La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas en Navarra ha aprobado este miércoles su dictamen definitivo. El texto integra las conclusiones generales suscritas conjuntamente por el PSN, EH Bildu y Geroa Bai, además de las recomendaciones de futuro elevadas por estas tres siglas junto a Contigo-Zurekin. El texto será remitido al pleno de la Cámara para recibir su visto bueno definitivo en la sesión de la próxima semana.
Previamente al inicio de la sesión – la última que reúne al órgano parlamentario desde que arrancaron los trabajos el pasado mes de octubre– se sometió a votación la admisión a trámite de todos los documentos, uno por cada grupo parlamentario, además de los dos consensuados entre fuerzas progresistas. El voto negativo de UPN, PP y Vox fue insuficiente ante el respaldo mayoritario de las formaciones que sostienen al Ejecutivo. Por el contrario, el resto de las conclusiones aportadas individualmente por cada grupo fueron desestimadas, abriéndose un plazo que concluye este próximo viernes para mantenerlas como votos particulares, algo que previsiblemente ocurrirá en el caso de la derecha.
El dictamen definitivo de la comisión parlamentaria determina que, tras analizar la documentación y las comparecencias, no se ha acreditado la existencia de corrupción, sobornos o conflictos de intereses entre políticos, funcionarios y adjudicatarias. Respecto a los operadores económicos, el informe concluye que sus vínculos con investigados judiciales justificaban abrir el escrutinio en el Parlamento de Navarra, aunque los datos no permiten certificar un nexo causal con las adjudicaciones de la Administración foral. Asimismo, en el caso de la mesa de contratación de Belate, los parlamentarios, basándose en los testimonios recibidos, han descartado injerencias políticas en los votos o valoraciones, si bien el texto final deja constancia de comunicaciones y actuaciones impropias bajo el prisma de la buena administración que, no obstante, no habrían influido en el resultado de la licitación.
Por otra parte, el núcleo del dictamen ha constatado deficiencias procedimentales e irregularidades en expedientes específicos, centrando el foco en las obras de duplicación del túnel, donde se han detectado defectos formales, discrepancias en la interpretación de la normativa de contratos públicos y reparos explícitos de los órganos internos de control. Finalmente, el informe especifica que el no haber hallado pruebas de corrupción no supone una declaración taxativa de su inexistencia absoluta. Los grupos argumentan que una investigación parlamentaria posee limitaciones operativas y recuerdan que la determinación final de estos extremos corresponde en exclusiva a los órganos de la jurisdicción ordinaria.
Recomendaciones a futuro
Para subsanar las vulnerabilidades detectadas, el Parlamento de Navarra ha aprobado remitir un catálogo completo de recomendaciones dirigidas al Gobierno de Navarra, a la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), a la Cámara de Comptos y a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA), instando a su desarrollo reglamentario y legislativo. La propuesta central se articula en torno al diseño de un Plan de Integridad en la Contratación Pública, concebido para reformular los modelos de pliegos de condiciones y acotar estrictamente la discrecionalidad en los sistemas de valoración basados en criterios de apreciación técnica. Este plan contempla herramientas específicas para la detección temprana de conflictos de intereses y la clarificación explícita de los canales de comunicación permitidos entre los responsables públicos y las empresas licitadoras.
En el plano estrictamente normativo, la comisión ha propuesto acometer una modificación integral de la Ley Foral de Contratos Públicos. Las reformas planteadas persiguen blindar la independencia funcional de las mesas de contratación, unificar y simplificar los trámites del procedimiento y trasladar obligatoriamente todos estos mecanismos de control y transparencia al conjunto del sector público institucional foral. Asimismo, se ha recomendado dotar de una mayor asignación de recursos materiales y humanos a la Intervención y a todos los órganos internos de fiscalización, en paralelo a una optimización de las plataformas de contratación electrónica para garantizar de principio a fin la trazabilidad digital de los expedientes.
Por último, el dictamen insta a expandir los parámetros de publicidad activa y a consolidar la OANA como un eje preventivo esencial. Además, la resolución incorpora íntegramente las directrices del Observatorio de la Contratación Pública, ordenando la restricción drástica de las modificaciones contractuales posteriores a las adjudicaciones y la profesionalización continua de los gestores administrativos. Finalmente, se establece la implantación obligatoria de programas de cumplimiento normativo en todas aquellas corporaciones privadas que aspiren a contratar con las administraciones públicas de la Comunidad Foral.
