El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a información bancaria de Alberto González Amador en relación a varias sociedades vinculadas a él y otras personas en el marco de una pieza separada abierta por presunta corrupción en los negocios.
Así consta en un auto judicial en el que el magistrado ordena requerir a entidades bancarias información relativa a los movimientos y saldos que obren en sus bases relativas a dichas personas.
Delitos fiscales
Les insta a facilitar de forma directa y reservada la información requerida, comprendida entre el 1 de enero de 2014 y el momento de cumplimentación de lo acordado, debiendo hacerse entrega del mismo, debidamente cumplimentado a la Unidad de Policía Judicial.
El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó un recurso de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para frenar que la UCO investigara la causa abierta por posibles irregularidades distintas de los delitos fiscales y de falsedad documental ya investigados.
El foco del caso está en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros.
La resolución responde a una petición formulada por los investigadores de la Guardia Civil, que habían solicitado información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social. El juez considera prioritario comenzar por el examen de las cuentas bancarias y deja para una fase posterior la posible ampliación de las pesquisas a datos fiscales y laborales.
Según el auto, las diligencias practicadas hasta ahora apuntan de forma "indiciaria y provisional" a la posible existencia de una operación relacionada con la compra de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por 500.000 euros.
El instructor señala que se investiga si la adquisición pudo tener como finalidad real el pago de una comisión a una persona vinculada a Quirón Prevención debido a las relaciones comerciales mantenidas con González Amador.
Incremento patrimonial
El magistrado justifica la medida por la necesidad de determinar el origen y evolución patrimonial de los investigados y de su entorno, con el objetivo de comprobar si existió un incremento patrimonial injustificado y si este pudiera estar relacionado con los hechos objeto de investigación.
Asimismo, considera proporcionada la injerencia en la privacidad financiera al estar amparada por una investigación penal concreta y delimitada. "La decisión judicial que acuerda esta diligencia no solo ha de ser procesalmente pertinente, sino que debe también insertarse en un marco de tratamiento de datos penalmente legítimo, orientado a fines determinados de investigación, sujeto al deber de colaboración de los destinatarios del requerimiento y constreñido por exigencias de corrección, pertinencia y uso finalista de la información obtenida", señala.
La pieza separada fue abierta para esclarecer si determinadas operaciones societarias y mercantiles vinculadas a González Amador y a las sociedades Maxwell Cremona y Masterman pudieron constituir delitos distintos de los inicialmente investigados.
Tanto la apertura de esta línea de investigación como la intervención de la UCO fueron confirmadas posteriormente por instancias superiores tras los recursos presentados por la defensa.
