Nunca el movimiento ecologista hubiera creído que un proyecto contra el que han peleado tanto haya terminado con las cartas tan marcadas. Hoy se publica una carta firmada por Sustrai Erakuntza sobre Mina Muga que tiene miga. Quizás porque desde que empecé a trabajar en esta profesión me ha tocado seguir la compleja tramitación de grandes proyectos vinculados al ladrillo o al hormigón, y he querido entender siempre la motivación real y el interés público, pienso mal. Los periodistas hemos tenido que informar de intereses contrapuestos muchas veces, sobre todo en ese triángulo que forman administraciones, empresas y coordinadoras, plataformas y colectivos ecologistas o vecinales que se posicionaban en contra de determinados proyectos cuando no pleiteaban.

Así es como me topé con el proyecto Mina Muga de Sangüesa. Imposible no entender a las dos partes. Imposible no creer que puede haber un interés razonable por el desarrollo de una comarca en declive, por proyectos que permitan crear nuevos empleos y que haya riqueza, y que muchos de sus habitantes quieran que se lleve adelante. Los ecologistas por su parte alegaban riesgos y peligros de sismicidad en Yesa, afecciones medioambientales de todo tipo en Javier y Sangüesa, generación de residuos y un proyecto inconsistente...

A raíz de la trama de corrupción que rodea el caso Koldo-Ábalos-Cerdán hemos sabido que este proyecto forma parte del informe de la UCO y es uno de los primeros en Navarra vinculados con Servinabar, bajo lupa por presuntas mordidas en adjudicaciones obras públicas. Es decir, que al parecer había mucho más. Habría que preguntarse por el objetivo real de una empresa como Geolcali creada en 2011 con apenas 3.000 euros de capital y sin ninguna experiencia en explotación de minerales que termina aliada con Servinabar y Acciona en el 2015, en el ajo de la trama Koldo-Cerdán.

El negocio no era solo extraer la potasa, hubo otros intereses seguramente especulativos, razón por la que Geocali buscó unos socios australianos que lograron revalorizar sus acciones en bolsa, y luego éstos pasar la inversión a unos inversores chinos. Por el camino ha habido dinero. Las sombras entorno a este proyecto y su tramitación podrían abarcar varios mandatos políticos, desde 2014 cuando la empresa pide el primer permiso al Ministerio pero también en años antes cuando solicita sondeos. Es en 2019 logra la llamada declaración de impacto ambiental, superando el primer veto administrativo.

En 2021 Geolcali obtiene la concesión minera del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra y Aragón. Hoy el proyecto está paralizado por los tribunales tras el recurso presentado por la Fundación Sustrai Erakuntza. El TSJN considera que el proyecto se dividió mal, en tres administraciones (Estado y gobiernos navarro y aragonés), cuando debía haberse formulado como uno solo. Y no tiene pinta de que nadie lo resucite. Ni que las administraciones acudan al Supremo. O igual sí. Ya casi nada me sorprende.