El exministro Cristóbal Montoro, a quien un juez atribuye un "rol nuclear" en una supuesta trama acusada de reformar leyes para beneficiar a empresas gasistas a cambio de dinero, se ha escudado en un informe de la UCO para alegar que no hay indicios en su contra, más allá del "olfato" y la "fabulación" de la Fiscalía.

Así lo sostiene Montoro en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide que se anule la prórroga de la causa en la que está imputado, acordada en enero del pasado año por parte del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, ya que cree que no estaba justificada debido a la "absoluta falta de indicios" en su contra.

"Tras siete años de investigación -durante la práctica totalidad de los cuales la causa ha permanecido secreta-, y contando con la intervención de la UCO (de la Guardia Civil), la Agencia Tributaria (AEAT) y los Mossos d'Esquadra, el resultado no ha sido otro que la más absoluta nada", subraya.

Las "sospechas infundadas" de la Fiscalía

Según asegura Montoro en el escrito, "no existe un solo indicio que apunte hacia la comisión de los delitos investigados, los cuales permanecen exclusivamente en el plano de las sospechas infundadas del Ministerio Fiscal".

En este sentido, Montoro resalta las conclusiones de la UCO de la Guardia Civil en un informe de febrero de 2025, que no detectó en Equipo Económico una "operativa diferenciada o destacable" en relación con los fondos ingresados por gasistas en comparación con otras empresas y que determinó que los fondos que ingresaron fueron usados para cubrir pagos operativos habituales, impuestos y gastos personales, "sin que se haya identificado una derivación".

Para Montoro, resulta "llamativo" que, a la vista del resultado de estas diligencias de investigación durante más de siete años, la decisión del juez haya sido imputarle, "cuando lo procedente habría sido acordar el sobreseimiento libre".

En este sentido, Montoro carga contra la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que, pese a que no existe ningún indicio "más allá de su "olfato", sostiene que el exministro con José María Aznar y Mariano Rajoy, podría haber percibido comisiones por "facilitar la aprobación" de normas para beneficiar a las gasistas.

"Sin embargo, más allá de la fabulación del Ministerio Fiscal, no hay absolutamente nada que respalde tales sospechas. Antes al contrario, las investigaciones practicadas únicamente han puesto de manifiesto una situación patrimonial absolutamente normal de Montoro y la inexistencia absoluta de elementos que permitan inferir la percepción de comisiones por su parte", apunta el escrito.

Una "práctica habitual" en gobiernos de cualquier signo

De hecho, Montoro, que se dio de baja del PP al trascender su imputación por este caso, remarca que "constituye práctica habitual en gobiernos de cualquier signo político que asociaciones, grupos empresariales, ciudadanos o colectivos afectados por circunstancias de diversa índole trasladen a miembros del Gobierno sugerencias de reformas normativas que resultan de interés para sus representados".

Son propuestas, añade el escrito, que en numerosas ocasiones se materializan en la aprobación o modificación de normas que recogen tales intereses, "sin que jamás se haya cuestionado que dicha práctica constituya conducta corrupta o criminal ni, en los términos empleados por el Ministerio Fiscal, una privatización del poder legislativo".

Según Montoro, la instrucción de este caso "pivota exclusivamente" sobre unos hechos sin relevancia penal, en los que no tuvo más participación que la de ser ministro de Hacienda y sobre unas sospechas que residen en la "convicción" de la Fiscalía, sin que se encuentren "respaldadas" por ningún indicio.

El exministro subraya que la acusación en su contra se centra en su papel en la aprobación de dos normas concretas que supusieron la rebaja fiscal para empresas, entre otras del sector gasista, y las sospechas de que pudo haber cobrado comisiones a cambio.

Un plan del Gobierno del PP para rebajar impuestos

Más allá de insistir que fueron normas aprobadas por el Congreso, Montoro apunta que estas dos rebajas fiscales se aprobaron en un momento en el que el Gobierno "estaba acometiendo un plan de reducción de la carga impositiva de todas las empresas del país (rebajando el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades) como proyecto de política tributaria para contribuir al fortalecimiento de la recuperación económica que ya estaba viviendo España en 2014".

"A efectos penales, resulta irrelevante que dicha reforma normativa fuera impulsada desde el Ministerio de Hacienda, como lo es que interesara o incluso fuera sugerida por determinadas asociaciones del sector gasista, como lo es, en fin, que las propuestas del sector fueran trasladadas al Ministerio por personas relacionadas con el despacho Equipo Económico", indica.

Según el escrito, Montoro desconocía que estas "pequeñas reformas en un conjunto mucho más amplio y ambicioso" hubieran sido propuestas al ministerio a través de miembros de Equipo Económico y, aunque lo hubiese sabido, precisa, tampoco sería delictivo.

Lamenta que se cuestione su honorabilidad

Montoro también denuncia la "absoluta parálisis" de la instrucción, en que cree que se han vulnerado sus derechos, en una causa que ha estado siete años bajo secreto -"situación sin precedentes en la historia judicial española", lamenta-, lo que le provoca un "perjuicio irreparable".

En este sentido, denuncia que, debido a la ampliación de la causa sin justificación, debe soportar el "cuestionamiento de su honorabilidad y su presunción de inocencia", al tiempo que ve limitadas sus garantías constitucionales.