El Congreso de los Diputados ha admitido este martes a trámite la proposición de ley orgánica del PSOE para castigar con penas de cárcel las terapias de conversión de la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género. La Cámara Baja comenzará a trabajar en esta norma después de que todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, hayan votado a favor de su tramitación.
La proposición de ley pretende introducir estas prácticas en el Código Penal y considerarlas un delito que se castigue con penas de seis meses a dos años de cárcel.
El diputado socialista Víctor Gutiérrez ha denunciado que estas terapias constituyen "una de las peores formas de violencia que una persona puede sufrir, que es ser obligado a odiarse, ser torturado física o psicológicamente para que le arranquen su orientación o identidad de encima".
"Sigue habiendo familias, curas, pastores de sectas o 'coaches' que venden la misma mentira: que la diversidad sexual y de género se puede extirpar con sesiones de rezo, descargas eléctricas o medicamentos. Lo hacen impunemente, muchas veces escondidos tras asociaciones religiosas y sectas", ha sostenido en el pleno del Congreso.
"Torturas" y "aberraciones"
Gutiérrez ha aseverado que estas "torturas" deben dejar de perpetrarse en el Estado español y para ello el grupo socialista plantea llevar al Código Penal que "quien aplique, promueva o financia estas prácticas se siente en el banquillo".
Tanto el BNG, como Podemos, Bildu y ERC han coincidido en calificar como "tortura" estas terapias de conversión, mientras que el PNV ha hablado de "aberración" que sólo causa daño y trauma y Sumar de "prácticas que atentan contra la dignidad de las personas".
Han sido varios los grupos que han afeado al PSOE que no respaldara la iniciativa legislativa que el pasado febrero pedía tipificar las terapias de conversión, pero también proteger y reparar a las víctimas, y defienda una propia en el mes del Orgullo.
Desde el PP, Jaime Miguel de los Santos ha asegurado que cuando defienden los derechos del colectivo LGTBI están defendiendo los derechos de una sociedad justa: "En eso estamos todos unidos, por más que la izquierda esté empeñada en levantar muros", ha dicho.
Por su parte, María de la Cabeza Ruiz, de Vox, ha indicado que la propuesta legislativa es "una auténtica aberración" para "mandar a la cárcel a personas inocentes" y supone un ataque a la libertad individual, de pensamiento y religiosa.
Penas de prisión
La proposición de ley que ha sido admitida a trámite contempla penas de cárcel de seis meses a dos años para quien "aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral".
En el caso de que la víctima sea menor de edad, se emplee la violencia o una situación de superioridad o bien el culpable pertenezca a una organización u asociación o bien la práctica se realice con fines lucrativos, se propone que la pena se imponga en su mitad superior.
Asimismo, plantea que la pena incluya la inhabilitación especial de tres a cinco años para las profesiones u oficios educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre.
Si la responsable de los delitos cometidos es una persona jurídica, se impondrá una multa de seis meses a dos años e incluso su disolución, la suspensión de sus actividades o la clausura de sus locales durante un periodo de tiempo, así como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.
