Miguel Izu propone reformar el Amejoramiento para limitar el poder presidencial

El jurista Miguel Izu ha planteado una revisión amplia del funcionamiento del régimen institucional y territorial de Navarra, con el objetivo de actualizar la arquitectura foral y adecuarla a las necesidades actuales. En su análisis, ha defendido que el régimen parlamentario atraviesa una “crisis de funcionamiento” y que los sistemas europeos, incluida Navarra, han derivado hacia modelos “excesivamente presidencialistas”, lo que a su juicio exige reformas estructurales.

Izu ha puesto el foco en el desequilibrio que, en su opinión, se ha generado entre el Parlamento y el Gobierno, especialmente por la potestad del presidente para disolver la Cámara de manera discrecional. Ha defendido la eliminación de la facultad del presidente para convocar elecciones anticipadas, al considerar que “rompe el equilibrio institucional”. Como alternativa, propone reemplazarla por causas objetivas, entre ellas la falta de aprobación de los presupuestos.

En esa línea, plantea la introducción de una disolución automática del Parlamento cuando las cuentas públicas no salgan adelante, una medida que, según sostiene, debería recogerse tanto en la Constitución como en la Lorafna. Esta modificación, afirma, devolvería estabilidad y coherencia al funcionamiento parlamentario.

Izu ha planteado además que la iniciativa para reformar el Amejoramiento debería corresponder al propio Legislativo foral, y ha criticado que, en la situación actual, “el Parlamento de Navarra tiene la iniciativa para arrancar una reforma constitucional pero no para la Lorafna”. A su juicio, esta limitación carece de sentido y debería corregirse. Asimismo, ha defendido que cualquier eventual reforma del autogobierno “debería someterse a referéndum”, al tratarse de una norma fundamental del autogobierno foral.

Entre sus propuestas figura la supresión del aforamiento, una institución prevista en los artículos 14 a 27 de la Lorafna que considera “obsoleta” y ya eliminada en otros estatutos autonómicos. En el caso navarro, recalca, podría suprimirse sin requerir una reforma constitucional.

Además, ha defendido la necesidad de precisar y limitar el uso del decreto ley, al denunciar un “abuso generalizado” por parte de gobiernos de distinto signo. Propone concretar jurídicamente qué debe entenderse por “extraordinaria y urgente necesidad” para evitar que esta figura se utilice en situaciones ordinarias.

Organización territorial

En el ámbito territorial, Izu ha llamado la atención sobre la situación de las facerías y otros espacios que, pese a sumar unos 787 km², no están adscritos a ningún municipio navarro. Recuerda que la Ley Foral de Administración Local ordenó resolver esta situación hace 35 años, pero sigue sin aplicarse. Esta falta de integración genera problemas administrativos, entre ellos su no adscripción a ninguna zona lingüística, lo que complica la regulación de topónimos y señalización. Para resolverlo, propone aprobar una ley que incorpore esos territorios a los municipios limítrofes, poniendo fin a un vacío histórico.

En cuanto a la organización interna, plantea suprimir la referencia a las merindades por considerarlas una división sin utilidad en la Navarra actual. En su lugar, apuesta por desarrollar un sistema comarcal, ya previsto en la normativa pero no aplicado “por falta de voluntad política”.

Finalmente, Izu propone reformar el artículo 9 del Amejoramiento para establecer la cooficialidad del euskera en todo el territorio, superando el actual sistema de zonas lingüísticas. Esta reforma, sostiene, permitiría homogeneizar el marco legal y garantizar los derechos lingüísticos con independencia del municipio de residencia.