Ecologistas dicen que el Gobierno se burla en el caso con más aves envenenadas del Estado

pamplona - Tres asociaciones ecologistas -SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y WWF- denunciaron ayer en el Parlamento en una comparecencia solicitada por I-E que el Gobierno de Navarra se ha burlado de la legalidad y favorece la impunidad en el caso de los cotos de caza de Monte de Cierzo de Tudela y Monte Alto de Cintruénigo, donde entre abril y septiembre de 2012 se encontraron más de 140 aves muertas por veneno, siendo la mayoría rapaces y especies protegidas. Es el caso más grave de este tipo en el Estado, que sigue por un lado su curso judicial con cinco imputados, entre ellos el presidente, el guarda y un vocal del coto tudelano, y el responsable del coto cirbonero y otro implicado con el mismo; mientras que en la vertiente administrativa los ecologistas defienden que el Gobierno ha realizado un "apaño torticero".

De hecho, el Ejecutivo, si bien en principio suspendió dos años la actividad de caza en dichos cotos, volvió a readjudicarlos a dos colectivos locales de nueva creación y ahora titulares de su aprovechamiento. Dicha maniobra posee "indicios racionales" de ilegalidad según un informe del Defensor del Pueblo ya que pudieron haberse otorgado "con el propósito de eludir la sanción impuesta" y recuerda que el deber del Ejecutivo es "velar por el cumplimiento efectivo y real de las sanciones".

Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción, afirmó además que la gravedad del caso en la Ribera no es solo por el número de especies afectadas, sino por la gran superficie de terreno que abarca y porque el envenenamiento se produjo durante varios meses. "Y hay que recordar -dijo Hernández- que un caso así solo es la punta del iceberg". Así, echó en cara al Ejecutivo que no activara a tiempo las alarmas necesarias cuando desde 2010 "se sabía que en la zona aparecían alimoches envenenados".

Las asociaciones criticaron que el Gobierno no adoptara medidas cautelares hasta marzo, una vez terminada la temporada de caza, cuando el envenenamiento se produjo seis meses antes, en septiembre. Luego se impuso la sanción de dos años, pero se readjudicaron los cotos a dos colectivos que daban apariencia de legalidad en sus juntas y se les permitió cazar de nuevo. Elósegui (SEO/Bird Life) cree que "la sanción de dos años sobre los cotos debe seguir vigente".

La oposición evidenció la falta de sensibilidad del Gobierno y la primacía de los intereses de los cazadores sobre el medio natural. Gómez (UPN) defendió que el Gobierno no comete fraude de ley y justificó la readjudicación de los cotos riberos en la superpoblación de conejos y jabalíes en la zona. Pero los ecologistas dijeron que para paliar tal plaga se podían adoptar otras soluciones.