Acciona asegura que el registro de sus sedes no presupone ninguna acción irregular

Acciona Construcción defiende que el registro de dos de sus sedes hoy, en Madrid y Bilbao, por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "no presupone que exista ninguna actuación irregular". Fuentes próximas a la compañía han dicho a EFE que la empresa ha facilitado toda la documentación requerida y señalan que han colaborado en todo momento con los agentes.

La UCO ha registrado este viernes las dos sedes de Acciona en el marco de una pieza secreta abierta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre el exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Acciona es la adjudicataria de varias obras públicas en las que la UCO puso el foco en la investigación del Supremo a Santos Cerdán y al exministro José Luis Ábalos, entre otros, por un presunto reparto de mordidas en adjudicaciones públicas.

A primera hora de la mañana, efectivos de la UCO han accedido al portal número 27 de la calle Alameda de Rekalde del centro de Bilbao, donde en su segundo piso está la sede de Acciona en la capital vizcaina.

Se da la circunstancia de que, en ese mismo portal de oficinas pero en el cuarto piso, tiene su sede el Partido Socialista de Euskadi.

Según fuentes próximas a la investigación, el registro se ha realizado de manera simultánea al que se ha desarrollando en la sede de la empresa Acciona en Madrid, en el marco de una pieza secreta abierta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Al margen de Acciona, han acudido a otra empresa con sede Sevilla en este caso por un requerimiento de información, según añaden las citadas fuentes. También se ha hecho lo propio en otras dos mercantiles con sede en Donostia.

Informe de la UCO

El informe de la UCO que derivó en la dimisión de Santos Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE --y que está en prisión provisional-- apuntaba a posibles irregularidades en adjudicaciones de obra y al cobro de comisiones junto con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.

En dicho informe, los agentes de la Guardia Civil sostenían que la operativa investigada por el Supremo habría comenzado en Navarra, área de influencia de Cerdán y Koldo García, quienes tenían "una estrecha relación" a cuenta de la política local; y en el año 2015, desde cuando la UCO observa "una continuidad temporal" en las relaciones de Koldo García con Acciona.

La UCO señaló como punto de partida "una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón" que "contrató los servicios de Acciona" en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con "otra pequeña mercantil, Servinabar". A raíz de ese informe, el Supremo recabó información para analizar varias UTE de Acciona con empresas de menor entidad.

Cabe recordar que Cerdán permanece en prisión provisional desde el pasado 30 de junio como presunto cabecilla de la trama de obra pública del 'caso Koldo', aunque el magistrado instructor, Leopoldo Puente, ya ha anticipado en varios autos que prevé ordenar su puesta en libertad antes de que agote el plazo legal de seis meses, que vence el 30 de diciembre. Antes, quedaba asegurar algunas pruebas, indicó.

Ábalos y Koldo, a un paso de juicio por la presunta trama de mascarillas, permanecen en libertad pero con medidas cautelares, las mismas que el Supremo impuso al exdirectivo de Acciona Fernando Merino y al dueño de Servinabar, Antxon Alonso, "amigo" de Cerdán: prohibición de salida del país, con entrega de pasaporte, y obligación de comparecer cada quince días en sede judicial. 

Pieza separada de la investigación

Según las fuentes, se trata de una pieza separada a la investigación que dirige el magistrado contra Santos Cerdán y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, entre otros, por un presunto reparto de mordidas en adjudicaciones públicas.

El ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán lleva en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, investigado por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. A lo largo de la causa, los investigadores de la UCO han puesto el foco en varias obras públicas de la constructora Acciona.

Al enviar a prisión a Santos Cerdán, el juez resaltó las obras adjudicadas a Acciona que estarían bajo sospecha, de unos 537,2 millones de euros, y sostuvo que "el botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para" Ábalos y Koldo García se sitúa en torno a un millón de euros.

Destacó el "elocuente denominador común" de las obras presuntamente amañadas en diferentes provincias (Logroño, Sevilla, Murcia, Barcelona): todas fueron adjudicadas a Acciona Construcción, que concurría en UTE con empresas de menor envergadura, sin que en ningún caso la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, sino que fue favorecida por criterios de valoración subjetiva. El magistrado requirió a esta empresa los expedientes de adjudicación de cinco obras licitadas por Adif y la Dirección General de Carreteras en Logroño, Barcelona, Sevilla y dos en Murcia.

Entre las adjudicaciones investigadas figura el proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla, en el que Koldo García, y "especialmente" Santos Cerdán, según la UCO, tendrían interés.

Y en relación a una de las cooperativas a las que ha acudido este viernes la UCO, Noran, aparece en el informe policial que derivó en la imputación de Cerdán, quien tendría poder de decisión sobre la misma.

Según la UCO, esta cooperativa la habría constituido el exasesor ministerial Koldo García junto a Antxon Alonso, administrador de otra empresa, Servinabar, y vinculado a Cerdán. También está investigado en el Supremo. Ambas empresas estaban vinculadas a la ejecución del proyecto Mina Muga, según la UCO, que destacó en un informe que Noran recibió 360.165 euros de Servinabar.