La red ciudadana Sare ha denunciado la "política de excepcionalidad jurídica" que, a su entender, se aplica a los presos de ETA y ha incidido en que no están pidiendo privilegios "para nadie" sino "legalidad".
Sare ha presentado este sábado en Gernika el manifiesto 'Giltzak', que, según han defendido, supone una "reflexión en torno a la convivencia y al final de la excepcionalidad". El mismo, cuenta con la adhesión, entre otros, de los exlehendakaris Juan José Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea, del exlider del Sinn Fein Gerry Adams, la magistrada Garbiñe Biurrun, así como de Rosa Lluch, hija del ministro asesinado por ETA.
También se han sumado al mismo el PNV, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, EH Bai y Sortu, así como los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK e Hiru, entre otros.
Tras valorar que la política penitenciaria ha tenido una "evolución importante en los tres últimos años, fundamentalmente con el fin de la política de alejamiento", los portavoces de Sare Bego Atxa y Joseba Azkarraga han advertido que "continúan existiendo aspectos en que la política seguida por la Fiscalía y los tribunales, en concreto por la Audiencia Nacional, está todavía muy lejos de las finalidades que la política penitenciaria debe perseguir".
A su juicio, no tiene justificación alguna que la "política de excepcionalidad jurídica" se mantenga, por lo que han solicitado un compromiso firme a los agentes políticos, sindicales y sociales, para poner fin a "esa situación de excepcionalidad que aún se sufre en las cárceles".
"Es una excepcionalidad jurídica, que por supuesto afecta muy directamente a las personas privadas de libertad, pero, también confronta directamente con las decisiones que adoptan las Juntas de Tratamiento de las cárceles y la propia administración vasca", han señalado.
Tal y como han indicado, el 75% de las progresiones de grado que han propuesto las Juntas de Tratamiento y han sido aprobadas por el Gobierno vasco han sido recurridas por el Ministerio Fiscal, y "son muchas las personas que han tenido que volver a prisión y a segundo grado penitenciario".
"Este porcentaje es un agravio comparativo en cuanto que los recursos presentados por la Fiscalía en el caso de presos de otro tipo de tipologías de delito no alcanzan el 25%", han añadido.
"JURISDICCIÓN ESPECIAL"
Para Sare, se continúa actuando como una "jurisdicción especial, creada en un momento y contexto superados por la realidad" de tal modo que la Audiencia Nacional "se niega a asumir la nueva realidad y retuerce el derecho para aplicar una versión que desconoce el principio de reinserción".
"No estamos pidiendo privilegios para nadie. Pedimos legalidad. Estamos hablando de presos que llevan cumplidos muchos años de sus condenas. Algunos más de 30 años... estamos hablando de presos que no ven computados los años de privación de libertad cumplidos en otros Estados europeos", han insistido.
Por todo ello, han reclamado que se ponga fin "a las excepcionalidades y con la aplicación de una política penitenciaria ordinaria, ir abriendo ese camino de regreso a sus casas, tras en muchos casos, más de 25 años de privación de libertad".
Por último, han señalado que el próximo 13 de enero se manifestarán en Bilbao para "continuar avanzando en favor de la convivencia". "Llenemos las calles de llaves en favor de la resolución", han finalizado.
El PNV pide el fin de la "legislación penitenciaria excepcional"
El acto de Sare ha contado con la participación de los parlamentarios del PNV Olatz Peón Ormazabal y Jon Andoni Atutxa. La formación jeltzale ha reclamado a través de un comunicado la derogación de la "legislación penitenciaria excepcional" que ha "vulnerado durante años los derechos" de los presos de ETA y que "continúa haciéndolo en la actualidad". No obstante, y tras mostrar su respeto hacia todas las movilizaciones en defensa de los derechos de los presos, ha señalado que no enviará una delegación oficial a la manifestación convocada por Sare para el próximo mes de enero en Bilbao.
"Hace dos años, EAJ-PNV ya anunció su compromiso de centrar sus esfuerzos en trabajar y alcanzar acuerdos políticos y parlamentarios para la derogación de la excepcionalidad en la política penitenciaria", ha destacado en el comunicado.
Peón y Atutxa han reafirmado el compromiso jeltzale con la búsqueda de soluciones y han subrayado la importancia de "seguir trabajando en conjunto para abordar los retos pendientes y avanzar hacia una sociedad vasca en la que se respeten los derechos y se promueva la convivencia".
