El Parlamento se compromete a trabajar por acabar con las multas a la protesta social

pamplona - “Queremos solicitar el amparo de este Parlamento con la adopción de las medidas pertinentes para proteger a todas las navarras y navarros, independientemente de su ideología y condición y que presenten una moción en la que se inste a Carmen Alba al cese de las mencionadas conductas y al archivo de los expedientes incoados”. Con esta petición se presentaron ayer en la Cámara foral los representantes de Kalea Denona, el colectivo que agrupa a todos aquellos navarros que han sido multados por la Delegación del Gobierno por participar en una protesta pacífica. Una petición que concitó el respaldo de la mayoría parlamentaria, que se comprometió a trabajar para poner fin a las sanciones administrativas por la disidencia pacífica. PSN, Bildu, Aralar e I-E dijeron a los ponentes que pondrían todo lo que estuviera en su mano para poner fin a esta tendencia represiva que tiene lugar desde hace unos años y que en Navarra deja un saldo de al menos 360 multas, que suman un importe de 250.000 euros.

Desde el colectivo, Nerea Makuso (multada por participar en una concentración por el derecho al aborto frente a la clínica de Ansoáin), Goizeder Zilero (Ikasle Abertzaleak), Odei Garzia de Azilu (en representación de los vecinos del Roncal), Ekaitz Landa (Mugitu) y Laura Pérez (Bizipikete), pusieron sobre la mesa algunos ejemplos de la “burorrepresión” que están sufriendo los colectivos sociales y particulares. Recordaron que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en octubre una sentencia en la que afirma que “las sanciones derivadas de acudir a protestas pacíficas constituye una grave injerencia en el derecho de reunión y la libertad de expresión y va contra el propio Estado de Derecho” y subraya “que estas libertades son los cimientos de una sociedad democrática”. La sentencia, dijeron, sería extrapolable a lo que está pasando en Navarra, donde se han multiplicado de manera exponencial las multas a todo tipo de protestas. Los ponentes explicaron sus casos: 600 euros a 10 personas en el caso de Makuso por una concentración frente a la clínica de Ansoáin; Zilero expuso cómo multaron a 40 personas por una marcha ciclista en contra de la LOMCE; Garzia de Aziluz relató el episodio en el que 28 personas del valle del Roncal fueron multadas con sanciones de entre 500 y 1.500 euros, así como 11 imputados por manifestarse en contra de la presencia de un grupo fascista en el valle; Landa relató que a él le llegó una multa de 450 euros por una concentración en la que no estaba presente y Pérez contó como en una huelga general la policía requisó 43 bicicletas y sancionó a los participantes con 400 euros de multa.

Son solo unos ejemplos del proceder de la Delegación del Gobierno, que fue censurada por los grupos de la oposición, excepto el PPN. UPN, por su parte, se limitó a agradecer la presencia pero no hizo ninguna valoración en la sesión de trabajo. La visita del colectivo al Parlamento tuvo lugar a petición de Bildu y Aralar, cuyos portavoces censuraron el “uso político de las leyes frente al descontento social”. “La protesta es democracia y no hay democracia sin protesta y en Navarra el principal problema de orden público se llama Carmen Alba”, señaló Víctor Rubio. Nekane Pérez, de Aralar dijo que no es extraño que Navarra se use como “laboratorio” ya que “así ha sido en muchos casos”, en referencia a la Ley Mordaza.

También desde el PSN se tomó el compromiso apoyar a todas las personas a las que se haya multado por una manifestación pacífica. “Parece que la censura está de moda y se quieren callar determinadas cuestiones”, dijo Santos Cerdán. En la misma línea, José Miguel Nuin, de I-E, dijo que “no hay duda de que el aumento de multas es una decisión política” y calificó de “escándalo” el número de multados en los últimos meses en Navarra.

Una vez constatado el apoyo de la mayoría de la Cámara, los multados incidieron en que ya hay precedentes de que el proceder de la Delegación no es legal como una sentencia del TSJN, que revocó la decisión de la delegada del Gobierno de prohibir un bizipikete del primero de mayo de 2013 y condenó en costas a la Administración. “Cuando no se ha recurrido, manifestaciones pacíficas se han convertido en multas para la ciudadanía cuando tales prohibiciones podrían considerarse ilegales de partida”, criticaron, para añadir que en muchos casos la ley de costas (220 euros) hace que los multados no recurran. Recordaron asimismo que las multas se han puesto de “forma aleatoria” y que han recaído en los participantes cuando la ley dice que solo se puede multar a los promotores.

Con el objetivo de dar a conocer todos los derechos de los multados y de organizar una respuesta conjunta, al margen de lo que se haga en el Parlamento, desde Kalea Denona se ha convocado a una reunión este sábado a las 10.00 en la peña Alegría de Iruña, después de la cual se celebrará una manifestación desde la plaza del Castillo hasta la Delegación del Gobierno para exigir el fin de las sanciones administrativas y de la burorrepresión.

datos

250

mil euros en multas

Kalea Denona tiene constancia ya de 360 multas que suman 250.000 euros.

Encuentro y manifestación. Este sábado a las 10.00 horas en la peña Alegría de Iruña se ha convocado un encuentro entre los afectados. A las 12.00 horas, habrá una manifestación desde la plaza del Castillo.

Colectivos multados. LAB, ELA, STEE-EILAS, Bizipikete, 15-M, vecinos de Tafalla, Baztán, Leitza, Etxarri-Aranatz, Roncal, Zugarramurdi, Bomberos, Herri Ekimena, Sortu, PAH, Ernai, Cocinas hospitalarias, trabajadores de Inasa, Argal y UPNA, Etxerat, Bildu, Junta Republicana, Iruña Antifascista, Ciudadanos despechados por la corrupción, Asamblea por el Cambio Social, Ikasle Abertzaleak, AHT Gelditu, Colectivo de personas en paro, padres y madres del colegio público en Sarriguren, periodistas cubriendo las movilizaciones, etc.