Casi la totalidad de los ciudadanos -96%- consideran que los móviles, ordenadores y otros aparatos electrónicos deberían poder repararse "con más facilidad" y no estropearse "tan pronto", según señala una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.
"La poca durabilidad de estos artículos hace que muchos consumidores se vean casi obligados a comprar un aparato nuevo ante la imposibilidad de reparar, actualizar o comprar accesorios para productos que compraron hace unos pocos años", critica la asociación en una nota.
Según explica, en algunos casos, el consumidor ha ido al comercio donde compró el móvil y ha pedido un cargador porque ha perdido el que tenía. En la tienda le han dicho que para ese modelo no quedan ya existencias, "pese a que en ocasiones solo han pasado dos o tres años", o que "prácticamente no se comercializa".
Por otro lado, algunas marcas de móviles o aparatos electrónicos van sacando al mercado nuevos sistemas operativos "que ofrecen más y mejores servicios pero que ocupan más espacio". Además, en ocasiones es necesario instalar estos sistemas para poder acceder a las aplicaciones o programas más habituales. "De esta manera, en aparatos comprados solo unos años atrás, con un espacio menor a los últimos modelos, no hay cabida para estos sistemas operativos, que se hacen necesarios", señala.
Otros problemas tienen que ver con reparaciones "con un coste desproporcionado". Se dan igualmente bastantes quejas por parte de propietarios de móviles "que ven cómo progresivamente la batería se va desgastando, va ofreciendo menos tiempo de uso y en apenas unos meses ha quedado inutilizada".
"DECISIONES CORPORATIVAS DELIBERADAS"
Irache explica que, según algunos expertos, "la disminución de la vida útil de los aparatos, que obliga al consumidor a comprar otro modelo nuevo en unos pocos años, se debe más a decisiones corporativas deliberadas para aumentar el ritmo de compra y consumo que a imposibilidades técnicas, sobre todo por parte de empresas con recursos económicos suficientes".
La asociación ha considerado que la obsolescencia programada debería combatirse "con firmeza". "Además de suponer un fraude y un sobrecoste para el consumidor, también tiene un importante coste medioambiental. Al ritmo actual de consumo, algunas voces dicen que en 2030 la humanidad consumirá el doble de recursos naturales que el planeta puede producir", ha advertido.
Entre otras propuestas para acabar con estas prácticas, Irache aconseja "controlar que en los procesos de elaboración y comercialización no se implementan deliberadamente medidas para acortar la vida útil de los productos o para imposibilitar su reparación", que el fabricante tenga que informar en el etiquetado del tiempo de duración del producto, sus posibilidades de reparación y las excepciones, o ampliar el plazo de garantía de los productos "hasta su vida útil y que sea la empresa quien tenga que demostrar que ha habido mal uso del aparato o se debe a un desgaste normal".
Igualmente, apuesta por "controlar que los servicios técnicos oficiales cobran el coste real de la reparación y no obstaculizan el trabajo de talleres independientes" y "vigilar que se cumple la normativa estatal sobre repuestos, que obliga a tener piezas de recambio hasta diez años después de que el producto se deja de fabricar".
