El Foro Social Permanente presentó el viernes el último informe sobre la situación de los presos de ETA antes de echar el cierre definitivo a su actividad. En él “confirma las preocupantes actitudes” de la Audiencia Nacional, herramienta del poder judicial que ve como “un búnker completamente ajeno a la realidad social actual”. De este modo, denuncia que este tribunal “enmienda a la totalidad” a las Juntas de Tratamiento de las cárceles y recurre “dos de cada tres terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco”, según denunciaron Agus Hernan y Teresa Toda.
En palabras de Hernan, el informe se presenta en “un contexto de claroscuros”, con “esperanza” de la apertura de “una nueva fase en el proceso de construcción de paz” pero con la constatación de que “unos jueces y una fiscalía, con sus decisiones, han convertido la Audiencia Nacional en un verdadero búnker completamente ajeno a la realidad social actual”.
El representante del Foro Social destacó que, en función de los datos oficiales del Gobierno Vasco en octubre 2022, al cumplirse un año del traspaso de la competencia en materia penitenciaria, se había progresado a tercer grado a 457 presos, de los que 25 eran reclusos de ETA. De estos 25, subrayó, se recurrieron 16, lo que representa el 64%.
Según advirtió, el “lobby fuertemente ideologizado”, que estaba “instalado en esferas judiciales, policiales, mediáticas y en alguna asociación de víctimas de ETA”, está ahora “principalmente atrincherado” en la Audiencia Nacional, donde “condicionan los procesos de reintegración tan necesarios para la convivencia democrática con el retorno a prisión de personas que ya disfrutaban de tercer grado tras largos años de cumplimiento en primer grado, alejados y aislados”.
En el lado positivo, el Foro Social entiende pronto “se cierra la fase actual con el acercamiento de las siete personas” que no cumplen condena en Navarra y la CAV.
Desarme de ETA
Por otra parte, la Fiscalía Antiterrorista francesa ha solicitado sentar en el banquillo de los acusados a Jean-Noël Etcheverry, alias Txetx, y a Béatrice Molle, dos de las personas que en 2016 escenificaron el desarme de ETA en la localidad de Louhossoa. Les acusan de un delito de tenencia de armas por participar en una acto que escenificó el desarme de la organización.
