pamplona - El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido al juez del caso Villarejo interrogar como investigados al director de OkDiario, Eduardo Inda, a uno de sus redactores, al policía que se entrevistó en Nueva York con un exministro chavista para hablar de la financiación de la formación morada, y al que fuera número dos de la Policía, Eugenio Pino, por autorizar ese viaje. En un escrito, la acusación que ejerce el líder de Podemos en esta causa señala que el hallazgo en poder del excomisario José Villarejo de una copia de los datos del móvil sustraído a la asesora de Iglesias, Dina Bousselham, “y su utilización por el medio de comunicación OkDiario”, parece estar “encuadrado en una presunta orden del Gobierno del PP para perjudicar los resultados electorales de Podemos”. Además ha pedido el alzamiento del secreto de la pieza 10 en la que se investigan estos hechos ante la cantidad de información que está apareciendo publicada, al considerar que ha quedado en evidencia “la presumible colaboración activa para difamar” a Iglesias “entre un grupo de altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía”, entre los que “figura el Sr. Villarejo Pérez”, y el “medio de comunicación OkDiario”.

Por ello pide rastrear las llamadas entre Inda y Villarejo, así como que declaren como investigados el periodista navarro, el redactor de su periódico Miguel Ángel Ruiz Coll, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que viajó a entrevistarse con el exministro de finanzas chavista Rafael Isea. Como testigos propone esta acusación llamar al exministro chavista de Energía Nervis Villalobos y a la que fuera enfermera del expresidente Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén -cuyas extradiciones a Venezuela ha sido rechazadas por la Audiencia Nacional-, al haber confesado ambos en sendas entrevistas que la cúpula policial contactó con ellos en 2015 para poder acusar a Podemos de estar financiado por el Gobierno chavista. También quiere que testifiquen, en relación a la entrevista con Isea, el exjefe accidental de la UDEF José Manuel García Catalán, y los comisarios Manuel Vázquez López y Enrique García Castaño, el Gordo, imputado este último en el caso Villarejo.

Respecto a la investigación del robo del móvil, Podemos pide que se averigüe el posicionamiento del teléfono del 1 de noviembre de 2015 al 21 de julio de 2016 -desde el día del robo a la publicación en OkDiario de su contenido- para conocer cómo se produjo “el traslado a las diversas personas que han tenido acceso”. Recuerda que Villarejo declaró que fue el exdirector general de Información Nacional de Moncloa, Alberto Pozas, imputado en la causa, quien, siendo director de Interviú, le dio el pendrive con la copia de los datos del móvil. Según declaró Iglesias a juez, fue el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, quien le entregó la tarjeta del móvil tras recibirla y decidir que no era publicable.

Ante las dudas de Podemos sobre la desaparición de esta policía política montada supuestamente por el ministro popular Jorge Fernández Díaz para investigar a adversarios políticos y dificultar las investigaciones en torno a la financiación irregular del PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó categóricamente que estos policías sigan actuando. Siete miembros de esta brigada se reparten al año 16.000 euros por medallas concedidas durante el mandato del PP con recompensas vitalicias. “Esa mal llamada policía patriótica desapareció en cuanto entramos en el Gobierno”, zanjó. El candidato del PSOE prometió que los responsables de estos episodios pagarán por ello, aunque aclaró que los policías no pueden ser expulsados sin sentencia en firme.

La Audiencia Nacional considera que los excomisarios Villarejo y García Castaño mantenían una colaboración en el negocio de informes confidenciales que “presenta los caracteres de una organización criminal”. El auto recuerda que Castaño supuestamente facilitaba a Villarejo medios técnicos y datos a los que tenía acceso como máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo. Ambos policías se repartían presuntamente los beneficios de esa actividad ilegal, de hecho, según un audio, Villarejo, al que la Audiencia ha negado la libertad por riesgo de fuga, se comprometió con el Gordo en aportarle 9 millones para una casa. - D.N.