Diversos partidos políticos, sindicatos y colectivos han advertido este viernes de las condiciones laborales en las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) que "pone en peligro constante la vida y salubridad de los trabajadores y que nos recuerda las condiciones de esclavitud".

Así se ha afirmado en una rueda de prensa, convocada por AHT Gelditu!, que ha contado con la participación de representantes de CGT, CNT, Contigo-Zurekin, EH Bildu, ELA, ESK, Haritu Red de apoyo mutuo, Iruñerriko Kontseilu Sozialista, Jardun Koordinakundea, LAB, Martes al Sol, Red de Autodefensa Laboral y SOS Racismo.

En un comunicado, en el que dan eco a "diferentes testimonios de trabajadores de las obras del TAV en el túnel de Monteplano, en Tafalla", concluyen que "infraestructuras megalómanas como la del TAV no serían posibles sin las condiciones de explotación de la clase trabajadora que las ejecuta". "El TAV es una infraestructura del siglo XXI con las condiciones laborales del siglo XIX", han manifestado.

En este sentido,denuncian "la conculcación permanente de los derechos fundamentales de los trabajadores, que en la mayoría de los casos son migrantes en situación de gran vulnerabilidad". "El trato racista y homófobo que sufren es constante, teniendo que padecer continuas humillaciones, insultos y amenazas", han censurado.

Asimismo, han destacado "la responsabilidad de las administraciones, tanto estatales como autonómicas, en la ocultación de estas prácticas, ya que, aun siendo conscientes de ellas, siguen mirando para otro lado en total connivencia con las empresas".

Estos colectivos señalan testimonios de trabajadores que hablan de "jornadas laborales extenuantes de 12 horas o más", "falta de control del horario laboral", de manera que "las horas extras no se contabilizan ni se pagan" o de una "falta de seguridad laboral total" que "se ve incrementado por el gran consumo de drogas por parte de la mayoría de trabajadores que se ven forzados a ello para aguantar el ritmo laboral".

A ello han sumado que "no hay suministro de los EPIS adecuados y en caso de accidente los trabajadores se atienden ellos mismos, teniendo que ir al ambulatorio en sus propios coches"; unas "condiciones laborales de total insalubridad", trabajando con máquinas diésel "a pesar de estar prohibidas"; o la "falta de herramientas de trabajo y uso de maquinaria muy antigua, en mal estado y peligrosa".

Los testimonios recabados apuntan también a "abusos empresariales: Los trabajadores que reclaman sus derechos o que promueven la sindicación son expulsados de inmediato. Las diferencias laborales según las subcontratas son muy grandes e incluso a la noche hay trabajadores sin papeles y sin contrato". Igualmente, han afirmado que se produce un "trato vejatorio de corte racista y homófobo a los trabajadores racializados", "migrantes en situación de gran vulnerabilidad"

DENUNCIA DE "CORRUPCIÓN"

Asimismo, rechazan la "falsedad de las nóminas", en las que "se descuenta el alojamiento de los ingresos mensuales y no se tiene en cuenta los pluses de peligrosidad ni trabajo nocturno"; y advierten de "corrupción en las obras". "Se utiliza la mitad de fibra en la mezcla del hormigón de revestimiento del túnel por lo que la seguridad del túnel queda en entredicho mientras que otros elementos se ponen de más para poder cobrar los sobrecostes. Las fugas de aceite de las maquinas son constantes y se ocultan bajo tierra", aseguran.

Debido a estas condiciones, señalan, "hay muy pocos trabajadores que aguantan este ritmo de trabajo durante mucho tiempo por lo que hay un continuo circular de trabajadores".

Los colectivos que han participado en la rueda de prensa, denuncian estas condiciones, que ponen "en peligro constante la vida y salubridad de los trabajadores", que recuerdan, dicen, "las condiciones de esclavitud que deberían haberse erradicado desde hace muco tiempo. Los denunciantes apuntan a que en conjunto, se "han registrado 12 muertes laborales en las obras del TAV en toda Euskal Herria".

Por último, los firmantes de la nota y participantes en la rueda de prensa han denunciado "la responsabilidad de las administraciones, tanto estatales como autonómicas, en la ocultación de estas prácticas, ya que, aun siendo conscientes de ellas, siguen mirando para otro lado en total connivencia con las empresas".