pamplona. La ley foral para rebajar los salarios se aprobó a raíz de los recortes aprobados por el Gobierno central en mayo de 2010, más conocidos como el Decretazo que impuso el Ejecutivo dirigido entonces por el equipo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta fue una de las primeras medidas de recorte que impuso el Ejecutivo central para hacer frente a la falta de crédito. La norma en Navarra fija en un 5% la reducción de las retribuciones del personal del sector público de Navarra. En cuanto a los funcionarios, el sueldo inicial de cada nivel se redujo en un porcentaje diferente, desde el 0,24% del nivel E hasta el 6,7% del A, variando de esta forma la escala retributiva prevista en el Estatuto de personal.

La reducción aplicada a los directores de servicio se fijó en el 7%, la de los directores generales en el 8% y la de los miembros del Gobierno en un 15%. La ley también contempló reducir en un 5% de media los salarios de las empresas públicas.

El informe señala que la reducción de salarios en el Gobierno de Navarra supuso 26 millones de euros de un total de 1.164 millones, lo que representa un 2,25% sobre el total de gasto de personal. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que dicho gasto incluye más conceptos que la masa salarial y que el ahorro se limita a la segunda mitad del ejercicio de 2010.

Por lo que se refiere a las empresas públicas, la Corporación Pública Empresarial calcula en 1,2 millones la reducción entre junio y diciembre de 2010 de los gastos de personal, lo que representa el 2,16%. En este caso la disminución de la masa salarial procede, en gran medida, de la reducción del número de gerentes, jubilaciones y personal, habiéndose también aplicado reducciones salariales que han sido recurridas. En tres empresas (Nasersa, SPRIN e ITGG) la disminución se sitúa por debajo del 5%.

En cuanto a los ayuntamientos, todos los mayores de 5.000 habitantes han aplicado la reducción prevista, calculándose en 2,1 millones el importe de dicho recorte, lo que supone el 1,28% del gasto de personal. En el caso de las entidades locales, la ley obligaba a utilizar dicho ahorro para sanear remanentes negativos, reducir deuda o financiar inversiones.