Europa adoptará medidas en caso de que persista el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo trasladó el viceportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD), Fernando de la Fuente, tras reunirse ayer con el comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, que después se citó con representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y del Foro Judicial Independiente. Desde la Comisión Europea se comparte la visión de que primero debe abordarse la renovación del CGPJ antes de cambiarse el sistema de elección de jueces. La asociación JjpD aseguró que el liberal belga les transmitió que reiterará con “rotundidad” al Estado español la necesidad de renovar el CGPJ “de forma inmediata” para luego buscar “que el sistema se mejore, lo que siempre es positivo”.

“Entiende que ha de avanzarse en una mejora del sistema de elección de vocales, pero coincide en que es inasumible hacerlo ahora con carácter previo”, añadió De la Fuente sobre la cuestión que divide a las asociaciones judiciales y partidos políticos. “Reynders ha dicho que es inviable e impensable que se haga a corto plazo, como pide el PP. Una cosa bien hecha y seria es imposible que dure menos de año y medio parlamentariamente”, apostilló el portavoz de JjpD. “Al comisario le ha preocupado que España no cumpla con los estándares básicos como la renovación de los órganos judiciales. No solo por la credibilidad de la Justicia sino por cómo afecta al funcionamiento de las instituciones”, afirmó, recalcando que en Bruselas no ven la situación comparable a la que atraviesan Polonia o Hungría.

Asimismo, JjpD destacó que el comisario belga se sorprendió al saber que los 32 nominados al CGPJ son previamente escogidos por las asociaciones tras procesos de primarias, algo que evidencia el “ruido” en torno al CGPJ y que la información “no llega de forma clara”. “Pensaba que los parlamentarios podían elegir a quienes quisieran”, apuntó. La asociación aprovechó para denunciar una situación “anómala” y que exigen que se resuelva en dos o tres semanas. Igualmente, expusieron el bloqueo existente en órganos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional.