El Supremo interroga este lunes a un exdirectivo de Acciona en el 'caso Koldo' por presuntos amaños de obra

García Alconchel, que continúa en la constructora pero fue suspendido de sus funciones el pasado 18 de noviembre a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estaba citado en un principio para el pasado 3 de diciembre junto a los también exdirectivos Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte. Sin embargo, el instructor aplazó su comparecencia a este lunes por motivos de salud de su defensa.

El magistrado le citó por su presunta vinculación con las obras públicas que la constructora logró en UTE con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la supuesta trama de amaños en esas licitaciones a cambio de mordidas y de la que --según la UCO-- Cerdán sería dueño al 45%.

La Guardia Civil llamó la atención en su informe sobre el acuerdo marco que firmaron Acciona y Servinabar en 2015, a los pocos días de constituirse esta última, para "explorar futuras oportunidades de negocio" y por el que la segunda mercantil se llevaría un 2%.

Vicente Pelegrini y Olarte aseguraron en sus respectivas declaraciones como investigados que el 2% que recibía Servinabar en virtud de dicha alianza era una cantidad habitual para los servicios de prevención de riesgos laborales que se encargaba de prestar. No obstante, precisaron que no era una cantidad fija, sino un límite a los beneficios que podía obtener dicha empresa de su UTE con el gigante de la construcción. Y, además, insistieron en que los servicios facturados se prestaron por parte de ambas compañías.

Tras escuchar sus versiones, el magistrado --a petición de la Fiscalía Anticorrupción-- acordó prohibirles salir del país, les retiró los pasaportes y les impuso la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial, al considerar que hay indicios suficientes de que podrían haber cometido presuntos delitos de cohecho e integración en organización criminal.

Así las cosas, no se puede descartar que, tras la comparecencia de García Alconchel este lunes en el Supremo, el instructor estudie también si le impone o no medidas cautelares.   

La UCO dice que firmó documentos suscritos por Servinabar

En el caso de García Alconchel, los agentes avisaron al instructor de que figura como firmante de los Memorándum de Entendimiento (MoE) que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de las mencionadas adjudicaciones. Y señalaron a su vez que aparecía también relacionado con la obra para el puerto de Kenitra (Marruecos) a la que optaba Acciona.

Según el informe, Cerdán se incorporó 'in extremis' a un viaje oficial que hicieron el ex ministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García en 2019 en el marco de una delegación del Ministerio de Transportes a fin de intervenir en ese asunto.

Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden "al menos" a 6.707.294,67 euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903,18 euros.

Respecto a los ingresos ajenos a Acciona, que cuantifican en 2.196.608,51 euros --el 24,67% restante--, exponen que proceden principalmente de transferencias o recibos de otras sociedades, servicios de "confirming" de los que no ha sido posible identificar la sociedad o proyecto de origen y suscripción de préstamos.

En cuanto a la salida de fondos en estos diez años, la UCO estima que fueron 9.701.121,96 euros, especificando que la mayoría de los adeudos --4.058.588,05 euros y el 48,79% del total-- son transferencias a personas físicas y jurídicas, pagos de otros gastos o recibos, operaciones bancarias y de tarjetas y otros gastos, cheques y comisiones, por encima del pago de nóminas (20,98%), de impuestos (28,42%) y transferencias a Acciona (1,80%).

"La Paqui"

La Benemérita identifica como claros beneficiarios de la presunta trama a Cerdán y su familia, mediante el cobro de nóminas, el pago de alquileres --incluida la hasta hace poco vivienda familiar en Madrid--, y una tarjeta de crédito de la que gastaron más de 33.000 euros. "La Paqui, le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", llegó a decir Alonso a su mujer sobre la esposa del exdirigente socialista.

Acciona Construcción ha negado el pago de comisiones a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial, indicando que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo para la compañía como consecuencia de la actuación de los investigados o de cualquier otro.

Santos Cerdán ha acudido este lunes, por segunda vez desde que salió de prisión, al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla, en Navarra, para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Cerdán ha llegado en coche poco después de las nueve de la mañana a los juzgados, con mucha mayor expectación que hace quince días, cuando lo hizo por primera vez.

"Dar la cara"

El exsecretario de Organización del PSOE ha sostenido a su salida del Juzgado que dará la cara "cuando tenga que darla". En esta ocasión, a diferencia de hace quince días, eran numerosos los medios de comunicación que le esperaban y que han intentado que el exdirigente socialista respondiera a cuestiones relacionadas con las últimas investigaciones de la UCO y con su comparecencia en el Senado esta semana.

En concreto los periodistas le han preguntado si sabía algo de "los amaños de la SEPI", a lo que no ha contestado que "nada". Cerdán se ha montado en el coche que le esperaba en la puerta del Juzgado y sin responder a nada más, ha pedido con enfado que le dejaran cerrar la puerta del coche.

Sin lograrlo, el vehículo ha arrancado, lo que ha dado lugar a algún golpe sobre los trabajadores de los medios de comunicación, y tras un "no me dejan cerrar la puerta", la ha cerrado y ha salido en coche de Tafalla.

Este lunes, la expectación era mayor también entre la ciudadanía, ya que una decena de personas esperaban la llegada de Cerdán, a quien han gritado "corrupto" o "sinvergüenza". Cerdán reside en Milagro, su localidad natal desde que el pasado 19 de noviembre desde que salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid).

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó su puesta en libertad al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él. Así lo recogió en un auto en el que le impuso como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.