La Audiencia de Madrid ha apuntalado los indicios contra Cristina Álvarez, al respaldar investigar si "se sobrepasó" en el desempeño de sus "funciones públicas" como asesora de Begoña Gómez "para favorecer el plan delictivo" de la mujer del presidente del Gobierno español en un supuesto tráfico de influencias.
La Sección 23 de la Audiencia Provincial confirma en un auto la condición de investigada de Álvarez como posible partícipe en hechos que podrían constituir los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, si bien estima parcialmente uno de sus recursos y anula la declaración que prestó en diciembre de 2024 como testigo, que acabó desembocando un mes después en su imputación.
La resolución, fechada el 12 de junio, se conoce un día después de que trascendiese que el juez ha pedido formalmente al Tribunal Supremo que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presunta malversación y tráfico de influencias en torno al nombramiento de Álvarez.
"Clara y palmaria desviación de las labores"
El tribunal menciona en su auto que "una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público" respecto a la ayuda y acompañamiento institucional de la mujer del presidente del Gobierno español "puede haber sido voluntariamente utilizada, desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados".
"Y, lo que es más importante –continúa–, ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, que podría permitir inferir la solidaridad con la actuación de la principal investigada".
Esto, dice, "refuerza frente a terceros el carácter prevalente de la conducta" de Begoña Gómez, "apuntalando el áurea de indudable influencia que como esposa del Presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de la Moncloa podía tener toda su actividad privada".
"El plan delictivo"
Sostienen los magistrados que la investigación debe centrarse en si Álvarez se excedió en sus funciones "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez "en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
Esas funciones consistían en la gestión de la agenda o el correo de Begoña Gómez, y también en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente de Gobierno.
Conocer su registro de llamadas "resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención", apunta la Audiencia, que cree también que hay "datos indiciarios suficientes" de "la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía" Begoña Gómez, "lo que supondría una clara desviación del cumplimiento" de la función de Cristina Álvarez.
La amistad entre ambas es "otro dato más a considerar", siendo esta "la razón de su nombramiento", sirviendo a sus actividades privadas "lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados", zanja.
Con estos argumentos, la Audiencia Provincial respalda la imputación de Cristina Álvarez, aunque precisa que el juez debió motivarla más porque la fundamentación que hizo fue "sumamente reducida, por no decir, prácticamente, inexistente".
La presunta malversación
Al analizar el delito de malversación, reconoce el tribunal que un funcionario "ilícitamente destinado" a funciones privadas no puede cometer este delito –lo cometería quien lo destina o quien consiente esa decisión–. Sin embargo, apunta a su "connivencia o anuencia".
"Es decir, al tolerar ese ilícito comportamiento, quizá no esté cometiendo un delito de malversación, que solo cabría plantear en el caso de que cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada, pero sí es un elemento fáctico de la máxima transcendencia a la hora de poder acreditar su solidaridad con el plan del autor" y es clave para el posible tráfico de influencias.
En otra resolución, la Audiencia avala la decisión del juez de solicitar el registro de llamadas de Álvarez a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid, a entidades patrocinadores del máster o cátedra en la que participó Begoña Gómez o al empresario Juan Carlos Barrabés –también imputado–. No obstante, ordena excluir de esa información obtenida los hechos relativos al rescate de Globalia, o al África Center, como dejó claro en otras resoluciones.
