Diversos colectivos se concentraron en la mañana de este martes frente al Parlamento de Navarra para denunciar que la proposición de Ley Foral de Vivienda "no se adecua a las necesidades reales de las personas que sufren mayores desigualdades" y se muestra "insuficiente" a la hora de establecer unos mínimos "que garanticen una vivienda digna", como lo son "la calificación definitiva de las viviendas de protección, el aumente del parque de vivienda público y el empadronamiento garantizado".

En la concentración, Ane Martínez, Omar Ndiaye y Mikel Urabayen, en representación de los colectivos SOS Racismo Navarra, Haritu, PAH Navarra, Martes al sol, París 365, Jai Toki, Txantreako Asanblada Okupa y Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Navarra, leyeron un comunicado en el que manifestaron que la vivienda "cada vez pertenece menos a quien lo habita y más a quien ha convertido el derecho en negocio", algo que "no solo se limita al acceso a la vivienda, sino también al acceso a alimentos, empleo o suministros básicos como la luz y el gas". En ese sentido, advirtieron que, según la tasa AROPE, que mide índices de pobreza y exclusión social, del año 2021, en Navarra un 11,4% de las personas encuestadas no pudo hacer frente al pago de gastos de vivienda y facturas de suministros a su debido tiempo, lo que supone el doble de los datos del año 2020.

Ante esta realidad, los colectivos denuncian que tanto la proposición de Ley Foral de Vivienda como la Ley de Derecho a la Vivienda estatal no son suficientes para revertir esta situación. En cuanto a la primera, señalan que la ley no apuesta realmente por la calificación indefinida de la vivienda protegida, sino que lo que recoge es que tras un periodo de 21 años, este tipo de vivienda pasaría al mercado libre, perdiendo su calificación pública. Esto, sin embargo, únicamente se contempla para las viviendas edificadas en suelo libre que los promotores decidan destinar a alquiler protegido.

Por otro lado, expresan su preocupación respecto al Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA), que permitirá establecer un precio asequible para los alquileres, argumentando que "será estéril si no se actualiza anualmente en función de precios y salarios". Por último, señalan que la proposición de ley "no facilita de ninguna manera el empadronamiento", sin el que "muchas personas seguirán sin tener acceso a múltiples servicios y prestaciones", como el censo de vivienda protegida o las ayudas DaVid o EmanZipa.