Ha sido el mayor incendio simultáneo en la historia de Navarra. Cerca de 15.000 hectáreas arrasadas, pueblos enteros evacuados, montes calcinados y cosechas perdidas. Todo en apenas unas horas y en medio de un caos generalizado provocado por una situación de emergencia excepcional. Afortunadamente no ha habido que lamentar más daños que los económicos, los pueblos siguen en pie y no hay víctimas mortales. Podía haber sido mucho peor.
A falta de que se cuantifiquen los daños y se determine el origen de cada foco, parece evidente ya que el Gobierno podía haberlo gestionado mejor. La crítica política está puesta en el consejero de Interior, Javier Remírez, a quien Navarra Suma pide la dimisión. Y también en su directora general, Amparo López, cuya actuación ha sido cuestionada también internamente. Remírez y la consejera de Medio Ambiente, Itziar Goméz, acudirán en los próximos días al Parlamento a dar cuenta de lo ocurrido. Es posible que lo haga también la presidenta, María Chivite, a instancias de la derecha, que tira por elevación y va a por la pieza mayor.
Es en cualquier caso lógico exigir explicaciones al Gobierno, y cuanto antes las dé, mejor. Conviene analizar las causas de los incendios y aclarar algunas lagunas que deja la gestión de estos días. De entrada, por qué el viernes día 17, con el incendio de Leire todavía activo, se reduce el nivel de alerta por incendios (Infona) del nivel 2 a 1. Argumenta el Gobierno que para entonces allí ya no eran necesario medios externos, y tal vez fuera así. Pero la presencia de la propia presidenta en Leire transmitiendo tranquilidad, cuando lo peor estaba por llegar, visto hoy con el paso del tiempo, parece un error.
El Infona es el protocolo que determina los niveles de actuación para cada incendio, y se regula en función de las circunstancias del momento. Para la prevención de las emergencias, ya sean nevadas, incendios o inundaciones, está el plan de emergencias de protección civil (Platena), y éste no se activó hasta el sábado por la tarde, con varios incendios descontrolados y una vez finalizados los actos de celebración del premio Príncipe de Viana en Sangüesa.
Es posible que con la activación previa del Platena, aunque fuera en su fase de preemergencia, la situación hubiera sido parecida. A fin de cuentas los recursos disponibles son escasos y todos estaban preparados para intervenir llegado el caso. De hecho nunca se ha activado de forma preventiva ante posibles incendios (sí con las nevadas). Pero al menos hubiera permitido activar algunos recursos antes y prohibir por ejemplo las labores agrícolas, foco de algunos de los incendios más importantes.
De la misma forma que de haber estado aprobada la orden foral en la que trabaja el Departamento de Medio Ambiente, con las condiciones del sábado pasado automáticamente se habrían evitado también algunas situaciones de riesgo. Una orden foral, por cierto, muy cuestionada por las organizaciones agrarias, que presionan para matizar los criterios climáticos con los que se prohibirá a partir de ahora la cosecha.
Insistir en que la gestión ha sido correcta resta credibilidad al Gobierno e impide corregir los posibles errores
El Gobierno tiene una responsabilidad, debe dar explicaciones y, llegado el caso, asumir responsabilidades. Así se lo exigió el PSN al Gobierno de Barkos, con duras críticas además, en el incendio de Tafalla de 2016. Y es legítimo que quienes hoy están en la oposición se comporten con la misma firmeza. Insistir en que la gestión ha sido correcta y perfectamente coordinada no solo le resta credibilidad, sino que impide tomar medida para mitigar situaciones parecidas en el futuro.
El problema real
Pero los errores puntuales que hayan podido cometer algunos responsables gubernamentales no pueden servir para eludir una reflexión mucho más profunda y global. Como quedó claro en la pandemia, no todo se puede prohibir y la responsabilidad personal sigue siendo un factor importante. Muchos agricultores desoyeron las recomendaciones y salieron a cosechar. También en Bardenas, entidad gestionada por personas vinculadas a UPN y en cuyos terrenos, según apuntan los primeros indicios, se habría iniciado el fuego de Sendaviva.
Los incendios son además la consecuencia de unas condiciones climáticas extremas cada vez más habituales e inesperadas. Esta vez ha sido una ola de calor tras más de 50 días sin lluvia y en primavera. Conviene subrayar este dato, que apunta a veranos cada vez más largos y calurosos. Un escenario que combinado con factores estructurales como el abandono del entorno rural, el retroceso de la ganadería extensiva y unos montes llenos de maleza dan por resultado un cóctel explosivo.
Los incendios nos han señalado el problema. La pregunta es si podemos y queremos asumir el coste que tiene la solución
Tiene razón Esparza cuando afirma que los incendios se apagan en invierno y las inundaciones se evitan en verano. Hay que renovar protocolos y hay que reforzar los medios técnicos y humanos con los que hacer frente a situaciones excepcionales a lo largo de todo el año. Pero también hay que revisar un modelo de sociedad cada vez más insostenible y desequilibrado. Algo a lo que, por cierto, la derecha se opone siempre de forma sistemática.
El cambio climático, la despoblación y la fragilidad medioambiental requieren medidas drásticas y urgentes, pero económica y socialmente costosas. Es difícil quedarse a vivir en los pueblos si no hay médicos ni transporte público. Si las ciudades acaparan los servicios y el empleo en detrimento de un sector primario muy sacrificado y poco rentable. Y si los consumidores priman la alimentación barata e industrial porque en muchos casos no se pueden permitir otra cosa. Los incendios nos han señalado el problema y sabemos dónde está la solución. La pregunta es si podemos y queremos asumir el coste. Y la respuesta no solo está en manos del Gobierno
