Parlamentos y medios de comunicación, ‘¿Una relación imposible?’

Las XXVII Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos (AELPA) han concluido este mediodía con una mesa redonda en la que, con el propósito de contextualizar la relación entre las cámaras representativas y los medios de comunicación, se ha recabado la opinión de cuatro destacados profesionales del periodismo local, todos ellos coincidentes a la hora de subrayar el carácter cercano y mayormente respetuoso de las dinámicas políticas propias de Navarra, también en el ámbito parlamentario.

Silvia Doménech, Letrada Mayor del Parlamento de Navarra, ha sido la encargada de introducir y acotar los términos del diálogo entablado entre Marcos Sánchez, Joseba Santamaría, Marta Alzugarai y Roberto Cámara, de cara a definir los vínculos profesionales precisos para dotar de mayor proyección a la información parlamentaria.

Joseba Santamaría, director de DIARIO DE NOTICIAS, ha negado la existencia de un problema de “desinformación” en Navarra, donde el sistema de medios “cumple las normas mínimas de la deontología profesional. Aquí llega de todo, lógico, pero no hay un panfleto digital reseñable, porque los que hay tienen una audiencia ridícula. Podemos presumir de contar con una sociedad bien informada, con un buen índice de lectura y, en general, de penetración de medios, en cualquiera de los formatos. En ese sentido, somos una pequeña comunidad que vive en una burbuja. Eso es clave, saludable” a nivel de comunicación.

En cuanto al Parlamento de Navarra como “fuente” informativa, Joseba Santamaría cree que “las cosas han cambiado mucho. Antes todo circulaba de una manera fluida y más natural, la relación entre periodistas y políticos era muy directa, porque pasaban muchas horas juntos. Ahora la información que generan los partidos es más controlada, más encapsulada. La sensación real es que llega muy poco a la sociedad, entre otras cosas debido al propio sistema de trabajo del Parlamento, que es contranatura”, afirma convencido.

Al hilo de lo apuntado, Santamaría aclara que “el problema del Parlamento de Navarra no es de sobreinformación, sino de sobredimensionamiento de los temas que se abordan. No puede ser que las mismas cuestiones se repitan cada sesión, cada semana, cada mes. En el Pleno de este jueves, sin ir más lejos, hubo cuatro preguntas idénticas —sobre los informes de la Oficina Anticorrupción —. Alguien tendría que detenerse a replantear ese modelo. En otra época se generaba información y opinión pública, ahora se debate todo mil veces. No es de extrañar que la actividad parlamentaria no trascienda”, corrobora.

Marcos Sánchez, redactor jefe de Diario de Navarra, ha defendido la labor de los medios en su papel de “intermediarios y transmisores de información veraz, al margen de la capacidad de cada periodista para manejar fuentes y conseguir información. La experiencia es muy importante en la elaboración de la crónica parlamentaria, facilita el criterio para distinguir lo cierto de lo incierto y el político fiable del que no lo es. Ahora mismo, más que de desinformación parlamentaria, hablaría de desorden informativo. Y los principales promotores, por no decir los únicos, son los propios parlamentarios”, ha asegurado.

En ese marco y a propósito del nuevo régimen sancionador establecido en el Congreso para reconducir los “problemas de convivencia entre políticos y algunos periodistas o supuestos periodistas”, Marcos Sánchez comienza por afirmar que la profesión “no puede estar representada por agitadores ni por mini webs de dudoso comportamiento. Todos los informadores que acceden al Congreso deberían ser periodistas. Con el nuevo Reglamento, que permite a los grupos parlamentarios designar una persona que coordine sus ruedas de prensa, llegará un momento en el que habrá más miembros de comunicación de los partidos que periodistas de medios. Es una situación muy cómoda para los políticos, que así pueden recitar sus discursos sin réplica, pero a la vez peligrosa”, ha significado.

Marta Alzugaray, periodista de RTVE, ha abogado por dotar a los Parlamentos de una voz “clara, propia y diferenciada”, de manera que sea posible “trasladar a la ciudadanía la importancia de las cámaras representativas en la vida democrática. Los parlamentarios tienen que ser conscientes de la institución que representan, de la necesidad de mantenerse fieles a las normas de respeto y cortesía, todavía más en tiempos de crispación política como los que nos toca vivir. Hay que evitar que los insultos o los enfrentamientos se conviertan en titulares, porque eso, en cierto modo, también es desinformación. Todos, instituciones, periodistas y ciudadanos, estamos llamados a una profunda reflexión sobre el modo en que informamos y sobre las fuentes a las que acudimos. Hay que diferenciar entre información y opinión y hay que enseñar a distinguir entre partidos y grupos parlamentarios”.

Roberto Cámara, director de Navarra Televisión, ha aludido al “interés real” de la ciudadanía para cuestionarse, “como sucede ya en la mayoría de las redacciones, cual es el modo más efectivo de acceder y contrastar la información. Ahora todo se complica porque los partidos políticos, cada cual con sus propios intereses, juegan a ser medios de comunicación. Venden información, juegan al titular. Nada que ver con la labor profesional de los medios, que filtran, analizan y contraponen. Sucede que, en comparación con las redes sociales, donde se juega al ‘y tu más’, la información suele ser aburrida. Entonces, partiendo de la base de que la información que difunden los medios es veraz, ¿de qué hay que hacerse eco, del conflicto o de la información?”.

En cuanto al ecosistema mediático de Madrid y, más en concreto, del Congreso, Roberto Cámara entiende que “es difícil que ese clima llegue a Navarra, donde la cortesía parlamentaria no está en duda. Las relaciones son buenas, en general, más allá de que a los partidos no les guste cómo se cuentan las cosas. No hay acoso en los pasillos, como ocurre en la Cámara Baja, y tampoco se practican las grabaciones ocultas, ni otro tipo de condicionantes” impropios.

Previamente, Ignacio Ordoki Guarch y Miguel Ángel Núñez Iriarte, letrados del Parlamento de Navarra, han ofrecido una conferencia sobre los retos jurídicos en relación con la cobertura mediática del Parlamento, una cuestión que, al parecer de ambos, aparece sujeta a “distintos intereses” que trascienden el ámbito de actuación de las propias cámaras.

“Luchar contra la desinformación exige aumentar el nivel de difusión de la información parlamentaria y eso pasa por adaptarse al nuevo entorno comunicativo, siempre desde el rigor. La solución es compleja, también desde el punto de vista jurídico, pues entran en juego derechos y libertados fundamentales”, han atestiguado Ordoki y Núñez.

También con anterioridad, Francisco Javier López, letrado del Parlamento de Canarias, ha expuesto su punto de vista sobre La veracidad de la información, las fake news y las reacciones ante la no veracidad de una noticia. Lo ha hecho advirtiendo, de entrada, que “no existe una definición constitucional de veracidad y que esta, concepto indeterminado, no equivale a verdad” axiomática, irrebatible.

A partir de ahí, metido de lleno en uno de los aspectos más significativos del ejercicio periodístico, López ha tratado de explicar que la veracidad solo acredita la diligencia en la verificación de la noticia. Ese celo profesional es lo que sitúa al comunicador bajo el paraguas constitucional, sin por ello acreditar, a efectos de responsabilidad, la certeza de su información. Ahí queda siempre un espacio abierto a la interpretación. Por lo tanto, esa salvaguarda no resulta extensible a quienes, de manera negligente o irresponsable, difunden como verdaderos hechos que no lo son.

La tercera y última conferencia ha corrido a cargo de Anna Casas Gregorio, letrada del Parlamento de Cataluña, que ha centrado su exposición en La vida parlamentaria y los medios. ¿Hacia un control parlamentario de los medios?

Casas ha manifestado que, en el actual panorama informativo, el problema empieza por definir “qué es un medio de comunicación” y continúa por establecer los “mecanismos de control”, incluidos los que atañen al “acceso de los periodistas a las sedes de las cámaras legislativas. Normalmente, la acreditación se vincula a los medios de comunicación social, institucionalizados, debidamente formalizados. La cuestión es que estos requisitos se han ido difuminando conforme han ido apareciendo actores comunicativos distintos, que también informan, como influencers, blogueros, etc. Aquí hay que ir con un poco de cuidado, porque el Tribunal Constitucional habla de la función informativa, lo cual significa que la denegación de acreditaciones puede ocasionar serios problemas constitucionales, como ya ha sucedido”, ha concluido.