PAMPLONA - Dirigentes de la izquierda abertzale encausados en el macrosumario de la operación de Segura de 2007 y las asociaciones AVT y Dignidad y Justicia (DyT) alcanzaron ayer, junto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un acuerdo de conformidad inédito en el que los primeros evitarán volver a prisión pese a ser condenados por “integración en organización terrorista” y los segundos aceptan reducir sus peticiones de hasta 10 años de cárcel a un máximo de dos.

“Este acuerdo tiene como objetivo que ninguno de los encausados ingrese en prisión”, reconoció ayer el encausado y portavoz actual de Sortu Pernando Barrena en la primera ocasión que un dirigente de la izquierda abertzale, centrada ahora en la reclamación de vaciar las cárceles, asume en público este discurso.

En un día en el que el foco mediático español apuntó en exclusiva al Congreso de los Diputados durante el pleno de su constitución, las dos asociaciones también protagonizaron un cambio con este acuerdo con 35 personas acusadas de “integración en organización terrorista”. En un comunicado conjunto, la AVT y DyJ justificaron que para el pacto resulta “determinante” la sentencia del caso de las herriko tabernas (35/02). Conocido en junio, el fallo trajo rebajas sustanciales de penas. Según las asociaciones, eran “penas inferiores, en algunos casos, a las pactadas” ahora.

El objetivo que arguyeron AVT y DyJ volvió a ser el habitual de “velar siempre el mejor interés de las víctimas del terrorismo”, si bien el giro se aprecia en la manera de hacerlo. De la oposición absoluta y frontal al diálogo actual cambia, y de manera radical, la forma de abordar dicho objetivo.

Más cuando apenas han pasado tres meses desde la declaración decisiva de la AVT después de que la presidenta del PP vasco Arantza Quiroga propusiera una ponencia parlamentaria de Libertad y Convivencia que EH Bildu vio con buenos ojos. Entonces, la presión mediática de la AVT supuso una retirada del apoyo interno y precipitó la dimisión de la líder del PP.

Los encausados del macrosumario 04/08 lanzado por Baltasar Garzón, entre los que se encuentran el propio Barrena, Karmele Aierbe, Juan Joxe Petrikorena, Patxi Urrutia, Aurore Martin, Marije Fullaondo, Nekane Erauskin y Antton Gomez, reconocen en el texto incluido en el acuerdo de conformidad “su participación en los hechos, asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente”, también la acusación de “integración en organización terrorista”. En su escrito de acusación y en el marco de todo es ETA, la Fiscalía calificó de “sumisión” la actitud de los detenidos respecto a ETA. Solicitadas tanto a la defensa de los acusados como a la acusación popular la documentación del acuerdo, ambas rechazaron hacerla pública.

Los imputados también renuncian en su escrito “a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado”.

Calado por determinar La inédita firma de ayer se sitúa en una línea ya trazada por la izquierda abertzale. Esta trayectoria arrancó en el documento estratégico Zutik Euskal Herria! (febrero de 2010), impulsado por los condenados de Bateragune. La plasmación legal se realizó en los estatutos de Sortu (febrero de 2011), que rechazaron “sin ambages” cualquier violencia, “incluida la de ETA”. Luego llegó la declaración Askatasun haizea dabil (febrero de 2012), que mostró su “profundo pesar” a las víctimas por “las consecuencias dolorosas derivadas de la acción armada de ETA” y la posición de la izquierda aber-tzale ante dichas acciones.

En enero de 2016, anteayer, tuvo lugar la conferencia que en Pamplona ofreció Rufi Etxeberria, poco dado a intervenciones públicas como peso pesado de una izquierda abertzale inmersa en un proceso de reflexión estratégica -Abian-. En su discurso, Etxeberria reclamó al colectivo de presos “audacia” para su excarcelación “dado que la salida de los presos no va a venir de la mano de un acuerdo alcanzado en torno a una mesa, sino desde el desarrollo de la legislación”.

Así concluye un caso que se abrió en octubre de 2007, cuando una veintena de dirigentes de la izquierda abertzale se reunió en la casa de cultura de Segura para tratar de recomponer la Mesa Nacional.

Siete años después, la vista oral del sumario 04/08 iba a comenzar en enero de 2015, pero la operación policial Mate contra varios abogados, entre los que se encontraban algunos involucrados en este proceso, supuso retrasar el inicio de la vista hasta diciembre. El transcurso de más de cinco años entre el escrito de la acusación y el comienzo de la vista oral ha supuesto, además, aplicar la atenuante de dilaciones indebidas en 35 condenas de un acuerdo inédito cuyo calado se terminará de calibrar en las próximas semanas.

Año y seis meses de cárcel e inhabilitación para cargo público. Haizpea Abrisketa, Jesus Agirre, Egoitz Apaolaza, Alazne Arozena, Karmele Berasastegi, Nekane Erauskin, Antton Gomez, Iñaki Olalde y Juan Carlos Ramos.

Año y ocho meses. Nuria Alzugarai, Aitor Aranzabal, Karmele Aierbe, Iñigo Balda, Pernando Barrena, Gorka Díaz, Mikel Etxaburu, Maite Fernandez de la Bastida, Ino Galparsoro, Mikel Garaiondo, Asier Imaz, Eusebio Lasa, Aurore Martin, Patxi Urrutia y Joseba Zinkunegi.

Dos años. Marisa Alejandro, Angel Mari Elkano, Marije Fullaondo, Jon Garai, Gorka Etxeberria, Aner Petralanda, Juan José Petrikorena, Joana Regueiro, Arantza Santesteban y Mikel Zubimendi.

Hasier Arraiz, pendiente. El presidente de Sortu se encuentra encausado en el mismo sumario, pero al ser aforado, su causa depende del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.