pamplona - La figura nuclear de la Ley foral de reparación a las víctimas de la extrema derecha y funcionarios públicos es la comisión de expertos encargada de determinar quién puede acceder a la consideración de víctima y, por tanto, quien tiene derecho a percibir las reparaciones morales y económicas que prevé la norma. Lo fue en la ley de abril de 2015. Pero también, bajo otras denominaciones, ha sido un recurso habitual en otras leyes estatales y forales como la de víctimas del terrorismo de ETA o la de Memoria Histórica, que prevén “mecanismos no judiciales” para el reconocimiento, en la línea de lo que recomienda la resolución 9/11 de 24 de septiembre de 2008 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en lo referido al derecho a la verdad. Lo que pasa es que en la ley de abril de 2015 el Constitucional, tras denuncias del PP, consideró que esa comisión iba a desempeñar tareas reservadas a los tribunales. Por eso ahora, en la nueva ley, los legisladores del cambio se esfuerzan mucho en dejar bien claro el cometido de la comisión, que simplemente sigue la estela de otras herramientas similares en leyes forales y europeas y que simplemente recibirá las solicitudes, deberá admitirlas o rechazarlas y establecer las reparaciones económicas o materiales en cada caso concreto.

¿qué hace y cómo funciona? Para empezar, la comisión tendrá la forma jurídica de un órgano colegiado independiente adscrito a la dirección general de Paz y Convivencia. La compondrán nueve miembros: dos de ellos, el director general de Paz y Convivencia y el director del Instituto navarro de la Memoria. Los siete restantes tendrán que ser expertos propuestos por los grupos parlamentarios y/o por “organizaciones sociales que desarrollen actividad en materia de derechos humanos”, y elegidos por mayoría absoluta para un mandato de seis años. Sus miembros tendrán derecho a percibir una dieta (una al día como máximo) por sesión de trabajo, podrán trabajar en las dos lenguas oficiales de Navarra y tendrán que confeccionar una memoria anual, además de resolver las solicitudes. Los Presupuestos Generales de Navarra financiarán la comisión con una partida específica.

¿Qué hará esa comisión? Básicamente lo siguiente: escuchar a la persona solicitante, recabar antecedentes, solicitar información a otros actores y solicitar informes periciales a fin de elaborar un informe motivado de cada solicitud. En ese informe, que tendrá que elaborarse por norma general en un año como máximo, se analizará el cumplimiento de los requisitos de la posible víctima, se realizará un resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración de derechos e incluirá una valoración sobre la relación de causalidad entre hechos y perjuicios. Ese informe será remitido al responsable en materia de Paz y Convivencia, quien en un máximo de tres meses dictará la resolución desestimando o reconociendo la solicitud, algo que podrá recurrirse. Las víctimas tendrán derecho a asistencia sanitaria y a indemnizaciones económicas, de la misma forma que se estipula en la Ley foral 9/2010 de ayuda a las víctimas del terrorismo. - A.I.R.