Gobierno y fuerzas del cambio estudian cómo reinvertir los 215 millones del acuerdo del Convenio

pamplona - El Gobierno foral y las fuerzas del cambio van a poner en marcha en los próximos días una comisión especial para explorar qué cantidad de los 215 millones que Navarra ingresará tras la liquidación del Convenio Económico con el Estado puede destinarse a inversión pública, y no a la amortización de la deuda. La idea es tratar de dar con una fórmula que permita esquivar en la medida de las posibilidades las obligaciones jurídicas impuestas tras la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución (impulsada por el presidente Zapatero en 2011 y refrendada después por el PP con su Ley de Estabilidad Presupuestaria), y aprovechar al máximo los resquicios que ofrezca la norma para, sin transgredir la regla de gasto, devolver al presupuesto público un dinero que en origen se hubiese podido destinar a inversión. Porque los 215 millones de sobrepago que volverán a Navarra tras la liquidación del Convenio hubiesen sido gasto ordinario en 2015, 2016 y 2017 de no haberse arrastrado un retraso en la actualización del año base del quinquenio desde el 31 de diciembre de 2014 hasta hace apenas dos semanas, cuando se rubricó la actualización para el periodo 2015-2019.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E manifestaron ayer su voluntad de explorar las posibilidades que puedan abrirse una vez se estudie a fondo el marco regulador, pero fueron cautos sobre el desenlace final de las reuniones de la comisión. De momento, ni siquiera se ha constituido el foro en el que debatirán este asunto cuatripartito y Gobierno de Navarra, que a través de su consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, ya dijo que lo más normal es que ese dinero tuviese que destinarse a amortizar deuda.

entre deuda e inversión Conscientes de las dificultades de burlar el artículo 135, los partidos que sustentan al Ejecutivo foral se decantan más por intentar que sólo una parte de esos 215 millones tenga que destinarse a deuda, pudiendo quedar cierto margen para inversión. Por ejemplo, si en 2018 está previsto ingresar más de 70 millones vía deuda, restar esa cantidad de los 215 millones y disponer del resto para partidas de gasto que podrían incluirse en el Presupuesto a través de modificaciones puntuales en el Parlamento o créditos extraordinarios. Es lo que defendió ayer el portavoz de I-E, José Miguel Nuín, quien con más insistencia rechazó que tenga que destinarse la liquidación a deuda. “No lo contemplamos y lo rechazamos, el acuerdo que tenemos es que una parte muy significativa tiene que ir a inversiones para políticas públicas o a la capitalización de una banca pública”, por lo que llamó a “esquivar la interpretación abusiva de la regla de gasto que hace el ministro Montoro”.

En una línea similar se expresó el portavoz de Podemos, Mikel Buil, quien dijo que su partido “desde luego quiere infraestructura pública” frente al pago de la deuda, razón por la que se ha puesto a trabajar “el seno del cuatripartito”. Precisamente, por tratarse de una situación inédita cree Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu, que deben tomarse medidas “extraordinarias”. Estas pasarían por implantar un plan de inversiones “extraordinario y sin continuidad”, para que así no se consolidase en Presupuestos y no afectase a la regla de gasto. De esta manera, a la ciudadanía le quedaría claro que “la voluntad es atender las necesidades públicas por encima de todas las dificultades legales”, aunque a día de hoy no se pueda “aventurar que sea imposible destinar un sólo euro a algo que no sea deuda”.

Por último, Koldo Martínez, de Geroa Bai, pidió “estudiar hasta dónde llega el 135 y la Ley de Estabilidad” para que se pueda invertir en “gasto social e infraestructuras”.