Sanfermines 78 y Martxoak 3 exigen al Estado responsabilidad en los sucesos de 1976 y 1978
La iniciativa también solicita una declaración oficial con medidas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas
Las asociaciones Sanfermines 78: Gogoan! y Martxoak 3 han reclamado este jueves "el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado" en los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz y en los Sanfermines de 1978.
Esta exigencia ha sido subrayada en una rueda de prensa, en la que también han presentado la programación prevista para el 8 de julio, con motivo del aniversario de la muerte de Germán Rodríguez, ha intervenido José Luis Martínez Ocio, hermano de Pedro María Martínez Ocio, uno de los cinco trabajadores asesinados por la Policía durante los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.
Ha defendido "la necesidad de avanzar en verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia policial durante la Transición" y ha respaldado "la iniciativa conjunta impulsada por ambos colectivos para reclamar el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en aquellos hechos".
Los colectivos han recordado que la colaboración entre ambas asociaciones "busca reivindicar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de las actuaciones policiales registradas en Vitoria en 1976 y durante los Sanfermines de 1978".
También han denunciado que "ambos episodios continúan marcados, a su juicio, por el ocultamiento de los hechos y la impunidad de sus responsables", y han explicado que su iniciativa "Estado responsable-Erantzulea" ha sido presentada en distintas instituciones.
Durante la rueda de prensa han explicado que plantearon una proposición no de ley que fue respaldada por EH Bildu, Compromís, BNG, Grupo Republicano, PNV y Sumar.
La iniciativa también solicita una declaración oficial al más alto nivel institucional y reclama que el Gobierno, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las delegaciones del Gobierno en Navarra y el País Vasco y la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática adopten medidas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
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