La resolución de la ONU que dicta que España vulneró los derechos de algunos de los presos del procés, en lugar de unir al independentismo catalán, ha servido para hacer visibles por enésima vez las tensiones entre ERC y Junts, los dos socios del Govern.
Y es que los posconvergentes entienden que el dictamen de Naciones Unidas se puede aplicar también a Laura Borràs, investigada por delitos de corrupción y cuya suspensión como presidenta del Parlament fue ratificada ayer por la Mesa de Portavoces con el consecuente enfado de Junts. Los republicanos, mientras tanto, no entienden la analogía entre el texto de la ONU y la situación procesal de la presidenta de JxCat.
El grupo de Junts en la Cámara presentó ayer por la mañana una petición de reconsideración a la Mesa del Parlament sobre la suspensión de Borràs, basándose en dicho dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la vulneración de derechos civiles y políticos a los dirigentes independentistas presos cuando eran diputados en el Parlament.
En el documento, Junts esgrimía que es “evidente que las mismas conclusiones del dictamen son aplicables” a Borràs, y que por este motivo la Mesa debe reconsiderar su decisión del pasado 28 de julio.
En este sentido, el grupo de Borràs avisaba de que “resultaría paradójico” que el Parlament mantuviera la suspensión de Borràs después de que Naciones Unidas dictaminara que España violó los derechos políticos de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull.
Pero la petición de los posconvergentes no fue aceptada, ya que la Junta de Portavoces ratificó la decisión de suspender a la líder de JxCat tras la apertura de juicio oral en su contra por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Tras conocerse esta decisión, Laura Borràs acusó a la Mesa del Parlament de recortar derechos y generar “indefensión” a su persona. “Los que exigen preservar el prestigio del Parlament, en lugar de hacerlo ejemplar en la defensa de los derechos, lo hacen líder en su recorte. Y para protegerse ellos, generan indefensión”, criticó en un mensaje en las redes sociales.
“Flaco favor” al soberanismo
Por su parte, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, advirtió a Junts de que vincular el dictamen de la ONU con la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament hace un “flaco favor” al independentismo.
En esa misma línea, Vilalta argumentó que estos dos casos no son equiparables: “Quien quiera equiparar la implicación de Jordi Turull, que ha sido condenado por haber hecho el 1-O, con el caso de Laura Borràs, que tiene una presunta acusación por delitos vinculados con la corrupción, se equivoca y hace un flaco favor al conjunto del movimiento independentista”.
En su opinión, Borràs ha sido suspendida como diputada de forma temporal en aplicación de un reglamento del Parlament, por lo que “no hay ninguna vulneración” de derechos.
Tras la suspensión de Borràs, la vicepresidenta primera de la Cámara, Alba Vergés (ERC), tiene las funciones de presidenta y, a este respecto, la portavoz republicana aseguró que mientras continúe esta situación de interinidad Vergés ejercerá sus funciones “con toda la responsabilidad y vocación de servicio público”.
