La Comunidad de Madrid demanda al programa 'Mañaneros' de RTVE
La causa es un rótulo que vinculaba al Ejecutivo regional con el Ilustre Colegios de Abogados de Madrid y su papel en el juicio contra el fiscal general
El Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto una demanda civil contra el programa 'Mañaneros' de RTVE por la emisión de un rótulo que vinculaba una subvención de la Comunidad de Madrid al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con el papel de esta institución como acusación contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Comunidad de Madrid, tras la encomienda al Abogacía General de la Comunidad de Madrid para ejercer acciones ante la Jurisdicción Civil contra el programa, según consta en el listado de acuerdos del Consejo de Gobierno.
El rótulo fue emitido el pasado 1 de diciembre y decía: "Ayuso premia a la acusación contra el fiscal. Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal y, después, licencia para convertirse en universidad”.
Ese último punto hacía referencia a la constitución de un centro universitario del ICAM, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
"Ha cumplido con la normativa vigente"
Ese mismo día, el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, envió una carta al codirector de 'Mañaneros', Pablo del Pozo, explicando que la tramitación del centro universitario comenzó en 2023 y que “ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente”, con “todos los informes favorables”.
Sobre la subvención, el consejero recordó que corresponde al abono por la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio que la Comunidad de Madrid presta desde 2003 a los colegios profesionales, incluido el ICAM.
Según la misiva, cualquier intento de vincular ese abono con otras circunstancias responde, a su juicio, a un “deseo de desinformar y confundir”, un intento de “desprestigiar a la Comunidad y al ICAM” y de justificar la actuación del fiscal general del Estado. Por ello, el Ejecutivo exigió al programa la “inmediata rectificación” de la información, calificada de tendenciosa y no ajustada a la verdad. Ante la ausencia de rectificación, se ha procedido a interponer la demanda civil.
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