Formó parte de una generación de dirigentes que no rompió con la dictadura, sino que administró su transformación para garantizar la continuidad de buena parte de sus estructuras de poder. Su combate no consistió en derribar el viejo régimen, sino en gestionar su adaptación a los nuevos tiempos.

La memoria colectiva de miles de personas no asocia el nombre de Martín Villa a la conquista de las libertades, sino a uno de los periodos más oscuros y violentos de la llamada Transición. No hablamos de interpretaciones ideológicas, sino de hechos documentados. Entre 1975 y 1982, la violencia institucional y parapolicial causó cerca de doscientas muertes en el Estado español. En la Comunidad Autónoma Vasca se han documentado oficialmente 1.184 casos de tortura durante la década de los ochenta, y en Navarra un estudio oficial del IVAC recopiló 676 casos de personas torturadas entre 1979 y 2015, concentrándose las denuncias en los años inmediatamente posteriores al final de la dictadura.

Las manifestaciones que reclamaban libertades, democracia, amnistía, derechos laborales o reconocimiento nacional eran recibidas con frecuencia mediante una violencia policial desproporcionada. Elda, Vitoria-Gasteiz, Montejurra, el asesinato de Arturo Ruiz, la matanza de Atocha, la Semana Pro Amnistía, Málaga, Tenerife y los Sanfermines de 1978 forman parte de una historia incómoda que durante décadas se intentó relegar a los márgenes del relato oficial.

La investigación histórica reciente ha desmontado en buena medida la imagen de una Transición modélica, pacífica y exenta de conflictos. La Transición no fue únicamente un pacto entre élites políticas. Fue también el resultado de una movilización social masiva que pagó un precio muy alto. Las libertades no descendieron generosamente desde los despachos del poder. Fueron conquistadas por una ciudadanía que se enfrentó a estructuras estatales que, en demasiados ámbitos, seguían funcionando con lógicas heredadas del franquismo.

Sin embargo, quienes combatieron por esos derechos rara vez ocuparon las portadas de los libros oficiales de historia. Muchos fueron encarcelados, golpeados, torturados o asesinados. Otros quedaron relegados al olvido. En cambio, quienes administraron el proceso desde las instituciones han sido presentados durante décadas como los protagonistas exclusivos de la democratización.

Resulta especialmente llamativo que Martín Villa critique hoy las políticas públicas de memoria mientras reivindica una Ley de Amnistía que, en la práctica, ha servido durante décadas para impedir la investigación judicial de graves violaciones de derechos humanos. Las víctimas de la violencia policial y de la extrema derecha durante la Transición siguen reclamando verdad, justicia y reparación. No buscan imponer una memoria única. Reclaman algo mucho más sencillo: que su sufrimiento deje de ser invisibilizado.

Cuando Martín Villa acusa a las leyes de memoria de promover una visión única del pasado, incurre en una paradoja difícil de ignorar. Durante casi medio siglo ha sido precisamente la versión de los vencedores de la Transición la que ha disfrutado de una posición privilegiada en las instituciones, en los medios de comunicación y en buena parte de la historiografía dominante. Lo que hoy cuestionan las víctimas no es una supuesta memoria oficial democrática, sino una prolongada desmemoria de Estado.

La impunidad tampoco fue un accidente del proceso. Fue uno de sus pilares más sólidos. Miles de víctimas del franquismo y de la violencia política de la Transición quedaron excluidas de cualquier investigación judicial efectiva. La verdad fue sustituida por el silencio; la justicia, por el olvido; y la reparación, por una reconciliación decretada desde arriba que exigía a los perjudicados renunciar a sus demandas en nombre de un supuesto interés general.

No es casualidad que Martín Villa se haya convertido en una de las figuras centrales de la llamada querella argentina, la iniciativa judicial que intenta investigar aquellos hechos ante la negativa de los tribunales españoles a hacerlo. Tampoco es casualidad que continúen apareciendo acciones judiciales impulsadas por familiares que siguen reclamando verdad y justicia. La persistencia de esas demandas demuestra que el problema nunca ha sido un exceso de memoria. El problema ha sido, precisamente, la ausencia de ella.

La biografía de Martín Villa simboliza además otra de las características fundamentales de aquella Transición: la continuidad de las élites en la ostentación del poder. Muchos de quienes habían ocupado posiciones relevantes durante la dictadura conservaron importantes cuotas de influencia política, económica y empresarial en la nueva etapa. La democracia trajo algunos avances, pero no alteró completamente los mecanismos de reproducción de determinadas élites. Las puertas giratorias, la concentración de poder y la continuidad de determinados privilegios forman también parte de la historia de aquel proceso, y sigue presente en la actualidad.

Cincuenta años después, la batalla ya no se libra exclusivamente en las calles. Se libra en la memoria. Y Martín Villa continúa combatiendo. Ya no desde un ministerio, sino desde el terreno del relato histórico. Su objetivo sigue siendo presentar la Transición como una historia ejemplar de consensos y acuerdos, minimizando el papel de la represión, la violencia y la impunidad que también formaron parte de ella.

Existen, evidentemente, diferentes relatos. Está el relato de quienes ocuparon las posiciones de poder y han disfrutado durante décadas de reconocimiento institucional, medallas y honores. Y está el relato de quienes perdieron la vida, sufrieron agresiones, padecieron torturas o vieron vulnerados sus derechos fundamentales. El relato de quienes todavía esperan un reconocimiento que nunca llegó.

Por eso resulta difícil aceptar lecciones de memoria de quien no fue víctima del silencio, sino uno de sus principales beneficiarios. La democracia del Estado español no será más débil por revisar críticamente su pasado. Al contrario: será más fuerte cuando sea capaz de asumir que su nacimiento no fue únicamente una historia de consensos y acuerdos, sino también una historia de violencia, sufrimiento e impunidad.

Martín Villa se define como un excombatiente de la Transición. Tal vez tenga razón en una cosa: fue un combatiente. Lo que se sigue discutiendo es qué defendía exactamente. Porque mientras miles de ciudadanos se jugaban la libertad, el empleo o la vida para conquistar derechos democráticos, él ocupaba los más altos escalones de un aparato estatal que respondió demasiadas veces con violencia, impunidad y silencio. Desde ese punto de vista, Martín Villa no fue un combatiente de la democracia. Fue y sigue siendo, más bien, uno de los combatientes contra ella.

El autor forma parte de la Iniciativa Popular Sanfermines 78 Gogoan Herri Ekimena