Delegar en Cáritas el pago de la renta garantizada era, según Laparra, “una dejación” pública

Pamplona - El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, valoró ayer positivamente la supresión del anticipo de la renta garantizada por parte de Cáritas desde el pasado 29 de junio, un servicio que a su juicio suponía una “dejación sustancial” de la responsabilidad pública. Aseguró que “ha sido una decisión muy meditada”, en respuesta a la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu, así como la valoración positiva es de las dos instituciones”. Tras mostrar su agradecimiento a Cáritas por el trabajo realizado todos estos años (desde 2008), precisó Laparra que “hemos esperado siete meses desde la aprobación de la renta garantizada porque lo prioritario era ajustar todos los procedimientos y ver cómo se respondía al aumento de la cobertura que significaba esta nueva ley”.

Entre las principales medidas puestas en marcha, destacó la introducción de un procedimiento específico para las solicitudes de renovación previstas en la ley. Asimismo, subrayó que se ha posibilitado el cobro desde el mes siguiente a la solicitud, medida sin “precedente conocido”. “Hemos salido del bucle burocrático en el que se encontraba la gestión de esta prestación”, dijo.

En respuesta a Nuria Medina (PSN) que preguntó sobre la ausencia de desarrollo reglamentario de la Ley por la que se regulan los derechos de inclusión sociolaboral y a la renta garantizada, que en su disposición final primera establecía que éste debía estar realizado “a los seis meses de su entrada en vigor”, habiendo pasado casi un año, Laparra dijo que “aproximadamente, en octubre estaremos en condiciones de tomarlo en consideración y enviarlo al Consejo de Navarra”, así como el inicio del debate sobre el Plan de Inclusión. - D.N.