Anticorrupción mantiene que la adjudicación de Belate es “nula” por un procedimiento “viciado”

Iván Razquin ha avalado este martes en el Parlamento de Navarra las conclusiones de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción sobre la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate y ha denunciado un procedimiento “viciado” en el funcionamiento de la mesa de contratación. El director del servicio de investigación, inspección y régimen sancionador de la Oficina ha comparecido en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas y ha reiterado que el sistema de valoración empleado en este expediente vulneró los principios de imparcialidad y transparencia.

Durante su intervención, Razquin ha señalado que el problema radica en que el presidente de la mesa de contratación disponía de más información que el resto de miembros antes de emitir su valoración. Según ha explicado, los técnicos entregaban sus puntuaciones directamente al presidente, Jesús Polo, lo que le permitía conocer previamente las votaciones del resto de integrantes del órgano. “Yo creo que el procedimiento está viciado porque una persona tenía más información que las demás. Eso es algo que ya se ha repetido muchas veces en esta comisión. Si una persona tenía más información que las demás, el procedimiento estaba viciado”, ha advertido.

El responsable de investigación ha insistido en que este modo de proceder no se ajusta a los estándares de funcionamiento de una mesa de contratación pública. “Lo que ha pasado no es normal. Que luego sea delictivo o no, eso ya corresponde a otras entidades”, ha señalado durante el turno de preguntas de los grupos parlamentarios, subrayando que la Oficina se ha limitado a analizar el cumplimiento de la normativa administrativa.

En ese sentido, ha conectado su diagnóstico con los informes elaborados por la Oficina de Buenas Prácticas, que ya declararon que la adjudicación de las obras de Belate es “nula de pleno derecho”. A su juicio, el hecho de que el presidente recibiera previamente las valoraciones del resto impedía garantizar que todos los miembros de la mesa actuaran con la misma información disponible. “No se garantizaron los principios de imparcialidad y de transparencia. Todos no han tenido la misma información”, ha remarcado.

Razquin también ha cuestionado por qué se adoptó ese sistema en lugar de otros procedimientos habituales en la contratación pública. En su intervención ha planteado que las puntuaciones podrían haberse entregado al secretario de la mesa, Lorenzo Serena, que ejerce como fedatario público, para que las custodiara hasta el momento de la deliberación conjunta. “¿Qué necesidad tenía el presidente de tener los votos de los demás?”, se ha preguntado, añadiendo que tampoco consta que los informes técnicos estuvieran firmados con fecha para acreditar cuándo se elaboraron.

Valoración técnica frente a económica

El compareciente ha puesto además el foco en la duración del proceso de valoración técnica. Aunque ha reconocido que un contrato de la envergadura de los túneles de Belate puede requerir más tiempo que otras obras de menor complejidad, ha considerado anómalo que la mesa de contratación permaneciera activa durante más de tres meses. “Que pase esto no es normal y por eso se está investigando”, ha indicado.

Preguntado por los grupos sobre la existencia de comisiones ilegales o tratos de favor, Razquin ha marcado una línea nítida entre las irregularidades detectadas y la corrupción penalmente relevante. “He visto ilegalidades administrativas, no me corresponde a mí decir si ha habido corrupción. Yo no lo he detectado”, ha señalado, en términos muy similares a los utilizados la semana pasada por la directora de la Oficina, Edurne Eginoa, que también distinguió entre vicios del procedimiento y la ausencia de indicios claros de delito.

El responsable de investigación ha recordado que el mandato de la Oficina es analizar riesgos de corrupción, conflictos de interés y el cumplimiento de la Ley Foral de Contratos, mientras que la eventual calificación penal corresponde a la Fiscalía y a los tribunales. En ese marco, ha reiterado que “me ratifico en los informes que hicimos en los que dijimos que la adjudicación de Belate era nula de pleno derecho”.

El papel del presidente y del secretario

Una parte relevante de la comparecencia ha girado en torno a las responsabilidades internas dentro de la mesa de contratación, especialmente las del presidente y del secretario. Razquin ha descrito un órgano colegiado que funcionó sin reuniones presenciales formales, sin actas detalladas de deliberación y sin un control jurídico efectivo durante fases clave del expediente. “La deliberación de la mesa de contratación de Belate no fue adecuada en los términos legalmente previstos”, ha resumido.

Según ha explicado, aunque los participantes pudieron expresar libremente su opinión —“de hecho, la manifestaron”—, el funcionamiento del órgano no se ajustó a las garantías que exige la normativa. En este contexto, ha recordado que los votos particulares emitidos por tres miembros jurídicos de la mesa son una figura prevista en la Ley Foral de Contratos y que permiten dejar constancia formal de discrepancias dentro del proceso de adjudicación.

“El presidente ejerce funciones de dirección o de ‘policía’ de la mesa, pero quien controla jurídicamente es el secretario”, ha explicado Razquin, que ha reprochado la falta de reacción ante unas prácticas que, a su juicio, vulneraban la normativa. “El secretario tenía que haber advertido que había cosas que no se estaban haciendo bien y ponerlo en conocimiento del presidente, porque el presidente es la máxima autoridad en la mesa”, ha añadido.

El director del servicio de investigación ha ido más allá al afirmar que, de haber ocupado él esa función, habría dejado constancia expresa de esas irregularidades en los votos particulares. “Si yo hubiera sido el secretario de la mesa, habría reflejado que las deliberaciones se habían hecho sin reuniones formales, sin actas, etcétera”, ha señalado.

Ratificación de los informes de la Oficina

Razquin ha aprovechado la sesión para defender el alcance de los informes elaborados por la Oficina a petición del Gobierno foral y del Parlamento, que analizaron varios expedientes de contratación pública de esta legislatura, entre ellos los relacionados con obras adjudicadas a Acciona, Servinabar o Alegure. Según ha explicado, estos documentos tienen como objetivo examinar el cumplimiento de la legalidad administrativa y detectar posibles riesgos en los procedimientos.

En este sentido, ha subrayado que la Oficina no ha llevado a cabo una investigación formal con apertura de expediente, sino la elaboración de un informe técnico a partir de la documentación remitida por los departamentos del Ejecutivo. De haberse iniciado un procedimiento de investigación, ha detallado, se habría abierto un expediente con resolución de inicio, plazo de alegaciones para las partes implicadas y posteriores informes provisionales y finales antes de adoptar una resolución.

“En el informe se analiza sobre todo si ha habido un cumplimiento de la legalidad o en su caso de los reglamentos, por eso se llaman cumplimientos normativos. El verdadero carácter de estos informes es informar del estudio que se ha hecho de los expedientes, nada más”, ha explicado.

En la misma línea, ha salido al paso de las críticas sobre una supuesta invasión de competencias de la Cámara de Comptos. “No hemos invadido competencias de la Cámara de Comptos. La Cámara de Comptos no había analizado el funcionamiento de la mesa de contratación. Ese aspecto quedaba fuera de su auditoría. Nosotros analizamos precisamente ese punto”, ha defendido.