pamplona - La Ley Foral 33/2013 de Reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936 contará a partir de ahora con un régimen sancionador que multará a entidades y particulares que no cumplan con la Ley de Memoria Histórica navarra. Los votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, 33 de los 50 que tiene el Parlamento, posibilitaron hacer una reforma parcial de la norma -a la que se opusieron UPN y PP- para cortar con la discrecionalidad en la aplicación que ha caracterizado a la ley desde que se aprobó en 2013. Con el paso de los años, se ha comprobado que muchas entidades locales y particulares no han cumplido la norma con toda la diligencia exigible, sobre todo a la hora de retirar vestigios franquistas. Por eso se ha ideado un código sancionador garantista, progresivo, que no busca la multa por la multa (hay un sistema de apercibimientos y habrá un año para cumplir las exigencias) y que está más pensado para, de una vez por todas, poner fin a lo que el Parlamento entiende que es una “afrenta a las víctimas y a los valores democráticos”.
El régimen sancionador que se incluye en la ley -que ha sido trabajado ampliamente en comisión durante las últimas semanas- persigue mucho más que el incumplimiento de la retirada de símbolos franquistas como nombres de calles, laureadas o cruces. También sanciona la falta de colaboración a la hora de notificar posibles lugares con restos de represaliados, el vandalismo contra monumentos o la extracción de restos sin atenerse a los protocolos.
Hay, como es lógico, un amplio abanico de sanciones dependiendo de la gravedad de los hechos. Las infracciones se dividen en tres grupos: muy graves, graves y leves. Dentro del primer grupo -que se castigarían con multas de entre 10.000 y 150.000 euros- estarían las excavaciones que se realizaran para extraer restos de represaliados sin seguir los protocolos; la construcción sobre lugares en los que hay certeza de que puede haber restos; la asolación de sepulturas incluidas en el mapa de las fosas del Gobierno de Navarra; el vandalismo grave en lugares de memoria histórica o la destrucción de documentos históricos.
Las graves, que se mueven entre los 2.001 y los 10.000 euros de multa, sancionarían los incumplimientos a la hora de retirar simbología franquista (leyendas, menciones, placas), la alteración de homenajes, las declaraciones públicas de tono injurioso cuando sean delito de odio y la restitución de elementos que ensalcen a personas significadas con el golpe. Dentro de las leves, que acarrearían entre 200 y 2.000 euros de multa, estarían los incumplimientos de requerimientos cuando no existiese mala fe. También en este apartado se prevé la posibilidad de retirar ayudas públicas a las entidades que no cumplan.
para el pp hay “rencor” Para Virginia Alemán, de Geroa Bai, es un “deber legal y ético” cumplir con la memoria, y cree que la medida puede mejorar la convivencia en el espacio público. Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, reconoció que la ley de 2013 fue un gran paso, pero que necesitaba una actualización visto que no todos “tienen claro el camino a recorrer”. Laura Pérez, del grupo parlamentario de Podemos, consideró que “la connivencia o tolerancia” hacia los vestigios franquistas es incompatible con la democracia. Inma Jurío, del PSN, destacó el margen que la ley otorga antes de imponer sanciones. Y Marisa de Simón, de I-E, celebró que el código vaya a permitir “que la aplicación de una ley no dependa de la voluntad particular”.
UPN y PP hicieron lo de siempre. Escudarse en excusas poco consistentes para tapar su voto en contra. Sánchez de Muniáin equiparó implícitamente los vestigios franquistas con la ikurriña al insinuar que “se persigue o se tolera según el gusto personal”. Y Ana Beltrán, del PP, vio directamente rencor en la medida.
