“Ahora no hay serenidad política para suprimir los aforamientos”

¿Cuál es el origen de los aforamientos, por qué se introdujeron en el ordenamiento jurídico en primera instancia?

La idea original es proteger a personas en el ejercicio de cargos públicos. Lo que tiene sentido porque si no tuvieran ningún tipo de protección, se podría interrumpir permanentemente esa actividad por intereses espurios, políticos o de otra naturaleza. 

¿En qué lugar dejan los aforamientos el principio constitucional de igualdad ante la ley?

Ese es el gran argumento contra los aforamientos, aparte de las disfuncionalidades que generan. Si el artículo 14 de la Constitución habla de la igualdad de todos, todos es todos. Y si un tribunal cualquiera de los que aparecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial garantiza la tutela judicial efectiva, no hay una premium y otra normal. La igualdad no se respeta en un sistema en el que hay vías distintas en función de los cargos que se ostentan. 

Esta es una cuestión muy específica del sistema español, no tiene parangón en el resto de Europa.

No hay en absoluto ningún sitio donde sea comparable. Y de hecho en España se es consciente de que es así y hay comunidades como Murcia y Canarias donde se han suprimido los aforamientos, y en Extremadura, qué casualidad, se lo plantean ahora. 

Empieza a calar, por tanto, el rechazo a esta figura.

Lo mismo que yo hablo apasionadamente contra los aforamientos, es verdad que también hay gente que los defiende. Entonces, mientras esa discusión no se termine de agotar y no lleguemos a conclusiones, yo lo tengo claro pero hay quien tiene claro que no es tan malo.

En cualquier caso, eliminar esta figura no es nada sencillo, ya que se necesitan amplios consensos.

Las leyes que aprobaron los estatutos de autonomía son leyes orgánicas que necesitan una mayoría cualificada para su aprobación pero bueno, se puede hacer. Efectivamente necesitan de amplios acuerdos que en este momento es casi impensable que puedan producirse, sobre todo porque hay defensores que abogan por suprimir algunos pero también argumentan positivamente por mantener otros. 

Hay quien pone en duda que el aforamiento suponga realmente una ventaja ya que implica perder una instancia a la que recurrir.

En el caso de los aforados en el Tribunal Supremo es así porque por encima del Supremo no hay nadie, así que se les privaría de una instancia procesal que está garantizada para todo el mundo. Pero como pese a todo los aforados persisten, la percepción de la sociedad es que eso es un chollo, que no se terminan de hacer las cosas con transparencia y que no rige el principio de igualdad y justicia.

¿Qué propone para revertirlo?

La raíz última de todos los poderes del Estado es la legitimación del pueblo. Y los aforamientos son un flanco muy débil porque los ciudadanos perciben que alguien, “como es muy poderoso, va al Supremo y allí le hacen un trato especial”. Frente a eso la receta sería suprimirlos y que todos los ciudadanos tengan la misma responsabilidad y el mismo recorrido procesal una vez que su caso se judicializa.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha instado a España a reducir el número de aforados. 

Porque saben que hay mucha resistencia a suprimirlos. Reducir es la dirección adecuada, sin duda, pero una vez nos metemos en harina... Es una discusión que está por hacer, ha habido posicionamientos pero ahora mismo no hay la serenidad política suficiente para abordar este tema.

Casos como el de Miguel Ángel Gallardo en la Asamblea de Extremadura no contribuyen a mejorar la imagen de esta figura.

¿Por qué se quiere aforar a toda costa? ¿Por qué ha pisado a cuatro miembros de su propio partido? ¿Por qué lo han hecho todo en una semana? Será porque le dan un trato mejor, no porque le den un trato igual o peor. Es verdad que las altas esferas, las cúspides de los poderes participan en la designación de magistrados, etc., y parece que están dispuestos a sacar partido de eso, lo cual sería todavía peor. Dictar una sentencia no en base a la aplicación de la ley sino en vínculos o equilibrios estatales.

En la investigación judicial de la gestión de la dana en Valencia, el president Carlos Mazón se está librando de las actuaciones para impedir así que arrastre todo el caso a una instancia superior.

Y sería injusto. Eso pasó con el procés, los aforados arrastraron al resto porque si no, estarías tratando los mismos hechos en tribunales distintos y se genera el riesgo de que haya sentencias contradictorias por los mismos hechos. En ese caso, a esas personas no aforadas se les priva de su derecho a la tutela judicial efectiva en la medida que se les priva de un recurso frente a la sentencia condenatoria.