Hay una clave que subyace en toda esta crisis: ¿de dónde viene la necesidad de pagar 8,5 millones más? Hasta ahora, la versión oficial del consejero Chivite situaba el origen de los sobrecostes en la imprevisibilidad de la obra y en los “requerimientos impuestos por entidades externas, como el departamento de Industria del Gobierno de Navarra y las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y el Cantábrico”, tal y como justificó en rueda de prensa a finales de julio, donde también citó a la Delegación del Gobierno como el organismo que empezó a pedir requerimientos, el primero a la sección de Minas del departamento de Industria.

El informe de la Intervención General ha descartado tanto la imprevisibilidad como esos supuestos requerimientos externos, y sitúa el origen en una petición de la constructora en mayo de 2024, antes incluso de empezar algunos trabajos.

No puede ser más claro un párrafo del informe que dice: “Así, las razones que llevaron a proponer una modificación del proyecto, por parte de la contratista, no se deben ni a cuestiones de inviabilidad técnica, ni a requerimientos imperativos de la autoridad minera [que depende de la consejería de Industria] ni a circunstancias que surgieran de forma imprevista una vez iniciada la ejecución (hay que recordar que en el mes de mayo todavía no había comenzado la excavación del túnel), sino que todo tiene su origen en el estudio que realiza la constructora y elaborado por su asesoría técnica, TAT”.

Reconstrucción desde mayo de 2026

Esto lo dice el interventor a cuenta de dos puntos muy concretos de los sobrecostes: la propuesta para modificar la excavación del túnel y el sostenimiento, lo que se ha venido a conocer como las cerchas. El interventor reconstruye todo el proceso desde el 16 de mayo de 2024, cuando “la adjudicataria [inicialmente Acciona-Servinabar-Osés] presenta a la dirección de obra” un informe elaborado por la asesoría TAT en el que propone cambiar el modelo constructivo y las cerchas. En un principio, la adjudicataria no puso en duda que el proyecto pudiera realizarse con una excavación que alternara el método de sección completa con el de avance y destroza. Es después cuando la adjudicataria propone cambiar la excavación solo a avance y destroza.

Esto tiene su miga por dos razones. En primer lugar, porque lo que en principio iba a reportar un ahorro de casi cuatro millones de euros, termina costando 1.042.319 € más de lo previsto.

En segundo lugar, porque durante el proceso de adjudicación una de las empresas, FCC-Amenabar, ya había previsto que el método que combinaba sección completa con avance y destroza iba a generar problemas. También Ferrovial, otra de las empresas que concurrió, advertía en su oferta que el método de excavación propuesto en el proyecto pasaba por ser una práctica “que no es habitual en nuestro país”. Lo cierto es que no presentar dudas benefició a la adjudicataria, que obtuvo mejor puntuación que FCC-Amenabar y Ferrovial.

La cosa es que ese informe de 16 de mayo de 2024 permite en última instancia aprobar el sobrecoste. Ahí figura que la modificación del método constructivo y la sustitución de cerchas “tienen su justificación en la solución integral adoptada por la sección de Minas”. El interventor consulta a dicha sección y lo que le responde Minas es que los cambios no se hicieron por sus requerimientos, sino que habían sido previstos y plasmados por la UTE en un estudio con mucha anterioridad a que Minas emitiera su primer requerimiento en junio de 2025.

Esto lo ratificó el propio redactor del informe, el ingeniero Javier Ruiz Echeverría, durante su comparecencia en la comisión del Parlamento, allí donde el ingeniero Ignacio Irujo, de la Delegación, descartó que su informe tuviera nada que ver con el sobrecoste de la obra porque se limitó a la autorización del uso de explosivos.

Algo similar ocurre con las cerchas. La propuesta de 16 de mayo de 2024 plantea sustituir un tipo de cerchas por otras pese a que, en principio, las inicialmente previstas servían a pesar de que cambiara el modelo constructivo del túnel.

Minas lo aclara

El informe justificativo vuelve a decir que el cambio de las cerchas viene motivado por un requerimiento de Minas, aunque la sección aclara al interventor que “la modificación relativa al sostenimiento del túnel no puede tener su origen en los requerimientos de esta sección”, porque nuevamente la UTE ya tenía el cambio previsto con anterioridad al primer requerimiento al servicio de Minas. Por eso el interventor concluye que “queda claro que la justificación de esta modificación tampoco es la imprevisibilidad derivada de los requerimientos y prescripciones de la autoridad minera”. De ahí que el informe concluya que, en todo caso, el cambio de sostenimiento venga motivado “por una cuestión de conveniencia”.

Con las cerchas también ocurre que el cambio conllevó una modificación del precio en forma de suplemento. En el informe justificativo, la dirección de obra argumenta que viene motivado por el mayor coste que supone llevar las nuevas cerchas al frente de la excavación. Intervención dice que el hecho de tener que llevarlas a ese frente no justifica un suplemento de casi el 50% del precio porque en las circulares de precios del departamento se explicita que el precio de referencia es “independiente del lugar de cancelación”. 

El polvorín no era imprevisible porque figuraba en los planes de ofertas que resultaron perdedoras

Otro punto cuestionado por la Intervención General tiene que ver con la instalación de un polvorín, un lugar con unas condiciones muy especiales donde almacenar los explosivos necesarios para hacer el túnel. La adjudicataria “optó por comprometerse” por una modalidad llamada “micropolvorines de explosivos”, una fórmula que gustó a la mesa de contratación y que hizo la oferta de la adjudicataria más competitiva, por ser una opción más barata, deduce el interventor.

Lo que pasa es que más tarde, el informe justificativo de la dirección de obra ve “inviable” la fórmula que había propuesto por la cercanía de la carretera N-121-A y la boca norte del túnel, y manifiesta que necesitará un polvorín enterrado. Además, dice que esto es “imprevisible”, porque la evaluación de la ubicación del polvorín se realiza durante la fase de ejecución”, no en la fase de redacción del proyecto constructivo.

El informe del interventor supone que la oferta económica de la adjudicataria fue más competitiva que la de otros licitadores que optaron por prever la instalación de depósitos de explosivos de mayores dimensiones.

Y pone un ejemplo: Ferrovial ya preveía en su memoria técnica la necesidad de contar con depósitos de explosivos, en lugar de minipolvorines y, en segundo lugar, la necesidad de tener en cuenta las distancias a nucleos. “Será necesario realizar un estudio de campo para concretar su posible ubicación en cumplimiento de las distancias exigibles a núcleos de población, complejos industriales, líneas de comunicación y transportes”, cita el interventor de la memoria técnica de Ferrovial. Por lo tanto, en lo referido al polvorín, el interventor rechaza el argumento de la imprevisibilidad del informe justificativo porque “no queda acreditado en el expediente circunstancia alguna que haga pensar en ello”. Además, el interventor recuerda que cualquier modificación en el sistema de almacenamiento e explosivos sobre la ofertada por el contratista debe ser por su cuenta, pues así viene obligado en el pliego.