El Parlamento aprueba la comisión de investigación sobre adjudicaciones a Servinabar y Acciona desde 2011

La iniciativa, promovida por la mayoría progresista –PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin–, ha salido adelante casi por unanimidad, puesto que UPN, PPN y Vox han votado a favor. Maite Nosti, la parlamentaria no adscrita que abandonó Vox pero se resistió a dejar el acta, ha sido la única en votar en contra, dejando un resultado de 49 síes y un no.

Las propuestas presentadas por la derecha, que solo abarcaban la adjudicación de las obras de duplicación de Belate, han sido rechazadas. Geroa Bai se ha abstenido en la propuesta de UPN que también han apoyado PPN y Vox; UPN ha devuelto el apoyo a la propuesta de PPN y Vox, aunque en esta Geroa Bai se ha opuesto.

La comisión investigará un periodo que abarca los mandatos de Yolanda Barcina (UPN), Uxue Barkos (Geroa Bai) y María Chivite (PSN). Según el acuerdo, se centrará especialmente en los contratos en los que hayan podido participar personas físicas o jurídicas relacionadas con la Causa Especial 20775/2020, conocida como caso Cerdán, actualmente en instrucción por la Sección 4ª de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Estas son, de momento, Acciona y Servinabar.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha cargado duramente contra la presidenta del Gobierno foral, asegurando que “María Chivite no es víctima, es responsable”, en referencia a la adjudicación de contratos a empresas vinculadas al caso investigado. Ha recordado que su partido fue el primero en advertir sobre las “sospechas” que envolvían la adjudicación de las obras de Belate y ha acusado a la presidenta de adjudicar “76 millones de euros a Cerdán” con “muy poca vergüenza”. Esparza ha insistido en que el socialismo navarro está “en el epicentro de la corrupción en este país” y ha calificado la situación como una “crisis institucional” que debería conducir a la dimisión de la presidenta. “Navarra es portada nacional por corrupción y el Gobierno responde con silencio”, ha afirmado, asegurando que su grupo no va a cesar “hasta que se conozca toda la verdad”.

Por parte del PPN, su presidente Javier García ha acusado a Chivite de no querer asumir su responsabilidad en este asunto y ha criticado que “el principio de igualdad y transparencia no estuvo garantizado”, citando a la Cámara de Comptos. Ha lamentado que el Gobierno “ocultó información” a dicho órgano fiscalizador y ha advertido de que las sospechas sobre el Departamento de Cohesión Territorial “vienen de atrás y se sustentan en hechos que exigen explicaciones”. García ha criticado que durante meses dirigentes socialistas han atacado a jueces y periodistas, así como intentado desacreditar a la Guardia Civil, “pero no han podido, porque la verdad siempre tiene un camino”. Ha calificado al PSN como “zona cero de la corrupción ‘sanchista’” y ha reprochado a Chivite su actitud: “llora y se hace la sorprendida”.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha defendido la creación de la comisión como “un ejercicio de responsabilidad política e institucional”, en respuesta a la “cascada de informaciones” sobre posibles casos de corrupción. Guzmán ha subrayado que su grupo “ni ha tolerado nunca la corrupción ni la tolerará jamás”, y ha vinculado su existencia a “las políticas neoliberales que mercantilizan todo, incluso los valores”. Ha asegurado que la corrupción se ha enraizado “en el bipartidismo”, y ha pedido ser igual de exigentes con los políticos corruptos que con las empresas corruptoras. “Detrás de cada político corrupto hay una empresa corruptora, y no podemos seguir mirando para otro lado”, ha afirmado, abogando por “máxima contundencia también para los corruptores, por muchos apellidos ilustres que tengan”.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha defendido que “quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer” y ha subrayado que la comisión responde al compromiso de su grupo con la “transparencia, la rendición de cuentas y la ética”. Ha recalcado que la iniciativa “no busca generar espectáculo, sino esclarecer dudas” y que el sistema democrático navarro “funciona bien”, aunque siempre es posible “mejorar los recovecos que permiten fallos”. Unzu ha destacado que el objetivo de la comisión es “ampliar los márgenes del informe, no quedarse en ellos”, y ha señalado que no hay ningún documento que apunte a ilegalidades en las adjudicaciones del Ejecutivo foral. “Queremos luz y taquígrafos, lo queremos todo”, ha concluido.

Desde EH Bildu, su portavoz Laura Aznal ha mostrado su preocupación por “las informaciones muy graves” sobre el caso Cerdán y ha reivindicado que su formación “nunca ha estado salpicada por la corrupción”, algo de lo que se sienten “orgullosos”. Ha reclamado que se investigue “todo hasta el final, con rigor y honestidad”, y ha acusado a la derecha de actuar con “ansiedad y prisas”, lo que les ha llevado a cometer errores de forma. Aznal ha insistido en que la corrupción es “endémica” y ha reclamado también una respuesta firme contra “las empresas corruptoras, que permanecen en el tiempo”. Asimismo, ha criticado que el PP intente presentarse como adalid de la transparencia cuando, en su opinión, “es el partido más corrupto, con causas aún pendientes”.

Finalmente, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que su grupo mantiene “un compromiso político firme con la transparencia, la legalidad y la responsabilidad institucional”. Aunque ha señalado que el informe de la UCO no apunta a ilegalidades en Navarra, ha indicado que la información conocida “nos interpela a reaccionar” y que solo el control democrático puede restaurar la confianza ciudadana. Azcona ha destacado que el informe menciona “contactos anteriores a la llegada al Ministerio del señor Ábalos” y conversaciones entre Santos Cerdán y Koldo García desde 2013, así como una posible conexión con el proyecto de Mina Muga. Por ello, ha defendido que la comisión aborde “las cuatro últimas legislaturas” y ha recalcado que su grupo “va a trabajar con rigor y demostrar su compromiso con el buen gobierno”.