Vox ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que retire el pasaporte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación, al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Así lo ha hecho en un escrito en el que reclama al juez instructor de la causa, José Luis Calama, que adopte esas medidas cautelares, a las que añade que se obligue al exlíder socialista a firmar periódicamente en sede judicial "con la frecuencia que el tribunal estime oportuna".
El juez Calama, que ha citado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio en la causa sobre el presunto uso irregular del rescate concedido a la aerolínea, considera al expresidente del Gobierno como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos". Vox sostiene que la decisión del juez de levantar el secreto de sumario hace necesario que, "de forma inmediata y previa a dicha declaración", se adopten las medidas cautelares interesadas para "garantizar la disponibilidad del investigado ante el órgano judicial y la preservación de las fuentes de prueba".
El partido liderado por Santiago Abascal, que pidió personarse como acusación popular, entiende necesarias esas medidas "durante la sustanciación de las diligencias de investigación actualmente en curso, por apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas". Y las ve "justificadas" porque los hechos investigados "implican una pluralidad de intervinientes con vínculos políticos y económicos de alto nivel", así como "un riesgo fundado de que las comunicaciones entre ellos puedan dirigirse a la concertación de versiones exculpatorias, la ocultación de pruebas o la destrucción de evidencias".
Vínculos con Venezuela
Vox incide en que Zapatero fue presidente del Gobierno y secretario general del PSOE para subrayar que, por ello, puede "ostentar pasaporte diplomático de carácter vitalicio".
Ese documento, apunta, "le permite desplazarse internacionalmente con facilidades que exceden las de cualquier ciudadano ordinario, circunstancia que resulta especialmente relevante".
"La posibilidad de que pudiera obtener las autorizaciones necesarias de forma fácil teniendo en cuenta su condición de expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, partido en el Gobierno, así como los contactos internacionales al más alto nivel, que son parte además de su actividad empresarial, indican el alto riesgo de fuga como de destrucción de pruebas", apostilla.
También señala que Zapatero no puede tener "privilegio procesal alguno" por su condición de exjefe del Ejecutivo y aboga por la retirada temporal del pasaporte diplomático y cualquier autorización que le permita salir de España, lo que "contribuye a asegurar la disponibilidad jurisdiccional del investigado".
Vox indica que los hechos investigados tienen "una íntima conexión con la estrecha relación" de Zapatero con dirigentes venezolanos como Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y otras autoridades del país. "Sin esta relación, el alcance de los hechos investigados tendría otro calibre; incluso cabe afirmar que dicha relación constituye uno de los núcleos esenciales que han posibilitado la comisión de los actos presuntamente delictivos", asegura.
Y agrega que esos "vínculos estrechos" con autoridades de un Estado con el que España "carece de convenio de extradición en vigor refuerza objetivamente el riesgo de que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia, encontrando refugio y protección fuera del territorio nacional".
"La sospecha más que fundada de que pueda contar con los recursos económicos necesarios en los citados países ahonda aún mas en la necesidad y aumenta el riesgo que acrecentan la idoneidad de la medida", concluye.
Fianza y embargo de bienes
En líneas similares, Hazte Oír ha pedido al juez instructor que imponga a Zapatero la prohibición de salida del Estado con retirada de pasaporte, la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y la prohibición de comunicarse con otros imputados o testigos vinculados a Plus Ultra y empresas relacionadas. En un escrito, ha solicitado a su vez la prestación de una fianza y el embargo preventivo de cuentas y bienes, incidiendo en que se estiman 490.780 euros percibidos presuntamente por el expresidente socialista y 239.755 euros transferidos a una mercantil participada por sus hijas.
La organización también apuesta por que el juez requiera a la Policía Nacional un informe sobre los viajes internacionales realizados por Zapatero y sus hijas desde 2017, poniendo el foco en sus desplazamientos a Venezuela y el propósito de los mismos. Asimismo, reclama las declaraciones como testigos de la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero; del exministro y gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o del exsecretario de Estado de Transportes y presidente de Correos, Pedro Saura.
Sobre Montero, la asociación entiende que debe responder acerca del proceso deliberativo de la aprobación del rescate de la aerolínea, al tiempo que ve relevante a Saura por una reunión con directivos de Plus Ultra. Respecto a Escrivá, el juez indicó que el 7 de septiembre de 2020 mantuvo una reunión con Zapatero en el Ministerio de Trabajo cuando era ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un encuentro del que llegaron a enterarse el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García.
Hazte Oír considera necesaria su citación porque "puede aportar información relevante sobre dicha reunión, así como sobre la eventual existencia de gestiones relacionadas con la situación de la Seguridad Social de Plus Ultra, cuya deuda pendiente con la Tesorería General constituye uno de los elementos centrales de la investigación al haber sido ocultada en el proceso de solicitud de la ayuda pública".
